Una corte constitucional en Ecuador sentenció a la empresa tabacalera Furukawa Plantaciones C.A. a compensar a 123 extrabajadores que fueron explotados junto con sus familias y ordenó a varios ministerios a pedirles disculpas públicas a las víctimas por no haber prevenido los abusos.
Condiciones de trabajo «infrahumanas», sin agua potable, luz y saneamiento. Jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social. Hacinamiento. Trabajo infantil. Mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola.
Estos son solo algunos de los abusos que padecían más de un centenar de campesinos, la mayoría afrodescendientes, en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, la principal productora de fibra de abacá (también conocido como cáñamo de Manila) del país.
En una decisión histórica, el pasado 19 de abril un juez constitucional sentenció a la abacalera, de capitales japoneses, a indemnizar a 123 de sus exempleados, que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían.
El magistrado que impuso la sentencia, Carlos Vera Cedeño, ya había constatado en enero pasado que en los campos agrícolas de Furukawa Plantaciones se llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como «servidumbre de la gleba».
Su fallo no solo marcó un hito por ser la primera vez que una empresa es condenada por trabajo esclavo en Ecuador.
También sentó un precedente al responsabilizar al Estado por no haber actuado para prevenir los abusos.
«La responsabilidad principal por la vulneración de los derechos de las víctimas está atribuida a Furukawa por todas las acciones que esta comete», señala la sentencia de 246 páginas.
«Sin embargo, se debe señalar como responsable de todas las vulneraciones descritas al Ministerio de Trabajo», agrega.
«Si el Ministerio de Trabajo hubiese cumplido con su obligación de concurrir hasta el lugar donde vivían los trabajadores, todas estas vulneraciones que cometió Furukawa se habrían evitado«, resalta el documento.
«Por esta razón es que responsabiliza de la totalidad de la vulneración de los derechos de las victimas expuestos en esta sentencia al Ministerio de Trabajo, porque la omisión de sus atribuciones propició que estos actos se cometan».
Reparación
El juez Vera Cedeño determinó que Furukawa le pague a cada uno de los demandantes una suma que deberá ser determinada por un perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Además, la abacalera, subsidiaria de la compañía japonesa FPC Marketing Co. Ltd., deberá entregar a cada campesino afectado cinco hectáreas de tierra o su equivalente en dinero.
Pero las reparaciones van más allá de lo económico.
El magistrado también ordenó a la compañía que se disculpe públicamente con sus exempleados, a través de una publicación en los diarios de mayor circulación del país.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano también deberá pedir perdón.
La sentencia dispone que los Ministerios de Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber actuado oportunamente para frenar las violaciones.
El ministro de Trabajo, Andrés Isch, dijo a BBC Mundo que «la sentencia se acatará en su totalidad«.