La minería ilegal es sólo la punta del iceberg en el Arco Minero del Orinoco de Venezuela. En los túneles de las minas hay personas, incluso niños, trabajando en condiciones similares a la esclavitud, mientras que las mujeres, algunas menores de edad, quedan en manos de mafias que las prostituyen y las venden por gramos de oro. Así lo afirma el último informe de la Universidad Católica Andrés Bello.
“Puede afirmarse que existen diversas formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar”. Lo dice un reciente informe de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) titulado De lo laboral a lo sexual.
Hablar del estado Bolívar es referirse al Arco Minero del Orinoco, el cual ocupa el 14% del territorio de la región. Esta es una de las zonas más prometedoras de Venezuela. Una fuente inmensa de minerales y metales preciosos que bien podría ser El Dorado, pero que ahora mismo es prácticamente un infierno.
Venezuela está sumergida en una crisis económica sin precedentes. La hiperinflación, disparada en todo el territorio, es el triple de grave en Bolívar. Literal porque en ese estado el precio de la cesta básica es tres veces superior respecto a la media del país. Esto ha impactado directamente en la calidad de vida de los habitantes, quienes sufren hambre, falta de electricidad, carencia de agua potable, enfermedades que se creían desaparecidas y un sinfín de penurias que han disparado las actividades ilícitas.
Se puede intuir que la minería ilegal es la actividad principal en Bolívar. Pero esto es sólo la punta del iceberg.
El informe de la UCAB asegura que estas minas “son campos de trabajos forzados” donde los venezolanos sufren condiciones similares a la esclavitud. “Neoesclavitud”, lo llaman.
Las mujeres, las más afectadas
Otro dato llamativo es que el 25% de las mujeres afectadas son niñas y adolescentes.
Esta neoesclavitud golpea especialmente a las mujeres. Ellas son el 74% de las víctimas, mientras que el 26% restante son hombres. Otro dato llamativo es que el 25% de las mujeres afectadas son niñas y adolescentes.
El informe precisa que la forma de explotación más común en las mujeres sería la sexual. Estas son captadas bajo el engaño de trabajos asociados a labores domésticas: cocina, lavado, atención de comercios… pero realmente las quieren para la prostitución.
Este testimonio de una de las mujeres citadas habla por sí solo: “Me dijeron que necesitaban a una mujer para que lavara y cocinara, y cuando llegué allá me querían era para que fuera mujer de uno y otro”.
Precisa el informe que las edades de estas mujeres son “muy cortas”. Y lo son porque “los mineros no tienen reparo en reconocer que prefieren entre sus gustos las mujeres más jóvenes, alegando el ‘tiempo de utilidad’, entre más jóvenes son, más tiempo tardan en ponerse feas”. Por lo anterior, es común ver cómo adolescentes suelen ser víctimas de explotación sexual.
La trata de personas es otra de las lacras que sufren las mujeres. La UCAB documenta el caso de una adolescente indígena de 12 años. Esta fue sacada de su casa bajo el supuesto de acompañar a una niña con problemas cognitivos a cambio de financiarle los estudios. Le dijeron que a la niña a la que acompañaría le haría bien estar en contacto con alguien de su edad. La muchacha indígena aceptó, y desapareció. Pasaron seis meses sin que se supiera nada de ella hasta que un grupo de familiares se enteró de que fue vendida en las minas por 12 gramos de oro.
En las minas la prostitución es algo habitual y también se salda en gramos de oro. Desde uno y tres gramos de oro, hasta cinco y ocho gramos si la trabajadora posee un cuerpo en “óptimas condiciones o forjado estéticamente”.
La esclavitud sexual es controlada por mafias.
La prostitución, afirma la UCAB, es controlada por mafias. Obligan a las mujeres a hacerse chequeos para evitar que trasmitan enfermedades venéreas. Una vez hechos, reciben el “carnet rosa”, que acredita que están “limpias”. Limpias para vivir esclavizadas prácticamente en pocilgas. Asegura el informe que “son obligadas a prestar servicios sexuales en condiciones denigrantes e insalubres pues se prestan en chinchorros dispuestos de forma contigua en barracas de estructuras precarias, sin privacidad y sin servicios para el debido aseo e higiene”.
Explotación en las minas
La UCAB también notificó que “niños, niñas, adolescentes y mujeres son usados para trabajos pesados y de alto riesgo”.
Uno de estos trabajos es dar apoyo a “los martilleros”, quienes excavan para dar con las rutas de acceso al oro. Estas labores de apoyo obligan a descender varios metros al interior de la tierra por agujeros sin estructuras de seguridad suficientes, por lo que corren el riesgo de derrumbes.
Luego está el “machineo”. Esto es una actividad que realizan los operadores de “machinas”, que son una especie de grúa con poleas con las que se mueve el material de minas subterráneas. Con las “machinas” generalmente se suben sacos de minerales que, entre la tierra y las piedras, pueden alcanzar los 60 kilos. Un peso que puede ser excesivo para muchos.
Niños, adolescentes y mujeres también son usados para operar martillos eléctricos y extractores de gases
Niños, adolescentes y mujeres también son usados para operar martillos eléctricos y extractores de gases. Estos instrumentos funcionan con corrientes que llegan “mediante conexiones improvisadas”, como cables unidos por bolsas de plástico en vez de aislantes. A esto hay que sumarle que la potencia energética escasea. Por lo que, o funcionan los martillos, o funcionan los extractores. Lo ideal es que ambas máquinas funcionen a la vez, pero como no es así, mientras los martillos rompen rocas, los operadores tragan los gases que sueltan las profundidades.
Todas estas situaciones son hechos ciertos y demostrados, asegura la UCAB. La neoesclavitud es una realidad en Venezuela, y para frenarla “corresponde al Estado, además de generar políticas públicas destinadas a mitigar los embates de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país como factor de predisposición a que fomenten prácticas esclavistas; abocarse a la sensibilización y capacitación de los miembros del Poder Público Nacional sobre la temática y sus variables a fin de que, desde sus áreas de intervención, puedan impulsar acciones para la prevención y erradicación”.