Hay personajes –caso de Jesús Polanco con Sogecable; caso de Emilio Botín, con las cesiones de crédito- situados más allá de la ley, por encima de la ley. Personajes que tienen a los poderes públicos bien atados por la brida del dinero, capaces de hacer y deshacer a su antojo.
Vaya por delante que ha ocurrido no ya lo que temíamos que iba a ocurrir, sino lo que sabíamos que iba a ocurrir: que Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos se iba a ir de rositas en el caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad. En el último minuto, cuando ya era imprescindible la intervención de los tanques de la Política sobre las alfombras de la Justicia, el Gobierno no ha tenido empacho en provocar este golpe de mano que salva al banquero del banquillo. Un auténtico atentado contra el Estado de Derecho, por lo que luego se dirá.
Lo dije en mi último Con Lupa referido al caso, fechado el 27 de noviembre pasado: «Es más fácil que se nos aparezca el Capitán Trueno en carne mortal que Emilio Botín se siente en el banquillo de los acusados por este caso». De modo que sorpresa ninguna. Hace ya semanas que este desenlace era vox populi entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Sobre el campo yermo de sorpresa, crece la desolación que produce constatar de nuevo que en la España de 2006, como en la de 1906, hay personajes –caso de Jesús Polanco con Sogecable; caso de Emilio Botín, con las cesiones de crédito- situados más allá de la ley, por encima de la ley. Personajes que tienen a los poderes públicos bien atados por la brida del dinero, capaces de hacer y deshacer a su antojo. En la España asolada por la corrupción más rampante, era inimaginable que la mayor fortuna del país fuera a sentarse en el banquillo.
El banquero del Régimen está financiando, ya se sabe que gratia et amore, que es lo suyo, las operaciones de entrada de los ricos de la construcción en el sector energético diseñadas por el Gobierno Zapatero, al punto de que el señor Botín se ha puesto a las ordenes del cabo Sebastián, novicio candidato a la alcaldía madrileña, para lo que tenga Moncloa a bien mandar, presto todo el dinero que haga falta, a quien ustedes quieran, al tipo de interés que ustedes digan, sí, sin recurso alguno, es decir, sin garantías adicionales… Ahora bien, a cambio ustedes tienen que sacarme de este embrollo, atar en corto a los jueces y dejarme libre de polvo y paja.
De modo que Botín se ha comprado un Jordán purificador. Me meto en ese charco, que puede salirme caro, pero a condición de salir de él inmaculado, limpio como una patena, en expresión muy del gusto del presidente Zapatero. Y así ha sido. El Abogado del Estado en la causa, una más, que contra el mismo Botín se sigue en Santander, se apartó de la acusación, dejando sólo al fiscal. Le arreglaron lo de las cesiones de crédito. Y así sucesivamente. Da gusto apellidarse Botín y tener en un puño a los dos grandes partidos que dirigen la farsa española.
Como ya sabrán, lo que el tribunal presidido por Gómez Bermúdez ha hecho ha sido acabar de un plumazo con la acusación popular, un derecho expresamente reconocido por la Constitución Española en su artículo 125, haciendo tabla rasa con la copiosa jurisprudencia del Supremo existente al efecto. Tan cerca como el pasado 30 de enero, en sentencia del TS núm. 168/2006 (Sala de lo Penal), ponente don Siro García Pérez, a la hora de rechazar la impugnación solicitada por un tal Jon, alegando «haberse acordado la apertura de juicio oral a instancia únicamente de la acusación popular», se dice textualmente -punto cuarto de los Fundamentos de Derecho- que «El art. 125 CE recoge la acción popular y los arts. 101 LECrim y 19 LOPJ concuerdan con el precepto constitucional, sin que, en la normativa reguladora de tal clase de acción, se contenga regla alguna que permita entender que el art. 790.6 LECrim, cuando preveía el supuesto de que el Ministerio Fiscal o la acusación particular solicitaran la apertura del juicio oral, estaba excluyendo la legitimación de la acusación popular para hacerlo, o estaba limitando esa legitimación a una aptitud subordinada a otras acusaciones».
El tal Jon, seguramente un pobre diablo sin apellido, está en la cárcel, por culpa de o gracias a la legitimación de la acusación popular para sentarlo en el banquillo. Ahora, la acusación popular no ha podido llevar a Botín al banquillo. La justicia del poderoso. Desde este punto de vista, no les falta razón a los Albertos cuando intentan evitar a toda costa su ingreso en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por el Supremo. Si en la España de la Corrupción Institucionalizada las cosas de la Justicia caminan por la senda de la influencia y el dinero, de los padrinos, también a ellos les asiste el derecho para intentar dar esquinazo a la cárcel, exactamente con las mismas armas, los mismos argumentos que Botín y compañía: la compra de influencias suficientes para torcer el frágil dedo de doña Justicia.
El Gobierno Zapatero ha cumplido. En un auténtico golpe contra el Estado de Derecho, ha puesto a Botín en la calle, limpio como un niño recién nacido en el Belén del dinero. Ha cumplido el Gobierno y también lo ha hecho el Partido Popular. Porque la operación salvamento del banquero concretada ayer arrancó hace tiempo, nada menos que bajo el Gobierno Aznar, y de ella sabe mucho el señor Astarloa, encargado de mover los hilos en la trastienda. Lo conté con pelos y señales en la Rueda de la Fortuna (diario El Mundo) del domingo 26 de diciembre de 2004 («El juez Bermúdez y la Justicia a la carta de los poderosos»). Ahí está la operación montada por ese gran demócrata apellidado Aznar para salvar a Botín del trance de las cesiones de crédito, con la aquiescencia cómplice de los grandes medios de comunicación, El País y El Mundo, Cebrianes y Pedrojotas, compitiendo en ver quién defiende mejor al cántabro, prestos ambos para seguir pasando el cepillo de la publicidad por la capilla del banquero.
De modo que habrá recurso de casación, naturalmente, y a ver cómo don Siro García, famoso matador de esta plaza, lidia con este toro. Al todopoderoso Federico II de Prusia, cuyo retrato presidía el despacho de Hitler en el bunker berlinés, no le hacía ninguna falta el modesto molino de un molinero que se ganaba la vida en una parcela lindante con las tierras de caza del Señor. El déspota, sin embargo, pretendía redondear su finca, echando al molinero de su molino. Pero el buen hombre se revolvió con la furia de los hombres libres y acudió a los tribunales. Y los jueces le dieron la razón, condenando al Emperador. «Aún hay jueces en Berlín», exclamó el molinero, emocionado, al conocer la sentencia. Corría el año 1746. Nada menos que 260 años después, todavía no hay jueces en Madrid.
