La juez Palacios abre juicio oral contra Botín pese a la reiterada oposición del fiscal. Botín, Amusátegui y Corcóstegui se enfrentan en este proceso a penas de carcel, así como a multas y a la posibilidad de inhabilitación para administrar sociedades. La Acusación particular solicita 12 años de cárcel para Botín y 6 años para Amusátegui y Corcóstegui. El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros al dejar la entidad ´para dejar el campo libre a Botín. El Real Decreto 1245/1995 del Banco de España establece que un consejero en activo será revocado de su cargo si es condenado por una sentencia firme y no abandona su puesto en el plazo de un mes
Fuentes: Solidaridad.net, Libertad Digital, Agencia EFE, La Bolsa.com, Expansión.com
La juez Teresa Palacios ha dictado apertura de juicio oral contra Botín, Corcóstegui y Amusátegui, a pesar de que el Ministerio Fiscal había solicitado en tres ocasiones el sobreseimiento del caso al no apreciar delitos en las indemnizaciones cobradas por los dos últimos con motivo de su jubilación. El Consejo de Administración del Santander reitera los argumentos expresados el pasado mes de marzo.
Según el auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, acusa al presidente del Santander, Emilio Botín, al ex copresidente, José María Amusátegui y al ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, de apropiación indebida o, en su caso, de administración desleal.
Teresa Palacios impone a los tres acusados una fianza conjunta de 164,2 millones de euros, que deberán prestar en el plazo de 24 horas y que equivale a las indemnizaciones y pensiones que percibieron Amusátegui y Corcóstegui cuando abandonaron el banco Santander.
La juez pide a Botín y Amusátegui que asuman conjuntamente una fianza de 56,095 millones de euros –equivalente a la indemnización cobrada por el ex presidente y a los emolumentos por pensiones del mismo–, en tanto que solicita a Botín y Corcóstegui la cantidad de 108,18 millones –la cantidad percibida por el ex consejero delegado–. Según el auto, estas cantidades servirían para resarcir al banco de Santander de los perjuicios sufridos si finalmente los tres acusados son encontrados culpables.
Según la agencia Efe, Botín, Amusátegui y Corcóstegui se enfrentan en este proceso a penas que pueden alcanzar los seis años de prisión, así como a multas y a la posibilidad de inhabilitación para administrar sociedades.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SANTANDER INSISTE EN LA LEGALIDAD DE LOS PAGOS
Tras conocer el auto, el Santander ha insistido en la legalidad de esos pagos y ha recordado que la apertura de juicio oral ha tenido lugar en contra de la decisión del Ministerio Fiscal, que mostró su oposición en tres ocasiones al no apreciar delitos en las indemnizaciones cobradas. La entidad defiende que los contratos de los imputados se ajustaron estrictamente a la ley y a los estatutos del banco, y las retribuciones estuvieron en consonancia con lo abonado en otras entidades.
En un comunicado emitido este martes, el banco se ha remitido a la decisión acordada por el Consejo de Administración el pasado día 12 de marzo, cuando los consejeros mostraron unánimemente su «indignación» con la imputación de Emilio Botín por unas decisiones que fueron adoptadas por el propio Consejo de Administración, con el máximo respeto a la ley y en beneficio del Banco y de sus accionistas.
El Real Decreto 1245/1995 del Banco de España establece que un consejero en activo será revocado de su cargo si es condenado por una sentencia firme y no abandona su puesto en el plazo de un mes
EL ORIGEN DEL CASO ESTÁ EN UNA QUERELLA DE PÉREZ ESCOLAR Y FRANCO OTEGUI
El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo.
Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad «para dejar el campo libre a Botín».
En diciembre de 1993 el Banco de España decidió intervenir Banesto. En abril de 1994, el Santander compró en subasta pública la entidad que hasta hace pocos meses presidía Mario Conde. Es en ese momento cuando Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto destituido con la intervención, comienza su particular venganza contra todo aquello que esté relacionado con el apellido Botín.
Pero en esta batalla contra el Santander, Pérez Escolar –que fue condenado a casi diez años de prisión por dos delitos de apropiación indebida– no ha estado solo. En 1998 se fundó la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), que, según dice Expansión, en medios jurídicos se vincula con el propio Pérez Escolar. Y es que el presidente de ADIC es el abogado Juan Francisco Franco Otegui. Según una entrevista en el diario El Mundo, el abogado reconoció haber hecho «trabajitos» para Pérez Escolar. Eso sí, quiso dejar claro que él «trabaja gratis si es contra el SCH». Incluso se llegó a bromear con que este es el lema que lleva impreso en su tarjeta de visita.
En total, Pérez Escolar, Otegui y compañía han presentado veinticuatro demandas, querellas y recursos contra Banesto y el Santander. Un proceso tiene sentencia firme contra los demandantes; siete están recurridos por el demandante (uno incluso ante el Tribunal Supremo), nueve procesos aún se están tramitando; dos están pendiente de sentencia, y otros dos casos han sido desestimados y otro sobreseído. Así, hasta completar una larga la lista de batallas judiciales que ambos bandos libran desde casi una década. La querella admitida a trámite por la juez Palacios sobre un presunto delito societario de Emilio Botín y José María Amusátegui, seguro que no es el último episodio de esta particular guerra.
Todavía está pendiente, sin embargo, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo presentado por Emilio Botín hace ahora algo más de un mes. En éste, el presidente de Santander alegó que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y pidió la paralización del proceso hasta que no se resolviera el citado recurso, una posibilidad que fue desestimada por Palacios.
No es el único proceso que Santander tiene en marcha. La juez Teresa Palacios también tiene pendiente el caso de las cesiones de crédito –productos opacos fiscalmente que la entidad comercializó a finales de la década de los ochenta–, por el que están imputados el propio Botín y otros responsables del banco. En este caso, la Fiscalía también ha pedido el archivo de la causa.
Más información sobre la BANCA y EMILIO BOTÍN
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA DEFIENDE A BOTÍN Y PIDE QUE SE ARCHIVE LA CAUSA
La Asociación Española de Banca (AEB) salió el 25 de marzo de 2004 en defensa del banco Santander y de su presidente, Emilio Botín, y se mostró a favor de que se archive la causa contra éste en la Audiencia Nacional por los millonarios pagos a los ex altos cargos José María Amusátegui y Angel Corcóstegui al dejar el banco.
Tras la Asamblea General Anual de la patronal de banca, su presidente, José Luis Leal, dejó «rotundamente claro que los pagos se hicieron cumpliendo escrupulosamente la legalidad, de forma absolutamente transparente y con la aprobación de los órganos de gobierno competentes».
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también se ha pronunciado sobre el caso al indicar que se trata «de un tema societario», mientras que el Banco de España ha asegurado que «no hace ninguna objeción de legalidad» a los pagos, ya que fueron aprobados por los máximos órganos de gobierno del banco.
PACTOS OCULTOS.
En el epígrafe de hechos punibles que resultan de las actuaciones, esta parte señala que la fusión entre el Santander y el Central Hispano comenzó a negociarse a principios de 1999, y que los presidentes de ambas entidades, Botín y Amusátegui, pactaron las cantidades que cobraría este último en el caso de jubilarse de la entidad fusionada. La fecha del contrato suscrito, el 15 de enero de 1999, coincidió con la de la ratificación por los consejeros del proyecto de fusión.
Las cantidades a percibir serían una pensión vitalicia de jubilación por valor del cien por cien de las retribuciones percibidas por Amusátegui en el último año anterior a su jubilación -un 75 por ciento de las mismas a cobrar por su viuda en caso de fallecimiento del mismo-, a lo que habría que añadir el 70 por ciento de la remuneración que reciba un consejero en activo de su misma categoría y un ´bonus´ de 43,75 millones de euros «como reconocimiento a su extraordinaria labor». Se añadía despacho, dos secretarias, coche, acceso al avión privado de la compañía y servicio de seguridad.
El escrito añade que las tensiones entre los dos copresidentes, una vez materializada la fusión, determinó la salida de Amusátegui del SCH antes de la fecha prevista, por lo que ambos directivos firmaron un nuevo contrato, el 14 de agosto de 2001, por el que se adecúan los mismos derechos al cese anticipado del ex presidente del Central Hispano.
La acusación se pregunta por qué estos acuerdos no se incluyeron en el orden del día de la Junta General de Accionistas en el que se aprobó la fusión ni se reseñaron en las cuentas anuales de los años 1999, 2000 y 2001. «Y respecto a la cantidad de 43,75 millones de euros sólo se refleja en las cuentas anuales de 2001, en el subapartado de «Compromisos por Pensiones y otros Seguros». Esta parte mantiene que los Estatutos del banco no contemplan la posibilidad de abonar cantidad alguna a los miembros del Consejo por su cese o jubilación.
En el caso de Corcóstegui, la acusación recuerda que el ex vicepresidnete estaba vinculado al banco fusionado mediante un contrato de arrendamiento de servicios. Mediante un documento suscrito el 19 de abril de 1999, Botín y Corcóstegui «realizan un fuerte blindaje de éste, sin ninguna cobertura legal ni estatutaria». El 13 de febrero de 2002, Corcóstegui presentó su renuncia y al día siguiente percibió su pensión, por valor de 108.182.178,78 euros.
«Hemos de resaltar que el acusado Sr. Corcóstegui llevaba como consejero del Banco Hispanoamericano cinco años, en los que percibió las remuneraciones que estatutariamente le correspondieran, y dos años en el banco fusionado (…) y por estos siete años percibe, merced a la sucesión de contratos concertados con el acusado Sr. Botín, la inimaginable cifra de 108.12.178, 78 euros, 18.000 millones de las antiguas pesetas», destaca el escrito.
Añade que Botín actuó en la firma de estos acuerdos «como un pseudo propietario o comi si en realidad fuese él el dueño del dinero», excediéndose de los límites legales fijados en los estatutos del banco. Ello implica, según esta parte, «un menoscabo del derecho de propiedad del banco -y de sus accionistas- que supone una privación al sujeto pasivo de las facultades que se derivan de su condición de propietario»
Dice que se da el requisito de interés de lucro de los tres implicados. En el caso de Botín, defiende esta parte que el actual presidente del SCH, al conseguir mediante estos acuerdos la salida del banco de Amusátegui y Corcóstegui, «llega a ejercer un poder ´erga omnes´ sobre todos y sobre todo».
«Los primeros actuaron guiados por un proceder sin escrúpulo alguno para obtener con su salida de la entidad unos pagos incalculables y unas prebendas propias de un jeque árabe -señala el escrito-. El otro, el Sr Botín, comprando, ilícitamente, la salida del Banco de éstos se aseguraba el dominio absoluto de la entidad».
TESTIGOS.
Entre los testigos a comparecer en la vista oral, esta parte solicita la presencia de hasta 19 consejeros del SCH tras la fusión de los dos grandes bancos, entre los que se encuentran el hermano de Emilio Botín y actual vicepresidente de la entidad, Jaime, y su hija, Ana Patricia, actual presidenta de Banesto.
En este grupo de testigos se incluyen los actuales presidentes de Telepizza, Pedro Ballvé; Cortefiel, Gonzalo Hinojosa; Auna, Luis Alberto Salazar, el ex presidente de Dragados Santiago Foncillas y el ex presidente del Banco Central, Antonio Escámez. También pide que conmparezcan tres miembros del Consejo del Central Hispano que no se incorporaron al del SCH, Francisco Daurella, Antonio Barrera y Alberto Oliart.
La acusación solicita que se aporten como pruebas, entre otros documentos, la certificación de las cantidades exactas percibidas «por todos y cada uno» los consejeros del SCH entre 1999 y 2002, así como los escritos por los que el Banco de España y la CNMV tuvieron conocimiento por primera vez de los contratos suscritos entre Botín y sus dos ex directivos.
Finalmente, solicita a la Agencia Tributaria certificación de las retenciones del IRPF presentadas por el Santander entre 1999 y 2002 sobre las retibuciones de Corcóstegui y Amusátegui.