La mezquina injerencia del FMI y el Banco Mundial en la R. D. del Congo

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El FMI ha conseguido una nueva victoria al final de su última misión en la República Democrática del Congo (RDC) al obtener la revisión del famoso contrato chino firmado en 2007

La supresión de la garantía del Estado congoleño en dicho contrato, de esta forma, rebaja el controvertido préstamo de China de 9.000 a 6.000 millones de dólares. El convenio, calificado erróneamente de «contrato del siglo», en principio preveía una inversión de 6.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras (construcción de carreteras, vías de ferrocarril, hospitales, universidades, alojamientos sociales) y 3.000 millones para el sector minero. Por lo tanto, el FMI ha ganado el pulso contra China, pero sobre todo mantiene su dominio sobre la política económica de la RDCongo.

Esta nueva injerencia del FMI en los asuntos internos de la RDC demuestra, una vez más, toda la hipocresía de las potencias occidentales que utilizan las instituciones financieras internacionales (IFI) para saquear los recursos naturales que pertenecen a los congoleños. En efecto, durante las negociaciones para la revisión del contrato chino, el Banco Mundial, respaldado por la embajadora de Canadá y Hillary Clinton durante su paso por Kinshasa, presionó al gobierno congoleño para que revisara su decisión de cancelar la «sociedad» KTM (Kingamyambo Musonoi Tailings), establecida ilegalmente entre la empresa canadiense First Quantum, el Estado congoleño, la empresa pública congoleña Gécamines, la sudafricana Industrial Development Corporation y la SFI (Societé Financière interntionale), que no es otra que la filial del Banco Mundial encargada de apoyar al sector privado… (1). Hay que subrayar, por lo tanto, que los contratos leoninos no plantean problemas a las IFI cuando los intereses de las potencias occidentales están en juego. Esos dos hechos simultáneos en la RDCongo demuestran con claridad que el Banco Mundial y el FMI son instrumentos que utilizan los países del Norte con fines geoestratégicos y económicos.

No cabe ninguna duda de que el contrato chino, pieza esencial para la realización de las cinco obras del presidente Kabila, no es un contrato «ganador-ganador» como pretende China (2), sino más bien una nueva ofensiva del gigante asiático para acaparar los recursos mineros del continente negro. Con ese contrato, China tiene acceso a 10 millones de toneladas de cobre, 620.000 toneladas de cobalto y 300 toneladas de oro, mientras que los congoleños deberán reembolsar la deuda generada por ese contrato de préstamo.

Oficialmente, es ese riesgo de sobreendeudamiento el que ha impulsado al FMI a intervenir en este convenio bilateral. Blandiendo el estandarte de la «buena gobernanza» y practicando un chantaje inaceptable, el FMI ha conseguido finalmente su objetivo, manteniendo así su tutela sobre la RDCongo. Es un chantaje doble: sin la revisión del contrato, la RDC habría podido despedirse de un nuevo acuerdo trienal con el FMI en concepto de «Crédito para la reducción de la pobreza y para el crecimiento (FRPC)», así como del punto de terminación de la iniciativa PPTE (Países pobres muy endeudados), presunta aliviadora de su deuda externa que en la actualidad llega a 12.300 millones de dólares. Es casi la misma suma que ya se reclamaba a la RDC a la muerte de Laurent Désiré Kabila en 2001, justo antes de que el Banco Mundial y el FMI se presentaran como caballeros andantes para organizar una gran operación de reducción de deudas que el CADTM había denunciado como malversaciones. Hay que señalar que los servicios del FMI todavía tienen que confirmar que «el acuerdo así enmendado es conforme a la viabilidad de la deuda (3)» antes de aprobar el nuevo programa trienal (2009-2011), y que la RDC es un rehén de ese punto de finalización desde 2003, puesto que este último ya se prorrogó en tres ocasiones por decisión del FMI.

Ahora bien, esta deuda que el Estado congoleño sigue reembolsando a pesar de la crisis económica mundial, es el arquetipo de una deuda «odiosa», puesto que una gran parte fue contraída por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales, especialmente el FMI y el Banco Mundial. Dicha deuda no tiene ningún valor legal y el gobierno congoleño debería declararla nula. Para basar la nulidad de esta deuda y rechazar su reembolso, los poderes públicos deberían, como exige la Declaración de la Octava Cumbre de los pueblos de la SADC (4), celebrada en Kinshasa del 5 al 6 de septiembre de 2009, proceder inmediatamente a la auditoría de dicha deuda con el fin de sacar a la luz la parte ilegítima: la que no ha beneficiado a la población. Todos los años, el servicio de la deuda acapara alrededor de 500 millones de dólares, es decir, casi tres veces la ayuda de emergencia concedida por el FMI el pasado mes de marzo.

La RDCongo no es un caso aislado. En el conjunto de los países en desarrollo, el reembolso de las deudas ilegítimas, combinado con los condicionamientos dictados por los proveedores internacionales de fondos, constituye un obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, así como una violación manifiesta del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y especialmente de sus recursos naturales. Por lo tanto, la emancipación de las poblaciones del Sur tiene que pasar necesariamente por la anulación incondicional de la deuda del Tercer Mundo y la ruptura tajante de los acuerdos con las IFI.

En efecto, los países en desarrollo no tienen nada que esperar de esas instituciones incapaces de librarse del credo neoliberal conocido con el nombre de «Consenso de Washington», responsable del empobrecimiento de miles de millones de personas desde la crisis de la deuda de 1982. Tampoco hay que olvidar que esas instituciones se han convertido en cómplices de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar financieramente dictaduras como la de Mobutu o financiando el apartheid en Sudáfrica. Así, el Banco Mundial y el FMI, imperativamente, deben rendir cuentas ante la justicia y ser sustituidos por nuevas organizaciones internacionales democráticas y respetuosas de los derechos humanos fundamentales.

Traducido por Caty R.

Fuente: Rebelión/CADTM   21-09-2009