La escuela concertada supone para los poderes públicos un ahorro de 3.206 millones de euros anuales, es decir, 1.676,87 euros por alumno, según se desprende del informe que bajo el título «Libertad y Financiación de la Enseñanza: condiciones y exigencias.
En defensa de un sistema de calidad», ha elaborado el Foro Calidad y Libertad de la Enseñanza. Este foro está presidido por el economista Juan Velarde Fuertes e integrado por profesionales de diferentes ámbitos (economistas, profesores, juristas, titulares del centros…).
El documento es el cuarto que emite el Foro desde 1998 y fue presentado por el propio profesor Velarde, el catedrático de Hacienda Pública José Raga y el secretario general de FERE-CECA, Manuel de Castro. A lo largo de un centenar de páginas aborda la relación entre financiación y libertad de enseñanza, compara el coste de un puesto escolar en la red pública y en la privada concertada y resalta el déficit que deben los centros concertados ante la insuficiente dotación de los correspondientes módulos, especialmente en el apartado referido a gastos corrientes.
En relación con la LOE, que en noviembre comenzará a debatirse en el Congreso, el informe denuncia que «supone otro retroceso para la libertad de enseñanza respecto del marco normativo actual».
El Foro considera que «es el momento de diseñar un nuevo sistema de financiación de la educación escolar, que superando insuficiencias históricas y perjuicios infundados haga posible el ejercicio concreto y real el derecho de libertad y de gratuidad de la enseñanza obligatoria para todos los ciudadanos».
Mayor inversión
El documento sustenta esta afirmación en que el gasto público por alumno es «notablemente superior en los centros públicos que en los privados concertados» y en que, en términos porcentuales, «los poderes públicos invierten un 48 por ciento más en los alumnos de la enseñanza pública que en los de la privada concertada».
Según los últimos datos suministrados por el Ministerio, el gasto por alumno de enseñanzas no universitarias en la red pública asciende a 3.517,62 euros mientras en al privada concertada supone 1.840,75 euros por alumno.
Las estimaciones del coste económico que acompañan al proyecto de la LOE reconocen expresamente que el coste económico de un aula de Primaria en un centro público es de 38.196,25 euros mientras que en un colegio concertado baja a 34.072,01. Esto lleva a los redactores del texto a resaltar que el Ministerio reconoce que un mismo puesto escolar cuesta al menos 4.124,24 euros más en la red pública que en la privada concertada.
Asimismo, los datos que este informe utiliza como referencia reflejan que los centros privados concertados escolarizaron 1.741.697 alumnos no universitarios (25,5 por ciento del total) a lo que destina el 15,7 por ciento del gasto educativo. Esto se concreta en 1.840,75 euros por alumnos en un privado concertado y 3.517,62 euros por escolar en un colegio público.
El documento del Foro concluye que «de suprimirse los conciertos, el sector público debería hacer un esfuerzo adicional de 1.676,87 euros por alumno», cifra que multiplicada por el total de escolarizados se dispararía hasta los 3.206 millones de euros, «sin incluir el gasto que supondría las instalaciones necesarias para suplir los 3.049 centros de Primaria y los 2.793 de ESO que en la actualidad se sostiene en régimen de conciertos».
Sin garantías de gratuidad
El documento señala que «mientras se mantenga la situación económica actual de los centros concertados, no es posible ni justo hablar de la gratuidad de la enseñanza obligatoria» y apelan a las auditorías de Hacienda, según las cuales, «el módulo de conciertos no garantiza la gratuidad». En concreto, el déficit en la partida de otros gastos oscila entre el 49 y el 106 por ciento de la cantidad asignada.
Sobre la asignación para otros gastos, los Presupuestos Generales del Estado establecen unos mínimos que las comunidades autónomas pueden superar. De acuerdo con los datos que maneja el Foro, el mínimo oscila entre 5.185,05 euros en Primaria y 7.439,87 euros en ESO. Sólo tres autonomías (Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco) han superado en más de un 25 por ciento estos mínimos. Por contra, Extremadura y Murcia no han variado ese límite y el resto, lo mejoran ligeramente.
«LOE, retraso para la libertad»
Algunas de las organizaciones representadas en el Foro (FERE-CECA y el sindicato FSIE) no se han adherido, al menos por el momento, a la manifestación del próximo 12 de noviembre porque entienden que hay que agotar la negociación. No obstante, mantienen serias discrepancias con el proyecto de reforma y consideran la LOE como una amenaza para la libertad de las familias. «La enseñanza concertada -dicen- no es subsidiaria de la pública. La Administración no puede imponer a las familias un modelo educativo», ya que «son los padres los que tienen el derecho de elegir el tipo de educación, la formación religiosa y moral que desean para sus hijos y, en definitiva, el centro educativo».
La escuela concertada denuncia que «prescindir de la demanda de las familias como criterio de concertación, es uno de los atentados más graves a la libertad que se está dando en nuestra sociedad» y recuerda el papel subsidiario del Estado.
MILAGROS ASENJO
ABC
25 de octubre de 2005
