Un comunicado del Grupo Intereconomía donde se muestra que la cadena del presidente de la AERC, y a la vez director general de la SER, Daniel Gavela, es la que puede presumir de “líder en ilegalidades” en España, con 93 emisoras ilegales que incluyen las de la SER y las de 40 Principales, Cadena Dial, Cadena M-80, Máxima FM, Radiolé y Sinfo Radio, marcas que forman la división de radio del Grupo PRISA….
COMUNICADO DEL GRUPO INTERECONOMÍA
Nacional, 21/10/2004 Grupo Intereconomía.— La Asociación Española de Radio Comercial (AERC) ha elaborado un mapa de emisoras de radio ilegales que ha remitido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De él se deduce que existen en España 2.279 emisoras fuera de la ley. Una situación en la que incurre –de manera destacada– el líder en audiencia y en emisoras legales español: la Cadena SER.
Resulta que la cadena del presidente de la AERC, y a la vez director general de la SER, Daniel Gavela, es la que puede presumir de “líder en ilegalidades” en España, con 93 emisoras ilegales que incluyen las de la SER (45) y las de 40 Principales, Cadena Dial, Cadena M-80, Máxima FM, Radiolé y Sinfo Radio, marcas que forman la división de radio del Grupo PRISA. Cabe suponer que el famoso mapa incluirá las casi cien irregularidades de las radios de Jesús de Polanco.
Estas irregularidades abarcan desde actuar sin concesión administrativa -algo que la SER califica de emisoras “pirata” cuando afecta a otro- hasta el uso de la concesión administrativa para emitir en otra frecuencia o en otro emplazamiento; pasando por el uso de emisoras municipales como repetidores de su señal comercial. Estas prácticas perjudican a otros operadores de radio respetuosos con la legalidad.
El grupo PRISA, al que estuvo también vinculado el actual secretario de la AERC, Alfonso Ruiz de Assín, ha participado destacadamente en «el desgobierno que sufre el sector» y que denuncia la AERC. Y, por consiguiente, debería ser objetivo preferente de las autoridades a la hora de «restablecer el cumplimiento de la ley en una actividad minuciosamente regulada como es la radio», como reclama AERC.
A diferencia de lo que se exige desde el sector polanquista de la AERC, otros operadores creen que la intervención administrativa debe evitar los cierres drásticos de esas emisiones porque serían sencillamente anticonstitucionales. Lo que se impone es una ordenación racional y negociada del sector para proteger los intereses de todos, y principalemnte del público a disponer de todos los medios de comunicación que la técnica y la libre iniciativa permitan, tal como consagra el artículo 20.1 de la Constitución. No fuera caso que acabaran cerrando una cuarta parte de la SER.
El interés de AERC por colaborar con la Administración ha susctitado gran expectación, máxime cuando AERC nunca reclamó el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la SER a devolver las emisoras de Antena 3 Radio, por haberlas adquirido ilegalmente.
Por si el ministro Motilla decide continuar inspeccionando el espectro radioeléctrico, le sugerimos revise el cumplimiento de las condiciones de la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital; el cumplimiento de las condiciones de la licencia del canal de pago Canal Plus; o las emisiones de Localia.