´El presidente fue engañado por su equipo económico » declara este militante, economista y coordinador de los Sin Tierra de Brasil. Antiguo compañero de Lula, Stédile defiende su ideal con números: ´Existen unos cuatro millones de familias sin tierra en Brasil. Si entregáramos 15 hectáreas a cada familia, serían necesarios 60 millones de hectáreas. Según el Gobierno, hay 55.000 grandes propiedades improductivas. Son 120 millones de hectáreas que pueden ser desapropiados por ley´.
Por Rodrigo Cavalheiro
Bajo el liderazgo de João Pedro Stédile, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) ha ocupado más de 80 fincas en el último mes. La acción de los campesinos aumenta el desgaste del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el Gobierno se esfuerza por rebatir denuncias de corrupción contra asesores y críticas al pequeño aumento del salario mínimo. El economista Stédile conoció al sindicalista Lula en 1982 en una reunión del Partido de los Trabajadores (PT), en el Estado de Rio Grande do Sul. En esta región del extremo sur de Brasil nació la organización que en 1984 fue llamada Movimiento de los Sin Tierra. Para sus opositores se trata de un grupo revolucionario de izquierda entrenado para invadir fincas, sean ellas productivas o no. Para sus defensores, el MST es la forma de distribuir tierras en un país con el tamaño de dieciséis veces España, en el que el 50% de las tierras cultivables está en manos del 1% de la población.
Antiguo compañero de Lula, Stédile defiende su ideal con números: «Existen unos cuatro millones de familias sin tierra en Brasil. Si entregáramos 15 hectáreas a cada familia, serían necesarios 60 millones de hectáreas. Según el Gobierno, hay 55.000 grandes propiedades improductivas. Son 120 millones de hectáreas que pueden ser desapropiados por ley».
Hijo de emigrantes campesinos, Stédile pasó la adolescencia en el medio rural, estudió economía y ayudó a elaborar los planes de reforma agraria en las campañas del PT. Para el hombre que ha creado el MST con el apoyo de Lula, el presidente fue engañado por su equipo económico. «Ellos son la continuidad de la política del gobierno anterior», añade.
Pregunta. Lula garantizó que los sin tierra no necesitarían ocupar más haciendas, pues éstas serían distribuidas por el Gobierno. ¿Faltan condiciones o voluntad para cumplir la promesa?
Respuesta. El Gobierno asumió un compromiso de asentar a 400.000 familias en tres años. Por lo tanto, creo que existen ganas. Sin embargo, el Estado brasileño está hecho una chatarra y le falta estructura administrativa. Además, Lula necesita transformar la reforma agraria como prioridad de todo el Gobierno. Por ello estamos movilizados. El Gobierno sabe que sin presión nada cambia en este país.
P. En octubre de 2002, usted dijo que si Lula engañara el pueblo, acabaría como De la Rúa en Argentina. Tras un año y cuatro meses de Gobierno, parte de la población brasileña está decepcionada. ¿Lula ha engañado al pueblo?
R. He dicho eso como tesis política. Si a lo largo de los cuatro años Lula no hace ningún cambio social de los que se propuso, el pueblo brasileño le va a condenar. Creo que el Gobierno se enfrenta a muchos obstáculos de la herencia pasada y de la ausencia de un proyecto económico. Y creo también que el presidente Lula fue engañado por su equipo económico. Ellos asumen que la actual política es la continuidad de la anterior. Si la economía no cambia en los próximos años, tendremos un desastre político.
P. ¿La reciente ola de ocupaciones de haciendas significa el fin del plazo dado por el MST a Lula?
R. Evidentemente, la elección de Lula cambió la relación de fuerzas favorables a la reforma agraria. Por ello, en los primeros meses del Gobierno cambiamos de táctica. Hemos hecho que los pobres del campo se organizaran en campamentos. Pasamos de 40.000 familias acampadas a más de 200.000, en más de 700 campamentos. En el segundo semestre de 2003, llegamos a un acuerdo con el Gobierno para el asentamiento de 400.000 familias en tres años. Como desde noviembre de 2003 se ha hecho muy poco, organizamos esta movilización nacional para llamar la atención, presionar el Gobierno y denunciar el latifundio.
P. Los terratenientes acusan al MST de captar en grandes ciudades a personas que nunca han trabajado la tierra. ¿Es verdad?
R. Eso es un prejuicio estúpido. Tenemos sólo el 10% de familias originarias de periferias urbanas. Nos gustaría tener más, pues así se combatiría la pobreza y el paro en las ciudades. ¡Si un pobre de la ciudad quiere trabajar la tierra, dicen que no tiene vocación! Pero cuando un empresario, un político o un narcotraficante compra una hacienda, a ellos no les preguntan nada. El senador Fernando Henrique Cardoso (ex presidente brasileño), sociólogo, que nunca ha visto un campo de maíz compró una hacienda con 1.500 hectáreas y nadie denunció que no tenía vocación agrícola.
EL SALARIO MÍNIMO TAMPOCO SUBE CON LULA
El exiguo aumento de los sueldos provoca el desencanto entre el electorado natural del presidente brasileño
Por Francesc Relea – São Paulo
El Primero de Mayo de este año será una fecha de triste recuerdo para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La fiesta de los trabajadores no contó en ninguno de sus actos, exceptuando la misa tradicional, con la presencia del antiguo obrero metalúrgico y sindicalista que desde hace 16 meses ocupa la máxima magistratura de Brasil. Es casi seguro que Lula habría sido abucheado nada menos que por su electorado natural, que no le perdona la medida más impopular y que más le ha dolido adoptar desde que llegó a la presidencia: el exiguo aumento del salario mínimo en 20 reales (6,9 dólares), de 240 a 260 reales. De ahí su ausencia en los actos multitudinarios del pasado fin de semana.
«No podemos gastar aquello que no tenemos», ha dicho el presidente después de reconocer que le costó mucho firmar un aumento tan precario, levemente superior al índice de inflación. El diario O Globo publicaba ayer en la tercera página una fotografía que no podía ser más elocuente. Era del año 2000 y en ella se veía a un grupo de diputados opositores del Partido de los Trabajadores (PT) -varios de ellos son hoy ministros- que se burlaban ostensiblemente del aumento de 15 reales aprobado en aquella época por el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Basta con acudir a las hemerotecas para comprobar la diferencia que en política hay entre hablar desde la oposición y desde el Gobierno, y el largo trecho entre promesas y realidades. Decía Lula en octubre de 1998 que el salario mínimo debería ser de 1.100 reales, si se tuviera en cuenta el valor del real de 1939. «Quienes perciben el salario mínimo deberían recibir excusas», añadía el entonces líder de la oposición. Hoy, como presidente de la República, Lula se ve obligado a decir a sus conciudadanos que, si hubiera decidido aumentar el salario mínimo en 10 reales más, habría significado un gasto para el Estado de 3.000 millones de reales (1.034 millones de dólares) en 12 meses. Y probablemente tenga razón, a pesar del descontento que reina estos días en las filas de las organizaciones sindicales, incluida la Central Única de Trabajadores (CUT), en cuya fundación intervino decisivamente Lula.
La reforma de la Seguridad Social aprobada a finales del año pasado ha elevado el tope de las prestaciones a jubilados de 1.200 reales a 2.400, equivalente a unas diez veces el salario mínimo, cuyo aumento tiene un impacto directo en las arcas de la Seguridad Social y, por consiguiente, en el déficit de la institución, que alcanza 31.000 millones de reales (10.690 millones de dólares). La reforma constitucional de 1988 estableció dos vías de financiación de la Seguridad Social: la contribución de trabajadores y empresarios, por una parte, y las transferencias presupuestarias. Puede decirse que la Constitución prevé, de alguna manera, el déficit de la Seguridad Social al autorizar su financiación vía presupuesto. Es un sistema más parecido al europeo que al estadounidense, que pone el acento en la autosuficiencia. Los organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, presionan al Gobierno brasileño para que modifique su modelo de Seguridad Social y se aproxime al que rige en Estados Unidos.
En este marco de déficit, aumentar el salario mínimo significa incrementar el gasto de la Seguridad Social. El mayor impacto se hará sentir en los ayuntamientos de ciudades menores del norte y noreste de Brasil, en territorios de bajo desarrollo económico y social, donde la relación entre pago de salarios mínimos y recaudación es claramente desfavorable para los gobiernos municipales y estatales. De ahí que estos gobiernos opusieran una fuerte resistencia al aumento del salario mínimo.
Sin duda, el precario aumento del salario mínimo es una decisión abiertamente impopular, pero el margen de maniobra del Gobierno era escaso. «No había otra salida. Estamos muy endeudados, no podemos pagar la deuda ni los tipos de interés», advierte el juez federal Renato Lopes Becho, especialista en Derecho tributario. La disciplina fiscal que ha mostrado desde el principio el Gobierno, que mantiene a rajatabla un superávit fiscal del 4,25% del producto interior bruto (PIB), sólo ha servido para pagar el 50% de los intereses de la deuda pública (interna y externa). La realidad es que la deuda pública ha aumentado y, según todas las previsiones, seguirá creciendo. En el orden interno, el Banco Central no se atreve a reducir los tipos de interés porque teme un rebrote de la inflación incontrolable. Externamente, Brasil no puede hacer nada sino sufrir las consecuencias de la previsible subida de los tipos por parte de la Reserva Federal. Las primeras consecuencias se han hecho sentir con un aumento del riesgo país del 5,7%, a pesar de los elogios del FMI y de la Administración de Bush a la economía brasileña.