La Corte Penal Internacional investiga la guerra contra las drogas en Filipinas

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Según datos oficiales, las víctimas relacionadas con la “guerra contra el narcotráfico” serían unas 6.000, pero diferentes grupos nacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales creen que el balance total real alcanza las más de 30.000 víctimas.

La juez Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), en vísperas de la conclusión de su mandato, ha solicitado una investigación completa sobre los asesinatos de la llamada «guerra contra las drogas» en Filipinas. “Anuncio que el examen preliminar de la situación en la República de Filipinas ha concluido y que he solicitado autorización judicial para proceder a una investigación”, ha escrito la juez en una nota hecha pública por el Tribunal.

Según datos oficiales, las víctimas relacionadas con la “guerra contra el narcotráfico” (incrementada durante los primeros meses de la pandemia), serían unas 6 mil: la cifra también es discutida por la misma Comisión gubernamental de Derechos Humanos, que ha señalado un “exceso en el uso de la fuerza”, mientras que grupos nacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales como “Human Rights Watch” y “Amnistía Internacional” creen que el balance total real alcanza las más de 30 mil víctimas. Además, en febrero de 2019 -tres años después de la campaña lanzada en 2016 por el recién elegido presidente Rodrigo Duterte- el Departamento de Justicia filipino admitió la culpabilidad policial en miles de asesinatos de la “guerra contra las drogas”.

La investigación de la CPI abriría una nueva disputa internacional con el gobierno filipino y chocaría inmediatamente con el hecho de que Manila en 2019 retiró su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, como ya sucedió en el caso de Burundi, la Corte mantiene la competencia sobre los crímenes que supuestamente se produjeron en el territorio de ese país durante el período en que era uno de los Estados adheridos al Estatuto. Además, estos delitos no prescriben.

La situación en Filipinas está bajo examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018, y Bensouda ha determinado que hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de asesinato en el territorio de Filipinas entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de la campaña de “guerra contra las drogas”, es decir, antes de que Manila abandonara la CPI. Bensouda ocupó el cargo de Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional desde junio de 2012 hasta hoy, 15 de junio de 2021, cuando finaliza su mandato. Anteriormente fue Ministra de Justicia y Fiscal General de Gambia, además de abogada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

Entre los numerosos grupos de la sociedad civil filipina que han presentado denuncias ante la CPI se encuentra la red católica filipina «Rise Up», que reúne a familias de víctimas, religiosos, sacerdotes, laicos, abogados comunitarios y movimientos eclesiásticos comprometidos con la promoción de la dignidad humana, la justicia y el bien común. “Rise Up” señala que “no ha habido ninguna investigación nacional creíble y efectiva para perseguir los crímenes cometidos en la ‘guerra contra las drogas’, que continúa con total impunidad”, mientras el presidente Duterte reclama para sí la “inmunidad presidencial”. Las familias de las víctimas también señalan que el acceso a la información y a los informes policiales se ha visto obstaculizado durante mucho tiempo y «se han establecido medidas legales y lagunas para proteger a los autores».

Fuente: Agencia Fides (15/6/2021)