El 16 de septiembre de 2021, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció oficialmente “un gran éxito en la lucha que libramos contra los grupos terroristas en el Sahel”: después de semanas de rumores, El Elíseo confirmó que Abu Walid Al Saharaui, líder del Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y el hombre considerado el “enemigo público número uno” en el Sahel desde 2020, había sido abatido por un dron armado de la operación Barkhane en el bosque de Dangalous en Malí el 22 de agosto de 2021.
La muerte de Al Saharaui representa un potencial parteaguas para la futura evolución de las insurgencias yihadistas en el Sahel. Desde el final de la “excepción saheliana” a principios de 2020, cuando se registraron violentos enfrentamientos entre partidarios de Al Qaeda y afiliados al Estado Islámico en el centro de Malí, Al Saharaui había podido reorganizar sus tropas y reforzar la presencia del ISGS en la zona fronteriza entre Malí, Níger y Burkina Faso. Bajo su dirección, el ISGS se ha convertido en el grupo más mortífero del Sahel, multiplicando sus ataques contra las fuerzas de seguridad locales, la población civil y los numerosos actores internacionales que intervienen en la zona. Además, y a pesar de los diferentes éxitos tácticos antiterroristas que han permitido a las fuerzas englobadas en la operación de Barkhane eliminar a la mayor parte de la cúpula del ISGS durante los dos últimos años, Al Saharaui ha conseguido impulsar el proceso de “sahelización” de su grupo. Siguiendo una estrategia de asentamiento local y “anclaje social” que caracteriza a casi todos los grupos yihadistas de la región, el ISGS interceptó y fomentó los agravios locales preexistentes y las tensiones intercomunitarias –la mayoría de las veces relacionadas con modelos disfuncionales de gobernanza y gestión de la tierra, favorecidos por los comportamientos depredadores de las instituciones estatales–, creando fuertes vínculos con circunscripciones específicas. Por ello, varios expertos sugieren ahora que el próximo líder del ISGS podría ser elegido entre la nueva generación de jefes reclutados entre la comunidad fulani de la región nigeriana de Tillabéry. De esta decisión dependerán los efectos a largo plazo de la muerte de Al Saharaui. La elección de su sucesor determinará probablemente la capacidad del ISGS para mantener y reforzar su dominio sobre las poblaciones que quedan en la zona bajo control del grupo.
«Los insurgentes ya han demostrado su capacidad para sobrevivir a la muerte de sus líderes formando nuevas generaciones de jefes, menos experimentados, pero con mayores vínculos con las comunidades locales»
Al mismo tiempo, el impacto de la eliminación de Al Saharaui podría ser más simbólico que efectivo. De hecho, los grupos yihadistas de la zona ya han demostrado su capacidad para sobrevivir a la muerte de sus líderes formando nuevas generaciones de jefes, menos experimentados en la conducción de una insurgencia, pero con mayores vínculos con las comunidades del entorno.
Este es uno de los principales límites de las iniciativas antiterroristas llevadas a cabo en la zona, que hasta ahora han fracasado a la hora de atajar las causas profundas de las insurgencias, permitiendo a estos grupos resistir y reforzar su presencia en la región. En este sentido, el tono triunfalista empleado por los responsables franceses al anunciar la muerte del líder yihadista debe entenderse sobre todo en relación con otro importante acontecimiento que tuvo lugar pocos días antes.
El 13 de septiembre, la agencia de noticias Reuters hizo pública la negociación en curso entre el gobierno de Malí y la empresa militar privada rusa Grupo Wagner sobre el posible despliegue de unos 1.000 contratistas de Wagner en el país.
Lejos de ser solo una empresa de seguridad privada, durante los últimos años el Grupo Wagner se ha convertido en una de las principales herramientas empleadas por Rusia para expandir su influencia en África. La decisión del gobierno de Malí de buscar el apoyo ruso parece deberse a dos factores principales. Por un lado, después de que en mayo de 2021 Malí sufriera su segundo golpe de Estado militar en menos de un año, Francia y los demás socios internacionales anunciaron su voluntad de reorganizar su presencia en la región, retirándose parcialmente de Malí y reorientando sus esfuerzos hacia Níger. Incapaz de gestionar las insurgencias yihadistas en el centro y el norte del país, temiendo el “abandono” parcial de sus aliados occidentales y afectado aún por las tensiones y divisiones en su cúpula, el régimen militar maliense intenta ahora apostar por Rusia para salvaguardar su poder en Bamako. Por otra parte, el régimen ha fracasado en la aplicación de las reformas políticas y constitucionales acordadas con la comunidad internacional tras el primer golpe de Estado de agosto de 2020. Según el compromiso negociado con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, los militares deberían haber garantizado un período de transición de 18 meses, tras el cual deberían organizarse nuevas elecciones presidenciales y legislativas en marzo de 2022. En estos momentos, casi todos los expertos excluyen que el periodo de transición termine en efecto a principios del próximo año, y que el régimen acepte celebrar nuevas elecciones.