El PSOE legaliza la insolidaridad en España

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El gobierno del PSOE nos tiene acostumbrados a legislar sobre la dignidad de la vida humana, pretendiendo dotarla de carácter legal o ilegal. La reforma de ley de extranjería recientemente aprobada en el Congreso persigue consolidar el adjetivo ‘legal’ o ‘ilegal’ sobre una persona humana imponiendo la clasificación de las personas en función de nuestros intereses económico

El sistema económico necesita mano de obra y el gobierno regula la división de los trabajadores para servir a su amo. Promueve la entrada de inmigrantes de alta cualificación o “tarjeta azul”, investigadores… al tiempo que expulsa a los que no interesa en estos momentos al mercado laboral.

De hecho esta ley introduce distintos derechos para los inmigrantes dependiendo del tipo de residencia; por ejemplo, mientras que la mayoría de los inmigrantes van a sufrir el endurecimiento de las condiciones para reagrupar a su familia –proceso que puede durar entre dos y tres años-, los extranjeros con “tarjeta azul” podrán obtener su documentación y la reagrupación de su familia al mismo tiempo.

El gobierno del PSOE quiere regular también los aspectos morales más inherentes a la persona y así penalizan valores tan sagrados para los seres humanos como la acogida, la hospitalidad… con multas hasta de 10.000 euros… Como si el ámbito de la solidaridad, la gratuidad, lo más profundo del ser humano pudiese embotellarse bajo el barniz de la legalidad.

Hubo un tiempo que España se caracterizó por tener la puerta de casa abierta… siempre abierta para que pasara el vecino o el amigo cuando tuviese necesidad… acogiendo a quien lo ha necesitado. La nueva ley rompe aún más la solidaridad en nuestro país, que ha sido y es un país de emigrantes. El PSOE actual está poniendo las bases para promover la insolidaridad institucional en España.

El PSOE actual está poniendo las bases para promover la insolidaridad institucional en España.

La tramitación de esta reforma por la vía de urgencia sólo se puede explicar por la prisa que tienen en echar a inmigrantes -de un determinado sector de trabajo- a golpe de ley, confirmando una vez más que pagan la crisis quienes no la han provocado…

La penalización de la solidaridad; la ampliación del internamiento en los mal llamados Centros de Internamiento de Extranjeros, en realidad verdaderas cárceles donde no se respetan los derechos humanos ni la dignidad de las personas; el endurecimiento en la reagrupación de las familias; la absorción nacionalista de los extranjeros… son aspectos de la nueva ley de extranjería que, en definitiva, pretende reforzar en la sociedad, la imagen de las personas extranjeras como mano de obra, que acogemos o expulsamos en función del interés económico y empresarial, sin tener en cuenta el respeto a la dignidad de toda persona.

Y para ello, no les ha temblado el pulso llegando a los acuerdos necesarios con la derecha nacionalista

1) EL PACTO CON LOS NACIONALISMOS:

La ley da vía libre a las Comunidades Autónomas para desarrollar –en la práctica- cada una su particular modelo de política migratoria, ampliándoles competencias como:

  • Podrán iniciar expedientes de autorización inicial de trabajo; tendrán potestad para cobrar las tasas por estas autorizaciones, interponer y cobrar las sanciones correspondientes; podrán establecer acuerdos con los países de origen, etc.
  • Tendrán como objetivo la implantación de “acciones formativas de integración” para el aprendizaje del catalán, gallego, vasco… así como los respectivos estatutos autonómicos… Las Comunidades Autónomas deberán incorporar estos objetivos y servirán como elementos de evaluación en un “Informe de Esfuerzo de Integración” que habrán de realizar para valorar los expedientes de inmigración… (Similar al “Contrato de Integración” que pedía el PP).

Resulta especialmente escandaloso el trato que marca la nueva ley de extranjería con los menores inmigrantes que lleguen solos a nuestro país.

Y es que la ley prevé que las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen para la repatriación de estos niños. Dicha repatriación se realizará directamente a su familia de procedencia o bien se entregarán a los servicios de menores del país de origen.

En la práctica será la fórmula legal para deportar a los menores, vulnerando claramente los Derechos Universales de los Niños y Niñas, que se deben proteger por encima de cualquier interés particular.

En cuanto a los menores que se queden aquí, la ley ha previsto que las Comunidades Autónomas establezcan convenios con Fundaciones privadas, ONGS y otras entidades con el fin de atribuirles la tutela de estos menores extranjeros. Se abre así la puerta a la privatización de la tutela (que debería garantizar la protección de los derechos de los niños) cediéndola a instituciones privadas.

El pacto del gobierno del PSOE con los partidos nacionalistas ha hecho posible que se apruebe la reforma de la ley de extranjería.

En concreto, la nueva ley de extranjería ha tenido el voto favorable de Coalición Canaria, CIU y PNV, en el primer debate parlamentario, celebrado el día 29 de octubre de 2009. En el segundo debate y definitivo, que tuvo lugar el día 26 de noviembre, PNV se desmarcó -por las razones que se detallarán más adelante-.

Los apoyos recibidos por el PSOE en la reforma de la ley de extranjería ponen en evidencia su verdadera cara, que utiliza a los inmigrantes para ganar votos, pero les niega derechos humanos fundamentales, no dudando en pactar con la derecha nacionalista para atacarles, penalizando los valores más humanos y solidarios.

Los apoyos recibidos por el PSOE en la reforma de la ley de extranjería ponen en evidencia su verdadera cara, que utiliza a los inmigrantes para ganar votos, pero les niega derechos humanos fundamentales, no dudando en pactar con la derecha nacionalista para atacarles, penalizando los valores más humanos y solidarios.

Sirvan como botón de muestra las siguientes declaraciones de algunos representantes de los grupos nacionalistas en los debates parlamentarios sobre la reforma de la ley, en el Congreso.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Sr. Carles Campuzano se congratulaba así:

“Convergència i Unió se siente satisfecha de este procedimiento: más de 50 enmiendas de las poco más de 60 que hemos presentado han sido aceptadas durante la tramitación” (…)

Convergència i Unió ha apostado desde siempre en esta materia por una inmigración vinculada a las necesidades del mercado de trabajo” (…)

“¿Qué cuestiones hemos priorizado durante la tramitación parlamentaria? En primer lugar, todo aquello que está vinculado con el autogobierno y específicamente con el autogobierno de nuestro país, de Cataluña. Hemos procurado acomodar la legislación de extranjería a la realidad del nuevo Estatuto de Autonomía catalán”. (1)

Hemos garantizando el pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que introduce competencias para la Generalitat en materia migratoria. Hemos ampliado la capacidad de intervención de los gobiernos autonómicos en relación con los flujos migratorios. Hemos reforzado las capacidades de Cataluña en esta materia (…) aunque –continúa- “esta ley no agota las ambiciones de Convergencia i Unió, no las agota en términos de las capacidades de Cataluña de construir su propia política nacional de inmigración”. (2)

En relación al voto favorable de Coalición Canaria, está directamente relacionado con los escandalosos acuerdos tomados en relación a los menores –que merecerían un apartado específico-, así como la ampliación del tiempo de retención de los extranjeros en Centros de Internamiento. En palabras de su representante: “Quisiéramos agradecer el trabajo, la colaboración y la sensibilidad de la portavoz del Grupo Socialista, en este tema. Su trabajo ha posibilitado también el entendimiento con Coalición Canaria a la hora de afrontar el tema (…)

“Coalición Canaria siempre vio la ampliación del plazo de retención como un tema de garantías de las personas que llegan, sobre todo en determinados momentos, más que como un recorte de derechos”.(3)

Es una hipocresía decir que la ampliación de los extranjeros en los Centros de Internamiento, es una garantía para los extranjeros que llegan a España, ya que existen numerosos Informes, de diversas asociaciones de inmigrantes, del Defensor del Pueblo Español y Andaluz… que denuncian la vulneración de los más elementales derechos humanos y la dignidad de las personas en estos inmundos lugares.

De ello es buen conocedor el gobierno PSOE que, como cortina de humo a la barbarie de la ampliación del internamiento, responde diciendo que se van a mejorar las condiciones jurídicas, sociales…. en estos CIEs.

El PNV en el primer debate dio su voto favorable, pero se desmarcó posteriormente. La razón es el rechazo, al paso de la ley por el Senado, de la enmienda que propuso. En concreto, el nacionalismo vasco quería introducir por ley la distribución de los menores extranjeros no acompañados por el conjunto de Comunidades Autónomas en función de la población de cada Comunidad Autónoma; es decir, pidiendo que el gobierno fije unos cupos de niños extranjeros por cada Comunidad Autónoma. Dado que esta enmienda no fue aprobada, el PNV vota en contra de la ley.

2) CONSOLIDACIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN AL INTERÉS ECONÓMICO

Como antes señalábamos, esta ley consolida el objetivo de vincular la inmigración al interés económico y al mercado laboral, con una clara clasificación de las personas inmigrantes en “legales-ilegales”, “regulares-irregulares”… así lo reflejan numerosos artículos de la nueva ley de extranjería, entre otros:

Los poderes públicos deben canalizar legalmente los flujos migratorios de tal manera que se ajusten a las necesidades del mercado de trabajo

Entre los objetivos recogidos en el preámbulo de la ley se destacan:

  • Reforzar la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo
  • Aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular (…)”
  • Reforzar los instrumentos de control y sancionadores, especialmente a quienes faciliten el acceso o permanencia de la inmigración ilegal en España, agravando el régimen sancionador y reforzando los procedimientos de devolución de los extranjeros que han accedido ilegalmente a nuestro país
  • Todas las Administraciones públicas basarán el ejercicio de sus competencias en el respeto a los siguientes principios: (…) La ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades nacionales del empleo

Es evidente que para el gobierno del PSOE los inmigrantes no son personas, son mano de obra, objeto de mercantilización, admitiendo sólo a aquellos que permita el mercado de trabajo. La línea que separa la regularidad de la irregularidad, en la vida laboral de los inmigrantes como muchos otros trabajadores, es tan frágil que imponerles esta dependencia de las tarjetas de autorización, es poner el papel por encima de las personas y tratarlos como delincuentes.

Destacamos también otros aspectos de máxima gravedad, que hacen de esta ley de extranjería una de las más duras, contra los derechos de las personas extranjeras en España:

  • Ampliación de 40 a 60 días el plazo máximo para encerrar a estas personas en los llamados “Centros de Internamiento para Extranjeros” –CIEs-, sin haber cometido delito alguno, tan sólo por la infracción administrativa de no tener papeles de trabajo o residencia, mientras se tramita su expulsión.
  • La ley prevé que estos lugares deberían estar dotados de servicios sociales, jurídicos, sanitarios y culturales. Sin embargo, estas condiciones están muy lejos de cumplirse en la actualidad. Sería más lógico el cierre de estos CIEs que la ampliación del plazo de internamiento, pero aún así la ley permite ya la ejecución de esta ampliación de retención.
  • Se penaliza, con sanciones de hasta 10.000 € la solidaridad con las personas inmigrantes que no dispongan de la documentación de trabajo o residencia. Así, por ejemplo podrán ser sancionados quienes colaboren en su empadronamiento para que puedan tener asistencia sanitaria o arreglar sus papeles.
  • Se cierra el derecho a recibir asistencia sanitaria para las personas inmigrantes que no se encuentren empadronadas en su domicilio habitual, impidiendo el derecho humanitario a la salud.
  • Limitación del derecho a la reagrupación familiar, e imposición de condiciones a la misma –por ejemplo deberán explicar los motivos por los que quieren reunir a su familia-. No se podrá reagrupar a los padres menores de 65 años, lo cual impide el derecho fundamental a vivir en familia, e impide que los abuelos puedan atender a sus nietos por motivos laborales de los padres.
  • Para aplicar esta ley, las Administraciones Públicas podrán cruzarse datos de identificación de los extranjeros, en concreto el Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal de Habitantes), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria… ¡sin que sea necesario el consentimiento de los interesados! estando así bajo una persecución permanente por parte del Estado.

Se abrirá un Registro central de extranjeros perteneciente al Ministerio del Interior, estableciéndose la conexión necesaria para que conste la información que pueda repercutir en la situación administrativa de los extranjeros en España”

En definitiva, esta nueva ley de extranjería viene a ser una vuelta de tuerca más contra los derechos de los emigrantes, consolidándose la política europea de clasificarlos en función de los intereses económicos, de blindar las fronteras de la Unión Europea, construyendo un nuevo muro infranqueable que divide el sur enriquecido del norte enriquecido… ¿Cómo es posible que todavía se siga hablando con este lenguaje “inmigración ilegal e inmigración legal”? Una persona humana no puede tener el calificativo de legal o ilegal. Y mucho menos cuando esa legalidad viene condicionada por el mercado de trabajo.

Una vez más la voz de la Iglesia centra la cuestión de las migraciones, afirmando que por encima de todo los inmigrantes son personas; actualmente éste es un planteamiento revolucionario porque se está eliminando este derecho esencial de toda persona.

Destacamos las valientes palabras de Benedicto XVI, en su encíclica “Caritas in Veritate” denunciando así esta situación injusta en relación a los emigrantes: “Obviamente estos trabajadores no pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral. Por tanto, no deben ser tratados como cualquier otro factor de producción. Todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (4)

Esto conlleva numerosas consecuencias y exige medidas concretas, tales como la necesidad de proteger la dignidad de los inmigrantes como personas, así como llevar a cabo políticas que afronten las causas de la migración, para que nadie se vea obligado a abandonar su propio país.” (5)

Por último, hacemos nuestras las palabras de Juan Pablo II que ya pronunció en el Mensaje Mundial de las Migraciones, en el año 1996: “En la Iglesia ningún ser humano es extranjero”.

Referencias:

(3): Debate parlamentario de fecha 29 de octubre de 2009:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_118.PDF

Debate parlamentario de fecha 26 de noviembre de 2009:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_127.PDF.

(4) Encíclica “Caritas in veritate” por S.S. Benedicto XVI:

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

(5) III Foro Mundial “Migraciones y Desarrollo” celebrado en Atenas (Grecia) (04-11-09)

Mn. Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes.