Defensores de los derechos humanos como fray Tomás se enfrentan a criminales e incluso a las autoridades. Fray Tomás González es el encargado del albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, primer refugio adonde llegan los hondureños en la ruta del Atlántico.
Su lucha por la defensa de los derechos humanos lo ha llevado a ser amenazado por las bandas delictivas que mercantilizan a los viajeros y por las autoridades, a las que les exige mayor acción para proteger a los indocumentados.
¿Cuántos migrantes están pasando por Tenosique al mes?
Hasta hoy, 1,500 migrantes por mes y en aumento debido a la temporada alta, que es de febrero a noviembre. Los meses en que más pasan son de mayo a agosto. La hemos catalogado como una situación de tragedia migratoria por la violación sistemática de los derechos de estas personas en sus lugares de origen y en México.
¿De qué nacionalidad son los que más pasan?
Hondureños son los que más pasan. De cada cien, 65 son hondureños y, de ellos, 10 son mujeres.
¿Cuántos de ellos estima que llegan a Estados Unidos?
Creo que ni el 10% porque los deportan. Además, a unos el crimen organizado los inhibe y otros deciden quedarse en México.
¿Por qué están saliendo de sus países?
Quienes salen son los que llamamos los expulsados porque el sistema no los ampara y tienen que salir de manera forzada por causas económicas, sociales y debido al crimen organizado en Centroamérica. Acá se encuentran también con una violación sistemática de sus derechos humanos.
¿Qué es lo peor que usted ha visto en la ruta?
Hemos visto de todo, desde discriminación e indiferencia de la sociedad mexicana hasta la mutilación en el tren, delitos muy graves del crimen organizado, violaciones sexuales de hombres y mujeres, secuestros y desapariciones forzadas.
¿Cuántos muertos van en la ruta en 2013?
No creo que alguien pueda dar una cifra exacta porque hay mucha gente desaparecida y secuestrada, a quienes matan de una manera muy cruel si no pagan. Hay otros que mueren mutilados por el tren.
¿Qué ha pasado con los secuestros?
En años pasados había hasta 20 mil secuestros, la mayoría de ellos contra hondureños. Se ha reducido el número debido a la presión de las organizaciones civiles para que el Gobierno haga algo luego de lo ocurrido en San Fernando (fueron asesinados 72 migrantes en agosto de 2010); sin embargo, los plagios no han parado. Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz son los estados donde más secuestros se siguen reportando.
¿Se ha generalizado el cobro de cuota?
Sí, esto empezó en noviembre de 2012 en Coatzacoalcos después de todo lo que hicimos para que bajaran los secuestros y exponerles a las autoridades que no estaban haciendo nada. Esta es una nueva modalidad de extorsión y de secuestro arriba de un tren. El que se sube al tren tiene que pagar, eso es un secuestro express, y no lo dejan bajar hasta que lo hace. También amenazan con aventar a quien se suba y no pague y hemos tenido muchos testimonios de mutilados y muertos por eso.
¿Cuál es el último informe sobre los peligros en la vía?
Estamos confirmando los testimonios de quienes van de tránsito y de quienes regresan. Toda la ruta migratoria está tomada por el crimen organizado y es culpa de las autoridades mexicanas lo que está pasando. Hay gente de todo nivel en el Gobierno que está metida en el crimen, la extorsión y las amenazas de muerte.
¿Tiene pruebas de eso?
Sí, tenemos migrantes a los que hemos acompañado al INM (Instituto Nacional de Migración) y han denunciado a los agentes por el cobro en cada garita. El INM es de las instituciones más corruptas en todo el país.
¿Cuál es su situación de seguridad como defensor de los derechos de los migrantes?
Es un trabajo muy peligroso y delicado debido al acompañamiento que les damos a los migrantes para que denuncien públicamente y a la responsabilidad que hacemos al Gobierno mexicano. Hemos recibido amenazas del crimen organizado y denuncias penales de algunas autoridades. No es que nos hayamos acostumbrado, pero es parte de nuestro trabajo.
¿Hay infiltración del crimen organizado en los albergues?
Estamos rodeados de informantes del crimen organizado, de halcones, como se les llama. Saben muy bien nuestros movimientos y a veces nos mandan gente para ver cuántas personas hay albergadas, cuándo sale el tren y con cuántos.
¿Cómo se protegen?
Tenemos un protocolo de seguridad en el albergue para cuidarnos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares relacionadas con el circuito de cámaras en el albergue, con la presencia de Policía municipal y federal y las autoridades de migración están muy atentas a nosotros.
¿La ruta del Golfo es la más peligrosa?
Sí porque hay más crimen organizado haciendo daño. Es más cara porque hay que pagarle a todo el mundo, desde la persona que eleva al mil por ciento un refresco o hasta la persona del crimen organizado a quien hay que pagarle por subirse al tren o al de migración por dejarlos pasar. Es muy peligrosa y costosa, a pesar de que por este lugar suponemos que viene la migración más pobre de Centroamérica.
¿Los migrantes hondureños no deben viajar?
Damos asistencia humanitaria y defensa y promoción de los derechos humanos y no desalentamos a nadie para decirles ‘no vengan o vayan al norte’. Conocemos las condiciones en Estados Unidos y en México, pero apostamos por una migración libre de violencia y no forzada. Cada ser humano es libre de vivir donde quiera y en ese sentido más bien alentamos la esperanza de las personas.
¿Cuál es el llamado para las autoridades centroamericanas?
Hacemos un llamado fuerte a las autoridades, no solo de México porque están metidas con el crimen organizado, ganando lo que les exprimen a los migrantes, sino a las autoridades centroamericanas para que no tengan miedo y les den a sus connacionales seguridad porque todo Estado democráticamente electo está obligado a hacerlo.
Redacción: La Prensa
