En estos días he estado leyendo un interesante capítulo del libro “El valor de las cosas” de Mariana Mazzucato[1], que trata sobre quién produce y quién gana en la economía global.
Una de sus conclusiones es que sólo desmintiendo las ideas acerca del valor subyacente de los medicamentos, será posible encontrar una solución a largo plazo que se traduzca en medicinas realmente asequibles. Esta conclusión cobra más valor aún si nuestra mirada es desde los que más lo necesitan: la mayoría de la humanidad empobrecida donde se juntan hambre y enfermedad.
A continuación, transcribo un pequeño resumen comentado, de lo que dice en el capítulo: “Poner precio a los medicamentos”, señalando los aspectos más relevantes. El objetivo es contribuir a la reflexión sobre salud y solidaridad.
Desde hace años, una mayor protección a la industria farmacéutica (a través del sistema de patentes) no ha generado una mayor innovación de medicamentos. Y sin embargo hay muchos más medicamentos en el mercado con poco o nulo valor terapéutico. (El sistema de patentes se ha convertido en una mina de oro para algunos, y en una sangría económica para otros)
Las patentes de los medicamentos son relativamente recientes. En España fueron introducidas en 1992. Antes se consideraba que el medicamento no debía ser un bien patentable. Debía ser un bien social. Cuando le preguntaron a Jonas Salk de quién era la vacuna de la polio, contestó: “De la gente. ¿Se puede patentar el Sol?”
¿Por qué? Porque las instituciones públicas han financiado la mayoría de los descubrimientos científicos fundamentales que se encuentran detrás de las innovaciones sanitarias.
Los contribuyentes ahora pagan dos veces: primero investigación, y luego el recargo que las compañías farmacéuticas les cobran por sus medicamentos.
Un caso reciente ilustra como las patentes conducen a un precio de monopolio. La hepatitis C afecta a unos 3 millones de estadounidenses y a 15 millones de europeos. Los servicios nacionales de salud americanos y el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos financiaron el componente principal de Sovaldi, un medicamento qué sirve para el tratamiento de la hepatitis C. La empresa Gilead fabricó el medicamento Sovaldi, y más tarde Harvoni una variante de su Sovaldi.
El tratamiento de la hepatitis C (son 12 semanas) con Sovaldi cuesta 84000 dólares, y un tratamiento con Harvoni 94500 dólares.
El caso Sovaldi llamó la atención a un congresista del comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, que envió una carta a la empresa Gilead, expresando su preocupación y exigiendo un informe pormenorizado sobre cómo se había establecido el precio para Sovaldi.
Era una buena pregunta. Desde hace tiempo los precios de los medicamentos no tienen relación con el coste de fabricación. Algunos investigadores han determinado que el precio de fabricación de un tratamiento con Sovaldi, de 12 semanas estaría entre 68 y 136 dólares.
¿Cómo justifica entonces la industria farmacéutica el cobro de los precios tan elevados?
La defensa habitual de los precios elevados de los medicamentos era que tenían que cubrir los gastos de I+D (investigación y desarrollo). Pero la opinión pública es cada vez más escéptica con este argumento. Y por buenas razones: ese gasto en investigación ha sido realizado en buena parte por organismos públicos. Se ha conseguido que la estructura científica pública trabaje para el poder económico privado, asumiendo costes muy importantes como por ejemplo la formación de investigadores[2]. El gasto de las empresas farmacéuticas en investigación básica es muy pequeño comparado con los beneficios que genera. Ahora también es menos lo que gastan en marketing.
Y es también menos lo que gastan en recomprar acciones, para que no caigan sus precios en bolsa. La recompra de acciones tiene lugar cuando una empresa compra sus propias acciones a los inversores. Es un mecanismo para que los accionistas ganen más dinero porque les aporta un tratamiento fiscal más ventajoso que el pago de dividendos.
Las empresas están cambiando de argumento, diciendo que los precios son proporcionales al valor intrínseco. Y que el valor debe estar en función de lo que ahorran al sistema de salud y al sufrimiento que mitigan.
Y así por ejemplo justifican el coste de uno de los medicamentos más caros del mundo, que sirve para tratar una rara enfermedad hereditaria, la anemia de Fanconi (1 cada 350.000 nacimientos). Este medicamento cuesta 44000 dólares al año por paciente. En Europa las aseguradoras privadas y las agencias nacionales están dispuestas a pagar porque el coste de cuidar a los pacientes con esta enfermedad, puede ascender a millones cada año.
¿Por qué no podemos aceptar este argumento? Es un argumento demoledor. El principio según el cual: “el precio de un medicamento especializado debería ser igual a los costes que ahorra a la sociedad”, es fundamentalmente erróneo. Si nos tomamos en serio este principio, algunas terapias básicas o vacunas deberían costar fortunas. Y ¿cuál debería ser entonces el precio del agua, dado su indispensable valor para la sociedad?
Compartimos con la autora M. Mazzucato, que es un argumento demoledor- y añadimos: propio de una banda de usureros-. Desde una perspectiva de la Solidaridad y el Bien Común, (del bien de todos y cada uno), es una extorsión al necesitado.
Como ciudadanos debemos exigir una mayor transparencia en la información sobre el coste real de los medicamentos y encontrar una solución a largo plazo que se traduzca en medicinas asequibles para los que más las necesitan.
Firmado: Berta García Puente, Medicina Familiar y Comunitaria.
Esta economía mata: Todos responsables de todos o todos esclavos.
Bibliografía
[1] M. Mazzucato, El valor de las cosas , Barcelona, Taurus, 2019, pp: 287-313.
[2] Pandemia X (V): ¿Prolegómenos de un nuevo totalitarismo biopolítico? La salud como (bio)ideología del poder. Solinet 27 de abril 2020.