Durante su etapa como secretario de Estado de Hacienda, dos amigos personales suyos, José María Huguet y Ernesto Aguiar, junto con otros montaron una trama mediante la cual se dedicaban a extorsionar a los contribuyentes a cambio de exonerarles en las inspecciones fiscales. Lo más grave del caso es que ambos, altos funcionarios del Estado, habían sido nombrados jefe de la inspección fiscal y delegado especial de Hacienda en Cataluña respectivamente por el hoy candidato….
Por Isabel Durán
Libertad Digital
10 de junio de 2004
De José Borrell Fontelles, cabeza de lista por el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo se han contado muchas cosas. Su principal contrincante electoral Jaime Mayor Oreja le ha dicho que tiene la obligación moral de explicar por qué se vio obligado a dimitir por corrupción en 1999 como candidato a la Presidencia del Gobierno por el partido fundado por Pablo Iglesias. El dirigente socialista ha enmudecido y mira hacia otra parte.
Los datos que obran en los tribunales de justicia catalanes son sin embargo tozudos. Durante su etapa como secretario de Estado de Hacienda, dos amigos personales suyos, José María Huguet y Ernesto Aguiar, junto con otros montaron una trama mediante la cual se dedicaban a extorsionar a los contribuyentes a cambio de exonerarles en las inspecciones fiscales. Lo más grave del caso es que ambos, altos funcionarios del Estado, habían sido nombrados jefe de la inspección fiscal y delegado especial de Hacienda en Cataluña respectivamente por el hoy candidato.
Expertos en «ingeniería financiera», los prohombres de Borrell, en lugar de velar por el dinero público, como era su obligación, montaron un chiringuito de bolsa con el dinero sucio procedente de los atracos fiscales a los contribuyentes con el que se embolsaron al menos cuatrocientos millones de pesetas, escaqueados convenientemente al fisco en Suiza. Entretanto, José Borrell, su protector y mentor, negó estar al corriente de la red de corrupción de su círculo de colaboradores. Pero las implicaciones de otras personas de su confianza e incluso algún familiar –que había llegado a invertir dinero en el chiringuito bursátil de los inspectores– acabaron salpicándole.
Estos hechos, de los que sólo se conoce una mínima parte dieron al traste con las aspiraciones a ocupar La Moncloa del entonces secretario general de los socialistas por obra y gracia de Jesús Polanco, dueño de El Pais, que se encargó de divulgarlos. Borrell no se atrevió a enfrentarse al propietario del imperio filo-socialista. Pero este político de suaves maneras, verbo florido y voz atiplada, es débil con el fuerte y saca pecho frente a quien cree que puede derrotar.
En 1996, tras perder el PSOE el poder, interpuso una demanda de protección al honor contra José Díaz Herrera y contra quien esto suscribe por quince referencias sobre su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, aparecidas en el libro Pacto de Silencio. Pretendía que la Justicia condenara a los autores por calificarle de megalómano, afirmar que vivía rodeado de parafernalia y decir, literalmente, «que una de sus aspiraciones no tan secretas era sustituir a Felipe González el día en que el number one decidiera su retirada de la política», como a los pocos meses ocurrió.
Al empeñarse el dirigente socialista en demostrar que éstos calificativos eran falsos y difamatorios tuvimos que aportar en sede judicial con nombres y apellidos los datos de que en su equipo de colaboradores fijos existían dos cámaras de televisión y un fotógrafo para inmortalizar para la historia cada primera piedra que colocaba o tramo de autopista que inauguraba. Demostramos que para hacer valer su criterio ante Felipe González acerca del polémico tramo de las Hoces del Cabriel, de la autovía Madrid-Valencia, se permitió el capricho de pasearse por la zona en un cazabombardero de la base aérea de Zaragoza, lo que supuso al erario público un millón de pesetas y que en otra ocasión mandó construir un helipuerto para una visita suya electoralista de veinte minutos pocos días antes de la campaña electoral de 1993. Y eso sin contar la construcción de una maqueta que habría hecho las delicias de cualquier director de Hollywood cuyo coste fue de 100 millones de pesetas, despilfarro que pasará a la historia para que Felipe González inclinara la balanza a su favor en su litigio personal con el presidente castellano-manchego y aceptara su proyecto de las Hoces sin salir de La Moncloa, ya que a esas alturas de la película González sólo se dedicaba prácticamente a cuidar bonsáis .
El que fuera secretario general de la formación política desde la que se ha tildado reiteradamente de asesinos, manipuladores y mentirosos a los gobernantes anteriores, considera atentatorio contra su honor y su propia imagen calificar su labor al frente del MOPTMA como «falta de rigor y seriedad, de improvisación y chapucería». El entonces llamado «ministro ahorrador» del Gobierno se olvidó de señalar que el agujero dejado en el departamento tras su gestión fue de más de 260.000 millones de pesetas y el pago de comisiones a intermediarios de su partido que él mismo reconoció ante los constructores. Se le pasó por alto también que el amiguismo y el enchufismo, le llevaron a manejar el presupuesto público como su finca particular. Sólo dos ejemplos: En marzo de 1996, mientras se encontraba en calidad de ministro en funciones, dispuso de un presupuesto de 1700 millones de pesetas para mejorar la carretera de Pobla del Segur (Lérida), su pueblo natal, que no figuraba como una obra urgente en el Plan Director de Infraestructuras del Estado y también mandó construir un embalse en Mora de Rubielos (Teruel), el pueblo de su colega el titular de Interior Juan Alberto Belloch, obra que tampoco aparecía entre las más perentorias del Plan Hidrológico Nacional (BOE del 7 de mayo de 1996).
Por estos hechos y una larga lista de irregularidades y chanchullos imposibles de relatar aquí, Borrell interpuso una demanda civil en primera instancia y luego ante la Audiencia contra los autores. En ambos casos perdió e incluso, en la segunda instancia, fue condenado a pagar las costas. La demanda pasará a los anales de la historia del periodismo como uno de los ejemplos del más vergonzoso ejercicio contra la libertad de expresión. Con todo ello los datos relatados, en los que me ratifico de nuevo, son mucho más graves en el currículo de quien pretende erigirse en padre de la patria europea y dar lecciones de europeísmo y política social al resto de sus conciudadanos.