Internet y redes sociales aumentan la trata de niños en Centroamérica y el Caribe

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El perfil de las víctimas de tráfico y de trata detectadas en el subcontinente ha cambiado durante los últimos 15 años, con un aumento significativo del porcentaje de niñas y niños. Internet y las redes sociales además de la COVID-19 suponen nuevos desafíos en la lucha contra estas violaciones de los derechos humanos.

América Latina y el Caribe se desangran por las venas de su infancia. Algunos números: el 48% de las víctimas con fines de explotación sexual detectadas en Centroamérica y el Caribe son menores, uno de los índices más altos del mundo; en concreto, las niñas representan el 40% y los niños, el restante 8%.

El cuadro de los diferentes tipos de trata que sufren quienes tienen menos de 18 años está copado, además de por la explotación sexual (el 81% en el caso de Centroamérica y el Caribe, el 64% en América del Sur), por el trabajo forzoso (el 13% y el 35%, respectivamente), muy por delante de otras como la servidumbre doméstica, la mendicidad, las actividades ilícitas, las adopciones ilegales y el reclutamiento por parte de grupos armados. Estos índices pueden desglosarse a su vez por género y por edad, lo que permite comprender con mayor profundidad la sangría que sufre la infancia: por ejemplo, la mitad de las víctimas de trabajo forzoso de América del Sur tienen sexo femenino y, entre ellas, el porcentaje de niñas y de mujeres adultas es similar.

Hasta aquí las cifras oficiales más recientes,  reflejas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en el informe Global Report on Trafficking in Persons 2020. Ampliando la perspectiva, la población infantil mundial supone un tercio de las víctimas de trata con fines sexuales. Idéntica dirección en la que apuntan desde Save the Children: un millón de niños y niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo y, en concreto, dos de cada tres son niñas.

Para seguir adentrándose en las profundidades de esta panorámica global también puede recurrirse al Índice Global de Esclavitud (GSI, por sus siglas en inglés), una estimación elaborada por la Walk Free Foundation que desglosa por grupo etario (10 millones de niñas y niños), por continente (casi dos millones en las Américas) y por género (71% de mujeres) a las más de 40 millones de personas en el mundo que actualmente sufren privaciones de su dignidad mediante una u otra forma de control de sus cuerpos. En las Américas, uno de cada 20 menores está en situación de trabajo infantil, según estima la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para ir más allá de las fotos fijas que arrojan todos estos datos sobre los diferentes tipos de trata, la coordinadora de proyectos de la UNODC en América Central y el Caribe, Lourdes Gutiérrez, explica a esglobal que, en los últimos 15 años, “el perfil de las víctimas detectadas ha cambiado: el porcentaje de mujeres adultas ha disminuido. En cambio, ha aumentado el de niñas y niños”.

Quiénes son las víctimas de la trata y el tráfico

Las más de 50.000 criaturas que cada año cruzan de Haití a República Dominicana, según las estadísticas oficiales del Gobierno haitiano; las miles que son contactadas a través de aplicaciones móviles y bajo promesas fraudulentas; las otras tantas que son utilizadas por la propia familia para ser la pareja sentimental de un adulto a cambio de dinero, propiedades o un mejor hogar; las que son utilizadas en el comercio sexual para los turistas… son algunas de las caras y vidas de las víctimas de trata. De ellas, el principal foco de atención de las redes de trata son las adolescentes de entre 14 y 17 años.

El perfil de la infancia rota de América Latina y el Caribe dibuja una serie de rasgos clave para su identificación, según se extrae del estudio elaborado por la UNODC. El primero de ellos, que el nivel socioeconómico influye y mucho: la vulnerabilidad es especialmente reseñable en contextos de extrema pobreza. De hecho, si globalmente las niñas y niños representan un tercio de entre las víctimas de los distintos tipos de trata detectados, la ratio sube hasta la mitad en los países con bajos ingresos, donde el trabajo forzoso es su principal destino.

Y el socioeconómico no es el único eje transversal, pues también están más expuestas quienes sufren marginalización, quienes atraviesan por situaciones desesperadas, sea por lo laboral o por su estatus migratorio, quienes crecen en entornos disfuncionales o quienes directamente lo hacen sin sus progenitores. El listado de causalidades es extenso e incluye al cambio climático y, como demuestran estudios como el que llevó a cabo Unicef en Guatemala, también la violencia doméstica y la pertenencia a minorías étnicas.

Pero la hemorragia en América Latina y el Caribe también es interna y el sangrado podría ser mucho mayor, pues los informes hablan únicamente de a quienes se logra detectar. “Tenemos deficiencias en encontrar niños y hombres en situación de explotación laboral. Hay muchos contextos donde los están explotando; por ejemplo, es algo muy normalizado en sectores no regulados, informales”, confiesa desde Costa Rica y por videollamada Rosilyne Borland, especialista regional en protección y asistencia a migrantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad también asociada a Naciones Unidas. “La amplia aceptación cultural del trabajo infantil puede servir de terreno fértil para los tratantes. Es más fácil explotar a los jóvenes cuando la gente está acostumbrada a enviar a sus hijos a trabajar fuera de casa. En esos entornos, las víctimas de la trata de niños pueden estar ocultas a plena vista”, apuntala por su parte Lourdes Gutiérrez.

Antes de continuar con el análisis, es importante detenerse un momento para diferenciar dos violaciones de los derechos humanos diferentes entre sí: el tráfico y la trata, ambas centradas aquí en la población infantil de América Latina y el Caribe. Con frecuencia se las presenta como un mismo fenómeno, muchas veces por una mala traducción del inglés, pero no debe confundirse la trata (trafficking in persons) con el tráfico de personas (smuggling), ya que pueden sufrirse tanto en conjunto como por separado.

Ambas entrañan el movimiento de seres humanos para obtener un beneficio económico. El flujo siempre es transnacional en el caso del tráfico, mientras que la trata puede producirse también en el interior de las fronteras y añade dos elementos definitorios: implica una captación indebida mediante el abuso, la coacción o el engaño, y además responde a un propósito de explotación continuada, ya sea sexual, laboral u otras formas. Por su parte, en el tráfico ilícito, más allá del precio que paga el o la migrante para llegar a un nuevo destino, no suele mantenerse ninguna relación duradera entre quienes son abusados y quienes abusan. Así lo aclara el Manual para la lucha contra la trata de personas de la UNODC.

 Internet, un riesgo y una oportunidad

El aumento de la penetración de Internet y de las redes sociales en buena parte de los rincones de América Latina y el Caribe es un desafío, con sus riesgos y oportunidades. “La era digital ha traído grandes beneficios, pero desafortunadamente también grandes desafíos”, resumía Jéssica Bedoya, la jefa de gabinete y asesora ejecutiva de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el segundo y por ahora último de los cinco encuentros que la entidad pretende dedicar a la trata.

“El creciente uso de las tecnologías digitales por parte de tratantes, así como la exposición prolongada y con poca supervisión de niños, niñas y adolescentes a los medios digitales, ha aumentado la vulnerabilidad de estos a convertirse en víctimas de trata”, incide por correo electrónico la coordinadora del clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, Nathalie Alvarado, que cita tres de los usos más comunes que los traficantes de personas dan a las nuevas tecnologías: para identificar y captar víctimas, para anunciar los servicios explotación a clientes potenciales, y para realizar transmisiones en línea de los abusos cometidos e intercambiar material pornográfico.

“A pesar de estos desafíos, las herramientas digitales son clave para la prevención y la identificación de las víctimas, para la investigación y para llevar a los tratantes a la justicia”, declaraba Bedoya en su intervención de marzo. Nuevamente es Rosilyne Borland, la especialista de la OIM, quien pone los puntos sobre las íes: “El cambio de tecnología va rápido, los criminales van con ella y nosotros corriendo detrás para que las respuestas sean adecuadas. Las técnicas de investigación, por ejemplo, o los permisos de cómo usar la evidencia digital van un poco por detrás de todo el uso de la tecnología. Es un reto importante”.

Lo cierto es que, según los datos más recientes de la UNODC, cuyas cifras se refieren a trata, los menores representan el 31% de las víctimas captadas a través de las redes sociales y el 24% de las páginas web de anuncios clasificados. “Internet ayuda a los tratantes a operar en múltiples lugares simultáneamente, mientras explotan físicamente a las víctimas en un solo lugar. La tecnología se utiliza no solo para la explotación sexual, sino también para coaccionar a las víctimas a cometer delitos y realizar trabajos forzados, o por ejemplo para anunciar la venta de riñones”, ejemplifica Lourdes Gutiérrez.

La influencia de la COVID-19

Naciones Unidas prevé que el rastro que está dejando el coronavirus aumente la trata y el tráfico, particularmente en aquellas regiones donde las consecuencias para el empleo están siendo mayores. Sobre el terreno, Rosilyne Borland recuerda que, cuando estalló la pandemia y se cerró todo, muchos migrantes se quedaron varados. “Ese espacio era muy preocupante porque algunos buscaron vías irregulares, como coyotes y traficantes, para poder continuar”, apunta.

La Organización Internacional para las Migraciones ha publicado, precisamente, El tráfico ilícito de migrantes en América Central y México en el contexto de la COVID-19, una investigación que corrobora que quienes migran continúan contratando los servicios de los traficantes y que, pese a que la pandemia dificulta el acceso a datos y evidencias, se percibe un aumento en el número de personas que de manera independiente y por mera subsistencia acaban siendo víctimas. Este incremento, sin embargo, coincide con un menor registro de los crímenes y los abusos, según explica la OIM, porque la crisis sanitaria ha restringido o cerrado temporalmente el acceso a algunas de las instituciones que gestionan las denuncias.

Nathalie Alvarado, desde el BID, pone sobre la mesa algunas otras circunstancias que explican la reducción en el número de notificaciones ante las autoridades: “Los confinamientos y aislamientos y, en general, el cierre de los colegios, escuelas y lugares de cuidado y educación se han identificado como factores que inciden en el menor apoyo que los menores puedan recibir para identificar y acompañar circunstancias de uso y explotación”.

Con el cierre provisional de las puertas de las instituciones educativas, la infancia de América Latina y el Caribe, al igual que ha sucedido en otras partes del mundo, ha pasado muchas más horas frente a los ordenadores, tanto para continuar con sus lecciones virtuales como para mantenerse en contacto con sus amistades. “Aumentó el riesgo de caer víctimas de tratantes, pedófilos y pederastas. Por eso la importancia de fortalecer la prevención y el autocuidado y de informar sobre los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales. En muchos casos, ni los propios padres tienen los conocimientos necesarios para apoyarlos o dejan a los niños solos por mucho tiempo, esperando que ellos mismos se protejan”, considera la coordinadora de la UNODC.

Una batalla con diferentes frentes de coordinación e influencia

La receta para combatir la trata y el tráfico ilícito parece despertar unanimidad entre las fuentes consultadas para este análisis. Los principales ingredientes son atajar la pobreza, resolver la desigualdad y concienciar a la población; en otras palabras, invertir tanto en las personas (educación y trabajo) como en las instituciones. También se antoja necesaria la colaboración no solamente entre los diferentes organismos en el interior de un mismo país, sino la existencia de un trabajo intergubernamental que implique tanto a la sociedad civil como al sector público (gobiernos y otras autoridades) y al privado (de forma muy reseñable, las grandes empresas tecnológicas). “Necesitamos un mayor intercambio de información y de inteligencia, así como más investigación”, concluye el informe de la UNODC.

“Muchos países no tienen la legislación adecuada para colaborar con empresas tan grandes como Facebook y Twitter, que tienen su responsabilidad social y su habilidad para monitorear y responder”, concluye Lourdes Gutiérrez, que reitera en varias ocasiones la trascendencia de una cooperación transversal y transfronteriza que incluya el componente de género que afecta tanto a la trata como el tráfico de personas.

En América Latina y el Caribe existen diferentes niveles de cooperación, tanto estatales como binacionales y regionales no vinculantes, caso de la Conferencia Regional sobre Migración, o la Coalición regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, integrada por las comisiones nacionales de Centroamérica, México y República Dominicana. El principal cambio fue a raíz de la Convención de Palermo, un tratado multilateral auspiciado en diciembre de 2000 por la ONU para luchar contra el crimen organizado transnacional; desde entonces el ámbito de las instituciones también parece haberse concienciado de la importancia de su coordinación, a través de mecanismos como la Red de fiscales de trata y tráfico, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, además de los diferentes operativos que tiene la Interpol en la región.

“El norte de Centroamérica y México es ahora mismo el foco más importante de las respuestas”, considera Rosilyne Borland, que prefiere no entrar a valorar las políticas concretas de cada país, si bien resalta que el cambio de presidente en Estados Unidos “tiene impacto en tiempo real”.

Fuente de la noticia esglobal.org