Gobiernos locales y autonómicos dejan entrar a los «buitres»

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En estos últimos años, los gobiernos de Madrid y Cataluña han vendido vivienda social a sociedades de inversión o «fondos buitre», como mejor se les conoce. Y eso a pesar de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada había recomendado a España en 2008 “aumentar la oferta de viviendas de alquiler mediante la construcción de viviendas de alquiler más asequibles, la utilización más intensiva de los edificios vacíos y la consolidación de un parque de viviendas de alquiler gestionado con fondos públicos para atender a la demanda de la población de bajos ingresos y garantizar a los inquilinos la seguridad de los contratos de arrendamiento”.

Desoyendo esta recomendación, el verano de 2013, en Madrid, el IVIMA vendió 2.935 casas y una serie de plazas de aparcamiento y cuartos trasteros a una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) formada por 303Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria española Azora por valor de 201 millones de euros. En la declaración de innecesariedad, que es jurídicamente preceptiva cuando el gobierno alega que el bien no es necesario para el desempeño de ninguna función pública, la directora gerente del IVIMA aduce que la venta era necesaria para conseguir un presupuesto equilibrado. Sin embargo, no explica cómo se puede compatibilizar esta venta con una creciente demanda de vivienda social, especialmente en un entorno en el que miles de personas se enfrentan a un desalojo hipotecario. La declaración de innecesariedad pasa completamente por alto el hecho de que a menudo se requiere vivienda social para desempeñar una función pública básica: garantizar el derecho a la vivienda.

Por su parte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid vendió 1.860 casas a otra SOCIMI (el fondo de inversión Blackstone) en 2013 por 128,5 millones. Esta cantidad equivale aproximadamente a un tercio del parque de vivienda del Ayuntamiento.

Blackstone, el gigante del capital riesgo estadounidense, ofrece a los inversores compartir los beneficios de 23 promociones de vivienda protegida (21 en Madrid, una en Guadalajara y otra en Barcelona) adquiridas en el peor momento de la crisis. De hecho, ya ha empezado a rentabilizar pronto sus inversiones en viviendas protegidas. De acuerdo con los estados financieros incluidos en el folleto de salida a Bolsa, los ingresos por arrendamiento de las casas en cartera alcanzaron 5,44 millones de euros en 2014.

Un informe interno del Ministerio de Hacienda denuncia que seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fondos de inversión, fondos que -como vemos- ya están haciendo negocio con esas viviendas sociales.

En Cataluña, en 2010 y 2011, Regesa, empresa de vivienda pública de la zona metropolitana de Barcelona, vendió 381 viviendas, además de plazas de aparcamiento y cuartos trasteros, a una SOCIMI. Según la información proporcionada por Regesa, 66 de ellas se vendieron con la calificación de vivienda social por un periodo de 90 años, mientras que, para los restantes, sólo se transfirió el derecho de superficie, lo que significa que los edificios volverán a ser de propiedad pública después de 75 años. La representante de Regesa sostuvo que la venta era necesaria a causa del déficit de la empresa y confirmó que, en cualquier caso, la venta había sido autorizada tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona.

Las autoridades públicas no han explicado la compatibilidad de la venta de la vivienda social con la obligación de hacer efectivo el derecho a la vivienda. A esto se suma el reducido parque de vivienda social que hay en España, ya que la vivienda social en España representa sólo el 1% frente al 32% de Países Bajos o el 18% de Reino Unido según consta en un informe de Amnistía Internacional. La venta de viviendas sociales al sector privado es otra señal del retroceso injustificado y deliberado en el derecho a la vivienda, además de ser -una vez más- un desvío de fondos públicos a manos privadas que sólo buscan el máximo beneficio a costa de lo que sea y de quien sea.

Autor: Ignacio D.