Las empresas extranjeras que actúan en América Latina y el Caribe evaden impuestos por 50.000 millones de dólares al año. Pero para el conglomerado hegemónico esto no es tan grave.
Siempre que se debaten posiciones es recomendable acudir a datos, hechos irrefutables para acercarnos a una idea de la verdad. La estadística, en economía, es la principal herramienta para superar el discurso bizantino. En reiteradas ocasiones se culpa como responsable de nuestro atraso y pobreza estructural a la falta de seguridad jurídica. Esta grave falacia lleva –en boca de sus defensores- a que las empresas, ante la incertidumbre en el mediano y largo plazo, concentren sus inversiones en sectores que les garanticen alta rentabilidad en corto tiempo. Esta política iría a contramano de lo que la literatura económica recomienda, es decir, inversiones a más plazos.
Y destacamos el término «seguridad jurídica» porque es éste el vocablo utilizado, pero además porque nos sirve de ejemplo de cómo se construye la realidad en el ámbito de la difusión masiva o mal llamada comunicación social. Esta construcción pasa por el cambio de su significado primigenio, que podríamos sintetizar como «la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno», a otro más sintético que podría traducirse como «no puede hacerse nada contra las empresas».
Cuando la prensa hegemónica habla de seguridad jurídica no se refiere al principio de Derecho universalmente reconocido citado arriba, sino a la intención manifiesta de que ni los individuos ni el Estado pueda actuar (legislar, controlar, actuar) el accionar de las empresas privadas. Un principio se convierte así en un interés.
Esta introducción viene a cuenta de una información generada por la organización Christian Aid y difundida por la BBC sobre la evasión que las empresas multinacionales realizan en América Latina y el Caribe. Cuantificó en 50.000 millones de dólares el monto que estas compañías dejan de tributar cada año en las naciones ubicadas el sur del río Bravo. La misma fuente señala que esta conducta penalmente punible «limita seriamente el desarrollo de esos países».
La misma fuente estima en 160.000 millones de la moneda estadounidense la evasión de estas empresas en todo ese universo llamado Tercer Mundo. Esta es una cantidad entre tres y cuatro veces superior a los entre 40.000 y 60.000 millones de dólares que el Banco Mundial estima que se precisan para financiar los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El director de Christian Aid, Daleep Mukrji, sostiene que las muertes de «5.600.000 niños en todo el mundo podrían evitarse entre los años 2000 y 2015 si el pago de impuestos de estas compañías fuese un hecho». El cuánto llama mucho la atención. La cifra de 50.000 millones de dólares es el monto de las exportaciones argentinas en 2007, por ejemplo. Esa cifra es, a su vez, el total de las reservas monetarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Así como el cuánto, también el quiénes llama poderosamente la atención. British Petroleum (petrolera británica, ganancias en 2005 22.450 millones de dólares), Wal-Mart (minorista estadounidense, ganancias en 2007 11.300 millones), Royal Dutch Shell (petrolera angloholandesa, 22.500 millones en 2006) y ExxonMobil (petrolera estadounidense, 39.500 millones en 2006) entre otras, son blanco de acusaciones de esta asociación cristiana. Según el informe, esta millonaria pérdida significa un obstáculo a un crecimiento sostenible e independiente de los países pobres.
Este es el dato frío: las empresas multinacionales evaden impuestos en América Latina y el Caribe por 50.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué hacer? Aquí es donde resurge con todo su impulso el concepto restringido de seguridad jurídica. El discurso que enuncia el bloque hegemónico sería algo así como «no debe sancionarse a las empresas (por la evasión impositiva) porque este tipo de acciones atenta contra la seguridad jurídica». Luego, todo lo que mencionamos antes: sin seguridad jurídica no vienen las inversiones de largo plazo, no hay inversión, no hay crecimiento sostenido, mayor atraso y pobreza.
Lo más destacable del dato aportado por Christian Aid es que se ha cuantificado el costo de la seguridad jurídica acotada: 50.000 millones de dólares. Ese monto es, precisamente, lo que la falta de seguridad jurídica ha generado como ingresos a las empresas multinacionales que operan en nuestro medio. Y que los países han dejado de percibir. De existir auténtica seguridad jurídica, esas empresa habrían sido denunciadas penalmente y sus directivos deberían responder ante la Justicia por violar las leyes tributarias. Y los Estados dispondrían de esa enorme suma de dinero para cumplir con sus deberes. Pero las empresas, los medios y sus adláteres solo claman cuando se le exige a las empresas que cumplan con sus obligaciones legales.
En estas condiciones, no sólo se torna necesario poner en evidencia estas cuestiones y señalar a los culpables, sino también tratar de leer correctamente cómo se construyen los discursos en la eterna lucha de poder. Porque si tanto se pregona que debe respetarse la seguridad jurídica, las empresas mediáticas y sus voceros deberían poner el grito en el cielo para que estas compañías sean juzgadas y condenadas por alta evasión impositiva.
Si no es así, entonces no se están discutiendo principios sino intereses.
