LA CORRUPCIÓN del SISTEMA SANITARIO

Por Antonio Muro
Discovery DSALUD. Año 2003

El gasto farmacéutico sigue creciendo en España. En febrero de este año aumentó un 10,06% con lo que el incremento acumulado en los 2 primeros meses es ya del 9,91%. Todas las alarmas han sonado. Y ese gasto descontrolado ha llevado al ministerio a dictar nuevas normas para las visitas que hacen los comerciales de los laboratorios a los médicos. ¿Por qué esa medida y no otra? La respuesta es sencilla: porque hoy las leyes se incumplen, los códigos éticos no se respetan y los «regalos» y «recompensas» económicas de las multinacionales para conseguir un aumento en la prescripción de determinados medicamentos ha corrompido el sistema. El paciente empieza a no saber si su médico le receta un fármaco basándose en una valoración imparcial de sus síntomas o como respuesta -consciente o inconsciente- a las «atenciones» que reciben de los fabricantes.

No hace muchos días, mi madre -una mujer en la frontera de los setenta- regresó de la consulta del cardiólogo. Por suerte se encuentra bien pero el médico le comentó que tenía el colesterol alto y debía recetarla un medicamento. De vuelta de la farmacia insistí para que leyera el prospecto. Y en él ponía bien claro que estaba expresamente prohibido para quienes hubieran sufrido algún problema hepático, justo el caso de mi madre. El médico, sin embargo, no le había preguntado nada a ese respecto. ¿Descuido? ¿Ignorancia? ¿Recetar por recetar? o ¿Recetar por ingresar? El resultado -que desde luego podía haber sido mucho peor para su salud- fue que alguien, en algún lugar, oyó sonar una vez más el timbre de la caja registradora por la venta de un medicamento que nunca será utilizado.

¿Quién no ha visto, estando en la sala de espera de alguna consulta médica, a uno o varios señores perfectamente trajeados y aparentemente sanos que, cartera en mano, esperan ser recibidos por el médico? Pues se trata de los «visitadores médicos», constituyen la punta de lanza de las multinacionales farmacéuticas y han acabado por convertirse en la piedra angular del sistema sanitario ya que su misión es informar de los nuevos medicamentos lanzados por su compañía. «Informar», sí… pero sobre todo «vender» su producto -el medicamento que representan- ya que, como cualquier representante comercial, cuanto más venda mayores serán sus beneficios, los de su empresa y los de los accionistas de la misma. Comienza así un proceso que tiene más que ver con los negocios que con la salud. Hasta tal punto que la propia Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública lo ha denunciado con rotundidad:

«La prescripción fundamentada en la ciencia no es la más predominante en nuestro entorno y en muchas ocasiones la prescripción sesgada e inducida se excusa aduciendo la, para algunos, sacrosanta libertad de prescripción que, en la práctica, no es más que un eufemismo y un juego de influencias que dejan en la mayoría de los casos muy poco margen de maniobra a la verdadera libertad terapéutica y que, con demasiada frecuencia, ampara corruptelas, prácticas deshonestas y complicidades con la industria del medicamento y las multinacionales farmacéuticas».

LA LOCA CARRERA POR VENDER CADA VEZ MÁS

El negocio de la industria farmacéutica no está en cuidar de la salud de las personas. Que nadie se engañe. El negocio es la venta de medicamentos. Y ahí se encuentra la base de uno de los principales problemas de nuestra Sanidad porque el gasto en medicinas subió el año 2002 hasta los 7.972 millones de euros, un 9,9 % más que el año anterior y tres puntos por encima de las perspectivas de la Administración. Claro que no se trata de un problema exclusivo de nuestro país: todas las naciones desarrolladas se enfrentan al mismo problema. Una escalada mundial constante que podría resumirse en la siguiente igualdad: los sistemas sanitarios pierden (con el dinero de todos) = las multinacionales ganan (nuestro dinero).

La prueba es que la industria farmacéutica fue la más rentable en Estados Unidos durante el 2001. Diez compañías del sector se encuentran entre las 500 corporaciones estadounidenses más «ricas» según la lista que elabora cada año la revista Fortune. Son -por orden de ingresos- Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Pharmacia, Abbott Laboratories, Wyeth, Eli Lilly, Schering-Plough y Amgen. Juntas ganaron en el 2001 la friolera de 37.200 millones de dólares (9.200 millones más que en el 2000). Aunque lo más significativo es que sus beneficios aumentaron un 32%, en el mal año general del 2001 cuando las ganancias de las demás compañías que aparecen en la lista disminuyeron una media del 53% .

Obviamente, para poder mantener el ritmo, para seguir ganando el pulso a la Sanidad Pública, las farmacéuticas tienen que mantener la presión sobre los médicos que son, en definitiva, los encargados de las prescripciones. Y como la intención primordial de las multinacionales no es curarnos sino vender, vender y vender… buscan las mejores maneras de hacerlo. Pues bien, según un reciente análisis efectuado por una empresa de marketing los problemas que se le plantean a la industria farmacéutica a corto plazo son los que transcribimos tal cual apunta el informe:

• La introducción de controles de precios por parte del gobierno (por ejemplo, reformas en el programa de asistencia a mayores).
• El aumento en los costes de I+D y de lanzamiento de los productos nuevos.
• El hecho de que en algunos países pueden recetar los medicamentos un número cada vez mayor de personas: médicos, licenciados en farmacia y hasta enfermeros.
• El aumento de la competencia en los mercados globales.
• La reducción de la exclusividad, la expiración de patentes y los medicamentos genéricos.

Para lo cual -dice el informe- las empresas farmacéuticas deben llegar a obtener «el máximo de ventas» en poco tiempo «aumentando la actividad del marketing».

REGULAR A LOS VISITADORES

En definitiva, la Administración -consciente de que a los pies del gasto sanitario se ha abierto un agujero negro capaz de devorarlo todo-, trata de tomar medidas. Y una de las más recientes, como decíamos, ha generado polémica porque se trata de una nueva regulación -copiando la recientemente implantada en Estados Unidos- sobre las relaciones entre los visitadores y los médicos. Una normativa que prohíbe a los visitadores mantener reuniones con un solo facultativo, regula los horarios de las visitas y estipula que esa actividad «no perturbe» la atención a los pacientes. Con lo que es la propia Administración la que indirectamente reconoce la existencia de ese problema oculto dejando entrever lo que es un clamor sordo: que la actual relación visitador-médico se ha convertido en muchos casos en una relación viciada en la que los laboratorios aprovechan la lamentable situación sociolaboral de los médicos para «alquilar» voluntades -y conciencias- mediante regalos, congresos, viajes o, directamente, dinero en metálico (y en negro). ¿Lo hacen todos los visitadores? ¿Aceptan todos los médicos? Desde luego que no. Pero que es una práctica habitual -muy fructífera para las multinacionales- lo demuestran las altas inversiones que dedica la industria a este capítulo de «incentivos».

Teóricamente todo esto es imposible porque existe un marco legal que lo impide. Es el caso del Real decreto 1.416/94 que desarrolla la Ley del Medicamento de 1990 y que regula la publicidad de los medicamentos de uso humano y establece las condiciones de los «incentivos» y el «patrocinio» de reuniones científicas. Además existen diversas regulaciones de las comunidades autónomas y un marco deontológico que lo imposibilita. Nos referimos al Código de Ética y Deontología Médica que en el capítulo V -artículos 18 al 22- establece los criterios de prescripción y responsabilidad en la formación científica. Sin olvidar el nuevo Código español de buenas prácticas para la promoción de los medicamentos aprobado por las propias compañías. Y, sin embargo, a pesar de todo ello, la Administración sanitaria sigue sintiendo la necesidad de regular este ámbito. ¿Por qué?

Rogelio Altisent, Director del Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud -sito en Zaragoza-, al analizar las «estrategias» de las compañías farmacéuticas para «captar clientes», explica que los procedimientos «normales» que están usando incluyen las siguientes prácticas:

• Incentivación directa de la prescripción mediante algún tipo de compensación a posteriori:
• Retribución material personal al facultativo que firma la prescripción (regalos sustanciales o compensación económica directa)
• -Retribución material personal como compensación por un supuesto ensayo de farmacovigilancia.
• Financiación de los gastos personales de asistencia a reuniones científicas.
• Retribución material al centro sanitario: material informático, libros, financiación de actividades.
• Incentivación indirecta a la prescripción mediante algún tipo de regalo o compensación de relevancia científica o no:
  1. De valor irrelevante: un libro, una invitación a un espectáculo.
  2. De valor relevante: un congreso, un viaje de placer…

En suma, en ese informe se reconoce lo evidente: que hay médicos a los que se paga por recetar lo que las compañías quieren situar en el mercado. Es un escándalo conocido… pero nadie lo denuncia. Claro que, ¿quién lo va a hacer? ¿Los médicos sobornados? ¿Los visitadores que sobornan? ¿Las compañías que compran o alquilan las voluntades y conciencias de ambos?
Es más, son muy pocos los médicos que, como el doctor Ángel García Prieto, siendo Secretario del Colegio de Médicos de Asturias, han sido capaces de denunciar lo que sucede en público. Este médico tuvo la valentía de afirmar que la práctica del «tarugueo» (dícese de la actividad que consiste en conceder beneficios a un médico para que recete determinados medicamentos) estaba llegando ya demasiado lejos: cacerías, fines de semana esquiando, vacaciones en Nueva York… Eso sí, siempre dentro del vaporoso campo de las generalidades.

Perpetuado en el tiempo, consentido por todos y alentado por unos pocos las multinacionales han creado un enorme agujero negro que lo devora todo (voluntades, vocaciones, dinero…) y del que sólo pueden percibirse los límites, no por lo que se puede ver de él sino por sus efectos sobre todo lo que le rodea (como en el caso del fenómeno astronómico). Lo que se percibe ha llegado a ser escandaloso. Indicios hay ya muchos. Y las normas que restringen el valor de los «regalos» y los compromisos «personales» difícilmente van a acabar por sí solas con el problema porque el agujero es insaciable: la industria necesita cada vez más y más ventas. Y para lograrlo no va a renunciar a ningún método.

En el mejor de los casos y con los medios «lícitos», publicidad, información…, las compañías farmacéuticas, llevadas por su ansía de vender, han generado un clima de presión difícilmente sostenible. «La situación actual es indigna y detrae tiempo de la atención al paciente así como de las actividades docentes», reconocía Marian Dal Re, jefa del servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid en un foro de debate sobre el tema celebrado en Madrid a instancias de la Fundación Otime (Oficina Técnica Internacional del Medicamento en España). Sólo en Madrid hay alrededor de 3.000 comerciales que trabajan 250 líneas de venta recorriendo diariamente los centros asistenciales. En toda España son unos 18.000.

El Director General de Farmacia del País Vasco, Gonzalo Trincado, ha llegado a afirmar: «A los visitadores se les prepara para vender, no para informar. La visita médica no se realiza de acuerdo con las necesidades del médico».

Unas palabras que corroboraba el doctor Ángel Puras -del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Albacete- en la revista Medicina Clínica en la que reconoce que la mayor influencia que tienen los galenos a la hora de recetar productos contra la hipertensión viene de los visitadores de los laboratorios farmacéuticos. «En España -asegura- los estudios indican que el 60% de los médicos receta de acuerdo a lo que han escuchado a los representantes de la industria. Un 30% se instruye leyendo revistas del sector y sólo un 15% obtiene información de congresos médicos».

LA PERVERSIÓN DE LOS REGALOS

En el peor de los casos, primero están los «regalos». Para entender el problema es preciso enmarcarlo en el comportamiento de las grandes multinacionales internacionales. Mientras los médicos insisten en que no se ven influidos por los regalos, el comportamiento de las compañías farmacéuticas parece indicar todo lo contrario. De hecho, en Estados Unidos no todos parecen estar de acuerdo con la eficacia de las autorregulaciones. Así, los congresistas del estado de Vermont han sido los primeros que han decidido legislar para exigir que las empresas farmacéuticas notifiquen oficialmente su gasto en obsequios y pagos en efectivo a los médicos, hospitales y otros proveedores. Según Peter Shumlin -un senador demócrata que patrocinó el proyecto- los laboratorios están embarcados en una «doble estrategia» de marketing: «Hacen que los consumidores quieran esos remedios y luego le hacen grato al médico prescribirlos. Y esto se está descontrolando cada vez mas».

La misma opinión parece tener en Massachusetts Richard T. Moore, un senador estatal coautor de un proyecto de ley que obliga a los médicos a revelar los obsequios que reciben de las firmas farmacéuticas en el marco de la creciente preocupación por el gasto en medicamentos. Éste resumía así lo que ya expresamos al comienzo del reportaje: «El paciente necesita saber si el médico le indica un remedio basándose en las sanas prácticas médicas o en las atenciones del fabricante».

Las necesidades del paciente, sin embargo, no forman parte de la estrategia industrial. La prueba es que las multinacionales farmacéuticas se gastaron el año pasado 19.000 millones de dólares en publicidad y promoción, más del doble de los 9.100 millones de dólares de hace cinco años según la consultora IMS Health. Y casi la mitad se lo llevan las muestras gratuitas que reciben los médicos en algunos países. El resto incluye el costo de los representantes de ventas, los «regalos» a los médicos y la publicidad. Es obvio para cualquiera que si hacen tan descomunal inversión es porque con ello obtienen buenos resultados. De hecho, la asociación Families USA ha denunciado que las principales compañías del sector se gastan el doble en marketing que en investigar sobre nuevos productos. En un estudio titulado «Beneficiándose del dolor: a dónde van los dólares de los medicamentos con receta» que ha evaluado los informes presentados a la SEC (la comisión del mercado de valores estadounidense) por nueve compañías –Merck, Pfizer, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Abbott Laboratoires, Wyeth, Allergan, Pharmacia y Schering-Plough- se explica que las empresas analizadas destinaron de media el 27% de sus ingresos a marketing, publicidad y administración, el 18% a beneficios y sólo un 11% a la búsqueda de nuevos productos.

Comentando que la gran mayoría de los empleados de estas compañías se dedican a tareas de promoción. Todos los datos se acumulan en la misma dirección. «Es ingenuo negar la influencia de los regalos que recibimos sobre nuestro comportamiento. Sería acusar también de ingenuidad a una de las industrias más poderosas del planeta cuando derrocha miles de millones en regalos promocionales si no obtuviese ninguna contrapartida», afirmó Santiago Martín Moreno, médico internista del Hospital General de Segovia en un artículo sobre el tema publicado en la revista profesional Medicina Clínica. Robert Goodman, un internista de Nueva York que dirige un movimiento en Estados Unidos para intentar convencer a los médicos de que no acepten los regalos de las compañías farmacéuticas, afirma por su parte: «Los médicos creen que se están riendo de los visitadores médicos de las compañías al aceptar sus regalos y no prescribir sus medicamentos pero quienes se ríen los últimos son los representantes ya que ellos saben que realmente funcionan». El Director de Farmacia de Baleares, Joan Lluis Serra, ha dicho: «O regulamos la visita y toda la promoción de medicamentos o el sistema camina hacia la pérdida total de credibilidad». En la misma línea se está trabajando en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, conscientes del alcance del problema. Jaime Aubia, vicepresidente del colegio, ha manifestado: «Lo que se está cuestionando es cómo se genera el conocimiento científico, cómo se está investigando, qué se está investigando y cuál es el grado de influencia sobre los investigadores, sobre los líderes de opinión y sobre las publicaciones. Es decir, sobre los médicos que están en el origen del conocimiento científico».

La revista The Journal of the American Medical Association (JAMA) publicó en el año 2000 un trabajo titulado Los médicos y la industria farmacéutica. ¿Es alguna vez un regalo sólo un regalo?» que concluía que estas atenciones «afectan al comportamiento de los profesionales de la medicina y a cómo prescriben los fármacos». Se trata de un metaanálisis de 29 estudios encontrados en Medline y en otras fuentes publicados en revistas de referencia a partir de 1994, todos ellos realizados con rigurosos métodos de estudio. Según los datos recogidos por Ashley Wazana, autor del estudio y miembro de la Universidad McGuill de Montreal, en Quebec (Canadá) los médicos empiezan a tener los primeros encuentros con la industria farmacéutica en la universidad y se repiten, por término medio, a un ritmo de unas cuatro veces al mes durante el ejercicio de su carrera.

Por otro lado están los cursos de educación médica continuada que «financian» las empresas fabricantes de fármacos y que son impartidos por oradores elegidos por el patrocinador. Wazana comprobó que la participación en este tipo de eventos y la aceptación de viajes y alojamiento pagados por la compañía para asistir al simposio repercutía en un aumento de las prescripciones del producto de la empresa. La práctica -extendida durante los años ochenta- llegó a su máxima expresión en los noventa en los que se llegaron a producir ingresos directos de las compañías en las cuentas corrientes de los médicos. Con el final del siglo XX parecía que algunas prácticas podían erradicarse pero en el editorial del estudio mencionado el doctor Robert M. Tenery consejero de Asuntos Éticos y Judiciales de la Asociación Americana de Medicina, llega a afirmar: «En los últimos años muchas de estas prácticas han vuelto».

LO PEOR DE LO PEOR. DONDE LA SALUD REALMENTE YA NO IMPORTA NADA

Y entramos -si no lo habíamos hecho ya antes- en el capítulo de comportamientos abiertamente delictivos. En estos momentos la burbuja de premios, regalos, promociones y sobornos está a punto de explotarle a las compañías farmacéuticas Pharmacia y GlaxoSmithKline en los Estados Unidos donde el Fiscal General del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, anunció hace unas semanas que ha presentado una demanda contra ellas por realizar supuestos acuerdos ilegales con médicos para inflar las ventas de ciertos medicamentos prescritos en ese país. La indemnización reclamada por el fiscal no se ha fijado todavía pero podría ascender a «decenas de millones de dólares» según fuentes oficiales. Se acusa a los laboratorios de haber «sobornado» a varios médicos para que prescriban sistemáticamente sus medicamentos anticancerígenos y así aumentar sus ingresos en los programas de cobertura sanitaria del Gobierno federal. En unas declaraciones que debieran hacernos pensar a todos, Spitzer ha manifestado: «Los neoyorquinos se enfrentan a una crisis del sistema de salud, una crisis que tiene como origen el crecimiento del enorme coste de las recetas médicas» (cabría decir que los neoyorquinos… y todos los demás). «La consecuencia de la inflación de prescripciones -añade- es el impacto en el programa sanitario del Gobierno federal y en el bolsillo de los consumidores de todo el país quienes al final son los que se gastan sumas astronómicas en fármacos».

También se ha notificado al grupo farmacéutico franco-alemán Aventis que podría ser igualmente investigado como sospechoso de haber realizado prácticas similares. La respuesta de las multinacionales siempre es la misma: se disfrazan con la piel de cordero, guardan silencio, ofrecen colaboración y dejan que el tiempo pase. En el mejor de los casos, el proceso será enterrado; en el peor, les tocará pagar una multa. Nada que no se pueda recuperar en el ejercicio siguiente

También hace unos meses el Fiscal del Estado en Alemania acusó a 1.600 médicos alemanes de recibir regalos de GlaxoSmithKline por valor de 25.000 euros en forma de viajes a la final de la copa mundial de fútbol en 1998 en París y a distintas carreras de fórmula 1 así como de recibir regalos (por ejemplo, ordenadores). Otros 5.000 médicos más fueron investigados. Es más, se ha acusado de soborno a más de 380 visitadores de SmithKlineBeecham. En este caso la fiscalía intervino en varios laboratorios de Munich, Frankfurt y Dresden así como en las agencias de turismo que se utilizaron para organizar los viajes. Udo Barske, portavoz de AOK -el mayor seguro médico de Alemania- afirmó al respecto: «Hace muchos años ya que existen estos intentos por parte de las compañías farmacéuticas para colocar sus productos en los hospitales; y usa» incentivos» para ello.»

Las investigaciones en Alemania tuvieron el antecedente de otras efectuadas en Estados Unidos. En octubre del 2001 la americana Laboratorios Abbott y la japonesa Takeda Chemicals recibieron una multa de 875 millones de dólares por fraude en el precio y el marketing sobre un medicamento contra el cáncer. TAP Pharmaceuticals -el consorcio que agrupa a los dos grandes laboratorios- admitió que su personal de ventas había «ayudado» a médicos a facturar a Medicare y Medicaid (sistema sanitario público) por el oncofármaco Lupron que suministraban a sus pacientes cuando ellos recibían las muestras gratis. Pfizer ha sido investigado a nivel federal en Estados Unidos por la promoción del antiepiléptico Neurontin. En su caso la cuestión se centró en la posible violación por sus vendedores de normas federales al promover el medicamento entre los médicos para tratar enfermedades para las cuales no había sido aprobado.

ESPAÑA: CHITÓN, QUE NADIE SE MUEVA

También en España se inició hace tres años una investigación por presunto pago ilegal a médicos que nunca llegó a prosperar y acabó archivada en los juzgados. El escándalo partió de la denuncia formulada por quien fuera durante más de 20 años gerente de área de una multinacional. Y en su denuncia aportó pruebas documentales según las cuales esa multinacional imponía a sus gerentes de área y visitadores médicos la práctica de ofrecer a los facultativos dinero, regalos, viajes, etc., a cambio de que recetaran sus medicamentos. Los visitadores llegaban a ofrecer entre 7.500 y 15.000 pesetas de entonces por cada paciente al que recetan sus productos, obligándose a entregar una ficha con el nombre, enfermedad sufrida y tratamiento prescrito. Según el denunciante, la filial española de la multinacional dedicaba anualmente 400 millones de pesetas a sobornos. La cuestión suscitó el último gran debate político sobre este problema en nuestro Congreso de los Diputados, donde la representante de Izquierda Unida Ángeles Maestro -médica además de congresista- realizó duras acusaciones que fueron sistemáticamente negadas por el Gobierno. Como en cada debate, el ministro se limitó al España va bien, tenemos las situaciones controladas y la justicia dirá. Pareciera como si de repente un profesional de carrera acreditada se hubiera levantado una mañana con ganas de tirar su carrera profesional por la ventana, cosa que finalmente ocurrió. Por desgracia para algunas cosas España no es Estados Unidos y no hubo nadie, ni público ni privado, que tuviera el valor de apoyar al demandante para forzar una investigación abierta. El proceso entró en vía muerta. La multinacional contrató a un ex magistrado de la Audiencia Nacional para defender sus intereses y la situación terminó por superar las posibilidades del ex empleado que se encontró sólo.

Sorprendentemente, ningún partido -ni siquiera Izquierda Unida- decidió presentarse a apoyarle ante la Justicia. El denunciante no llegó así a confirmar la denuncia y, finalmente, ante la inviabilidad de la lucha, de poder hacer frente a las fianzas solicitadas, el caso fue finalmente archivado. Y la mejor oportunidad que nunca hubo en España para seguir las vías abiertas en otros países para tratar de averiguar la verdad sobre ciertos comportamientos se perdió.

EL CASO ITALIANO

Con los mismos mimbres que el ex gerente español denunciaba el escándalo ha estallado ahora en Italia. Tras una investigación sorprendente de ocho meses -llevada con el máximo secreto- la brigada financiera de la Policía Tributaria de Veneto y coordinada por el Procurador de la República de Verona, han sido denunciadas 2. 974 personas acusadas de tres tipos de delitos. El más serio es el de corrupción, cargo del que pueden ser acusadas 72 personas, entre ellas el Administrador Delegado de Glaxo, Kenneth Albert Dipangrazio, un grupo de unos cuarenta miembros de la red comercial de la compañía y otras treinta personas entre médicos y dirigentes de hospitales del sistema de salud italiano. Los funcionarios públicos habrían recibido el dinero y otros regalos por prescribir los productos farmacéuticos de Glaxo. El segundo delito por el que son acusados contempla la violación del artículo que castiga «la concesión o promesa de ventajas pecuniarias o de otra naturaleza a los médicos para mover su voluntad en una dirección u otra. El tercer delito -también en este caso se trata de una multa- castiga el «comparaggio», es decir, escoger -por parte de los médicos- un medicamento respecto a otro de los mismos principios activos o características análogas como resultado de las presiones económicas.

En junio del pasado año los investigadores de la Fiscalía de Veneto (competente para las compañías con presupuestos superiores a los 50 mil millones de las viejas liras) acudieron a Glaxo para terminar una verificación fiscal normal. Lo que empezaba como algo rutinario acabaría en escándalo nacional. Su atención fue atraída por algunas partidas presupuestarias de decenas de millones de euros. La investigación se centró sobre todo en algunas partidas del presupuesto, en los «servicios». Los posibles dobles significados de las expresiones con que estaban registradas despertaron las suspicacias de los investigadores que, por un lado, encontraron dinero entregado -bajo diversas formas- a los funcionarios públicos, médicos de hospitales y asistencia primaria, tratando de mejorar las opciones de sus productos y que podía afectar a los costes farmacéuticos; y, por otro, entregas de dinero o regalos a médicos privados. En un primer momento los investigadores acabaron presumiendo en todo ello violaciones de naturaleza fiscal concernientes a la declaración de algunas partidas. Se trataba de un fenómeno difuso de incentivos que repercutía en el coste farmacéutico y, por tanto, en el servicio médico nacional. Durante el verano la Fiscalía preparó una primera relación en base a los trabajos del Procurador de la República Guido Papalia. En el curso de las investigaciones se recuperarían nuevos documentos y material informático en la sede de Glaxo que abrirían dos líneas distintas en la investigación. Una, la que afecta al delito de corrupción de funcionarios públicos; la otra, el presunto «comparaggio» de médicos públicos y privados. Bajo observación estaban 100 millones de euros asignados en los presupuestos de Glaxo del 2001 y el 2002 a diversos costos de «representación».

Las pruebas se basan en los programas informáticos encontrados en la sede del grupo italoamericano en Verona, en las facturas y en las notas unidas a los balances, en 13.200 horas de escuchas telefónicas y en documentos adquiridos en el curso de 80 registros, de los que 45 se hicieron en dependencias del ASI.

Para controlar a los pacientes existía un sistema sofisticado llamado Giove. Los investigadores supieron de él por primera vez durante una escucha telefónica. Acudieron a la Glaxo y solicitaron los discos del sistema de monitorización de la prescripción de recetas y lo que encontraron resultó inquietante. La compañía era más eficiente que el propio sistema sanitario nacional pues a través de los datos obtenidos por los informadores científicos controlaba lo que prescribían los médicos, el tipo de medicina y los productos del complejo Glaxo que eran recetados. La investigación se concentró en el bienio 99-01. El sistema conservaba las comunicaciones entre la compañía y los investigadores. Los médicos eran fidelizados con un sistema de cuestionarios regularmente facturados y pagados por una compañía de servicios. Un jefe de distrito advertía: «Debemos distribuir el dinero a nuestros médicos cercanos y adoptar un lenguaje no comprometedor».

Un río de dinero, regalos, favores… La disponibilidad de los médicos para firmar «protocolos complacientes» para ingresar algún céntimo de euro por cada medicamento vendido, la rapacidad de quienes no contentos con los cinco millones de liras que les daban por su colaboración eran recompensados con becas de 40 millones de liras, la política de los directivos de la compañía que subdividían a los médicos en tres clases según su potencialidad prescriptiva, el cinismo de los responsables de la compañía dispuestos a organizar convenciones científicas en Disneylandia para vender y elevar la cantidad de medicamentos vendidos… todo ello, está ahora bajo investigación policial.

RELACIONES SOSPECHOSAS

Estos son sólo algunos de los datos que han podido ser conocidos. Pero todo indica que no es sino la punta del iceberg. Luego, ¿qué invita a pensar que en el futuro, de la noche a la mañana, todos van a respetar los códigos voluntariamente suscritos? El «talón de Aquiles» de las multinacionales puede ser precisamente el enorme gasto farmacéutico al que han conducido a los sistemas sanitarios nacionales porque está haciendo que las autoridades se rebelen. Y no deja de ser paradójico que las alarmas hayan comenzado a sonar no por los efectos reales de los medicamentos o por la adecuación de los mismos, no por el hecho de que la gran mayoría de los nuevos medicamentos sean sólo variantes de otros ya existentes en el mercado pero más caros sino a consecuencia del constante aumento del gasto presupuestario. Ya ocurrió algo parecido con Al Capone: al final no fue a la cárcel por matar sino por evadir impuestos.
Bueno, pues después de todos estos antecedentes quieren que nos creamos que todas las partes están interesadas en ser respetuosas con normas nuevas, similares a otras que ya existían y que a su vez eran vulneradas.

Pienso, amigo lector, que con lo que ahora sabe usted le será más fácil contestar a estas sencillas preguntas: ¿considera ahora creíble que en nuestro país, por cada paciente que un médico incluye en un determinado protocolo de aplicación de un medicamento, éste cobre 200.000 de las antiguas pesetas por parte del laboratorio? ¿Da crédito a la afirmación de que algunos visitadores españoles viajan con maletas conteniendo decenas de miles de euros a utilizar según su criterio para ganar voluntades? ¿Será verdad que, en esa búsqueda continua de nueva formas de incentivar a los médicos a algunos les ponen a su nombre coches de lujo cuyas letras paga el laboratorio mientras el médico cumpla con el número mínimo mensual pactado de prescripciones de determinados medicamentos… porque si no ese mes la letra la paga el médico? ¿Le parece creíble que algunos laboratorios lleven un control exhaustivo de las ventas de las farmacias que rodean la consulta de sus «elegidos» para conocer así su nivel de cumplimiento a la hora de prescribir ya que se sabe que el 90% de los enfermos compran lo encargado por cualquier médico en la farmacia más cercana a la consulta?

Los médicos -y otros profesionales de la salud-, algunos de ellos en las propias administraciones públicas, debieran iniciar una regeneración moral de la práctica sanitaria, empezando por no confundir lo público con lo privado. Valga en este punto una «anécdota» que bien pudiera ser elevada de categoría por su importancia y habida cuenta de lo que ha sucedido durante los últimos meses con el Bio-Bac. La publicaba el diario La Razón el pasado 9 de febrero hablando del responsable sanitario del Partido Popular en Madrid, José Antonio Gutiérrez, un hombre que «compatibiliza» su cargo con el de presidente de la Fundación Lilly una de las multinacionales farmacéuticas incluida en el grupo de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pues bien, resulta que las invitaciones a un importante acto del Partido Popular que se iba a realizar bajo el título Mejor sanidad para todos y al que iba a acudir la Ministra de Sanidad Ana Pastor se realizaron desde la dirección de correo electrónico Lilly.com al tiempo que se adjuntaba un documento con el logotipo del PP. Cuenta el periódico que algunos miembros del PP manifestaron su malestar por la forma de hacer las cosas. ¿Por la forma? ¿Y por el fondo? ¿O acaso desconocía el PP las vinculaciones de ese hombre con la multinacional? Y si las conocía, les parece normal? ¿En cuántos niveles más de la administración sanitaria se producen relaciones similares sin que las conozcamos, simplemente porque son más precavidos? Lo dicho, algo más que una anécdota sobre la que, curiosamente, el resto de formaciones políticas decidió pasar de puntillas. Quizás algún día a alguno de nuestros políticos -en el poder o en la oposición- le de por plantear la necesidad de regular el antes y el después de la trayectoria profesional de quienes en algún momento, ejerciendo altos cargos en la Administración, tienen en su mano la posibilidad de beneficiar o no en un momento dado determinados intereses.

En ese sentido, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública es partidaria de la regulación de un sistema de incompatibilidades que permita terminar con cualquier tipo de colusión de intereses. El doctor Marciano Sánchez, portavoz de la misma, comentó a Discovery DSALUD que eran conscientes de que el traspaso entre puestos de responsabilidad en la estructura sanitaria y las multinacionales se habían producido de una manera regular dado que eran cargos de libre designación. «Si las apariencias de independencia quieren guardarse -diría- debería regularse un período de incompatibilidad de al menos cinco años con el sector privado por lo que muchos de los cargos de libre designación debieran ser ocupados por un cuerpo especial de técnicos que trabajara de forma permanente para el ministerio».

Piénsese que el problema de los medicamentos tiene mucho que ver con las «Agencias del medicamento» de los distintos países. Generalmente adscritas al Ministerio de Sanidad, tienen como principal misión asegurarse de que los fármacos que llegan a la población sean, además de eficaces, seguros. Es decir, tienen la responsabilidad de proteger la salud de la sociedad. Pues bien, ese control es en realidad demasiado laxo precisamente por culpa de las relaciones de la industria con algunos cargos públicos, según denuncia un trabajo publicado en The Lancet por John Abraham del Centro para la Investigación en Salud y Medicina de la Universidad de Sussex (Reino Unido). Abraham afirma que «las agencias del medicamento ceden con demasiada frecuencia a los intereses del sector relajando sus exigencias sobre la seguridad y eficacia de los fármacos y, en definitiva, poniendo en peligro los intereses de los consumidores a los que se supone defienden. .En los últimos cincuenta años -afirma Abraham- la industria ha actuado siempre con celeridad para evitar que se tomaran medidas contrarias a sus intereses con la «amenaza» de que afectarían al empleo, a la balanza de pagos o a las exportaciones del país. Y las agencias aceptaron esas amenazas demasiado a menudo lo que, por ejemplo, se tradujo en autorizaciones relámpago o en menores exigencias». Para Abraham uno de los problemas más graves a la hora de aprobar o denegar un fármaco es el de la «independencia» real de los trabajadores de las agencias del medicamento ya que muchos proceden de las compañías farmacéuticas. Y otros muchos sin ese pasado son precisamente «sensibles» a las demandas de las grandes multinacionales pensando que tal vez su paso por determinados cargos públicos pueda suponerles una relaciones privilegiadas y proporcionarles en el futuro la incorporación a cualquiera de las multinacionales donde los emolumentos son, desde luego, muy superiores.

No deja de llamar la atención, en ese sentido, que una encuesta realizada el año pasado a trabajadores del Centro para la Evaluación y Revisión de Medicamentos de la FDA (el organismo que autoriza los fármacos en Estados Unidos) revelara que la tercera parte de los encuestados no se sentía cómodo expresando sus opiniones científicas en su propio puesto de trabajo. Algunos reconocieron incluso haber recibido presiones para que favoreciesen los deseos de un fabricante por encima de los intereses de la salud pública y aseguraron que sus superiores les habían pedido a veces que «cambiasen de opinión» sobre un fármaco. También muchos expertos externos, encargados de revisar los datos presentados por las compañías sobre la seguridad y eficacia de sus productos para asesorar a las agencias, presentan conflictos de intereses. Por ejemplo, en 1989 cuatro de cada cinco miembros del Comité Asesor Británico tenía intereses financieros en la industria farmacéutica. Seis años después eran tres de cada cuatro. Y hay más. Abraham denuncia que «la industria farmacéutica no sólo ha conseguido ganarse posiciones clave de influencia sobre la legislación de medicamentos sino que además ha convencido a los gobiernos, a través de sus agencias reguladoras, de que las organizaciones de consumidores, las asociaciones de pacientes o la propia comunidad médica y científica deberían tener pocos o ningún derecho de acceso al proceso regulador». Es decir, intentan conseguir un poder omnímodo sin ninguna traba o cortapisa. ¿A alguien le puede extrañar ahora que se produzcan casos como el del Bio-Bac?

Con la industria infiltrada en los puestos de decisión la primera víctima en caer en la red es el propio Estado cuya dependencia de la investigación farmacéutica -en manos de las grandes multinacionales- es casi total. El pasado año la industria invirtió 168 millones de euros en investigación clínica y el sector público sólo 0,3.

En tan complejo problema es evidente que toda solución pasa primero por investigar las «relaciones» de los trabajadores públicos de alto rango con la industria y, posteriormente, ir modificando la relación de dependencia con respecto a ésta dotando fondos para la investigación y formación. Para la Federación de Asociaciones en defensa de la sanidad Pública tres son las medidas imprescindibles:

1. Establecimiento de una limitación efectiva del gasto farmacéutico
   
2. Declaración por parte de las compañías de los profesionales que reciban cualquier tipo de regalo o contraprestación dineraria o en especie
   
3. Declaración a Hacienda de los respectivos médicos de todo lo recibido en esos conceptos.
   

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