El pasado 24 de febrero salió publicado en Gaceta Nacional el decreto 2.248 con el que el presidente Nicolás Maduro creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Bajo esta figura, el Ejecutivo nacional cedió 111.843 kilómetros cuadrados o 12% del territorio nacional para la explotación de minerales como bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en todo el margen sur del río Orinoco, en asociación con capitales extranjeros.
Se pretende crear un nuevo eje de desarrollo económico que permita al país escapar del rentismo petrolero en un espacio que abarca 40% del estado Bolívar. Se trata de un territorio en el que hacen vida más de 50 mil indígenas de seis etnias y que es “más grande que Bulgaria, Irlanda, El Salvador, Costa Rica, Cuba”, según destaca el abogado Freddy Gutiérrez, líder de la iniciativa de introducir un recurso de nulidad del decreto ante la Sala Político Social del Tribunal Supremo de Justicia.
A juicio del constitucionalista y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que está a favor de un desarrollo sustentable del sur del país, esta premisa del decreto 2.248 es “totalmente falsa” porque “el pago con el subsuelo venezolano a las empresas trasnacionales generaría otro rentismo”. (Entrevista a Freddy Gutiérrez)
¿Pasaríamos del rentismo petrolero al rentismo extractivista?
El propio decreto establece que tenemos que salir de la renta petrolera y buscar nuevas formas productivas. Estaríamos añadiendo al problema de la renta petrolera otro tipo de renta, los productos extraídos del modo que pretenden ser extraídos generarían renta. Si queremos realmente una Venezuela productiva, estaríamos pensando en una zona ganadera, en una zona pecuaria, en una zona industrializada, no estaríamos pensando en buscar la materia prima sino en la manera cómo procesarla.
¿Por qué introducir un recurso de nulidad ante un decreto que busca el desarrollo económico?
…este grupo defiende la tierra, el mundo lacustre y fluvial, defiende la flora y la fauna y la tierra como un lugar común. Además nos asiste la razón jurídica. El recurso es un libelo contenido en 45 folios. Allí planteamos que hay un problema muy grave de soberanía. Nosotros, como constituyentes, señalamos que la democracia no era un valor quinquenal, sino que era un valor de la cotidianidad del pueblo y que los temas más importantes que la sociedad tenía que hacer, debía hacerlo mediante las consultas. Es decir, es el pueblo, la sociedad venezolana, participando en las decisiones más importantes que el Estado impulsa. ¿Es que acaso es importante el Arco Minero del Orinoco y el decreto del Presidente? Sí. Ese espacio es una tierra más grande que Bulgaria, que Irlanda, que El Salvador, que Costa Rica, que Cuba. Un país dentro de otro país. Eso no fue lo que nosotros pensamos como constituyentes. No puede haber una república dentro de otra república. Nosotros entendimos que la República Bolivariana de Venezuela es una única e indivisible. El decreto Arco Minero del Orinoco es una amputación de un espacio fantástico, extraordinario, de la República Bolivariana de Venezuela.
¿Por qué lo llama amputación? ¿Regirían diferentes leyes dentro de ese espacio?
Así es. El presidente de la República, entre las atribuciones que le están conferidas en la Constitución Nacional, no tiene facultades para adelantar acciones de esa naturaleza y bajo las condiciones que él dispuso.
¿Es un decreto inconstitucional?
Es inconstitucional el decreto. Me permito decir a quienes nos leen que examinen cuáles son las atribuciones del Presidente de la República. Hay una de ellas que es el numeral 2, que establece dirigir la acción de gobierno. ¿Alguien con la cabeza sana puede entender que la atribución de dirigir la acción de gobierno da lugar a la creación de una zona como esa bajo las líneas que están dispuestas en ese decreto 2.248? La respuesta rotunda es no. Los venezolanos tenemos un régimen impositivo, tributario, que es válido para un merideño, para un mirandino, para un neoespartano, para un barinés, para un guariqueño, para todos. El decreto, sin ningún fundamento constitucional, establece que habrá un régimen tributario distinto y se le permite a la autoridad que el Presidente nombre imponer, exonerar o liberar impuestos. Esto hace que haya un acto discriminatorio de los venezolanos comunes y corrientes que transitamos por la República y los venezolanos naturales o jurídicos que hacen vida en esa zona. Eso no tiene perdón. El decreto dispone un régimen especial de desaduanamiento, fijado por la autoridad del Arco Minero del Orinoco, que es el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Por otra parte el régimen tributario tendría como objetivo unas preferencias, unos privilegios para las empresas conformadas por un porcentaje de capital venezolano y otro porcentaje trasnacional.
¿Ese porcentaje sería paritario?
Está contemplado que Venezuela tenga un porcentaje mayor al porcentaje que las empresas trasnacionales. Digamos 55%-45%, pero es absolutamente absurdo pensar que Venezuela, que no tiene en este momento una situación de caja, de tesoro, importante en asociación con una empresa que pueda tener fuerza en dólares, libras esterlinas, de francos suizos. Esos francos suizos van a dominar sobre el capital en bolívares que Venezuela estaría dando. Entonces el dominio real asociativo es de la empresa trasnacional y a esa empresa es la que se le permitiría desaduanar, exonerarla del pago de tributos e incluso fijarle un régimen laboral distinto.
El presidente Maduro ha dicho que es la minería ilegal la que más contamina el ambiente ¿Es comparable su impacto sobre el ambiente al que tendría una explotación minera a gran escala?
La minería ilegal, que sucede en Venezuela desde hace mucho tiempo, se hace con mercurio y ese mercurio genera gran contaminación en los ríos. En el río Caura, en el Cuchivero e incluso en el Delta del Orinoco hay mercurio, que tiene repercusión en la vida animal. Cuando son pescados, que son alimentos de los grupos indígenas que viven allí, se han producido muertes, enfermedades, por contaminación mercuriana. Por supuesto es una minería que no queremos. Pero más que el mercurio, esta minería a gran escala utilizaría cantidades exponenciales de cianuro, que es un veneno de efectos letales para la flora, para la fauna e incluso para la tierra.
Las zonas que van a ser perforadas y en las que se usará cianuro para separar el oro, esos espacios quedarían como piedras calizas. Ahí no será posible que haya une nueva siembra, una nueva vida animal, una vida vegetal. Es una lesión que se hace a la Amazonía venezolana…
¿Qué opina sobre la vuelta Gold Reserve a la extracción de oro venezolano, tras la revocación de su concesión por el presidente Hugo Chávez?
Es importante resaltar que esa empresa ya estuvo en Venezuela y que esa explotación era inmisericorde con las tierras y aguas. Eso provocó una ruptura de su concesión ante del vencimiento de su término. Gold Reserve demandó ante el Ciadi y esta institución decidió que Venezuela debía pagar por haber revocado la concesión. Venezuela, antes de adelantar una acción de pago o de adelantar una negociación del pago, que no significara un impacto en sus cuentas nacionales, lo que hizo fue el disparate de abrir las puertas para que del monto, digamos, de 700 millones de dólares que debería pagar Gold Reserve para participar junto al Estado en el Arco Minero, la empresa canadiense pagaría cero. La República estaría pagando sus propias acciones y las de Gold Reserve, y la Gold Reserve quedaría mientras tanto en una asociación estratégica en Las Brisas y Las Cristinas, que son los espacios certificados más importantes del planeta en cuanto a la existencia de oro. Tan importantes como los que existieron en Sudáfrica.
¿Eso quiere decir que Venezuela negoció la indemnización de la Gold Reserve permitiéndole explotar el oro de esa zona?
Sí, tal como lo dices.
Fuente: La Razón