Pocos Juegos Olímpicos (JJOO) han dejado realmente un legado sustancial para la población más allá de deudas e instalaciones en muchas ocasiones olvidadas
En el caso de Río 2016 el panorama no se presenta muy diferente y los movimientos sociales no sólo critican la falta de preocupación por inversiones que realmente consideren la necesidad de la población más necesitada de Río, sino también la gestión de los gastos del evento y los acuerdos público-privados establecidos.
El presupuesto inicial de los Juegos en la candidatura de 2008 era de 28.800 millones de reales (8.200 millones de euros), pero acabó resultando en 39.070 millones de reales (11.120 millones de euros), de los cuales un 43% corresponderían a inversiones del sector público y un 57% al sector privado, según los datos oficiales. Eduardo Paes, alcalde de Río, insiste en reiterar la viabilidad de las inversiones y la necesidad del capital privado, proveniente del Consorcio Rio Mais, que incluye a las mayores constructoras del país. Una gran parte de este presupuesto se destina a la reestructuración de la ciudad a través de proyectos que no siempre se vinculan directamente a los Juegos pero que legitiman estas intervenciones urbanísticas.
Sin embargo, según investigaciones del Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas esta cifra se invierte, aumentando hasta un 62,5% el total desembolsado hasta el momento por el poder público y un 37,5% de capital privado. Según el Instituto PACS (Políticas Alternativas para el Cono Sur), los recientes eventos deportivos que han tenido lugar en Rio (Panamericanos 2007, Copa del Mundo 2014 y Juegos Olímpicos 2016) han servido para intensificar la apropiación privada del patrimonio y de la infraestructura pública a través de los acuerdos de construcción público-privados, donde los costes están divididos pero los lucros son apropiados por unos pocos.
Policía y seguridad en zonas nobles.
Los grupos criminales se desplazan a zonas periféricas con menos presencia policial y más población empobrecida.
Hay consenso en que el motivo [de la violencia y criminalidad] tiene nombre y apellidos: las UPPs (Unidades policiales pacificadoras) que, presentes en decenas de favelas de la ciudad de Río de Janeiro, habrían provocado la migración de criminales de la capital para la Baixada”, reza un comunicado divulgado por el Ayuntamiento de Nova Iguaçú, otra de las localidades que integran esta región periférica.
Uno de cada diez habitantes de la Baixada Fluminense vive con menos de 39 euros al mes, según el Instituto Brasileño de Estadística y Geografía (IBGE), mientras que uno de cada cinco niños en edad escolar no va al colegio. Los tres grandes comandos de traficantes que operan en Río de Janeiro encuentran en este contexto de miseria y abandono institucional el terreno ideal para captar adeptos e imponer su ley. No hay cifras oficiales sobre el número de vecinos de la Baixada que dejan atrás sus hogares de toda la vida para mudarse a zonas menos peligrosas.
La turística zona sur de Río cuenta con un agente por cada 55 habitantes, mientras que en São João de Meriti, uno de los 13 municipios que componen la Baixada Fluminense, hay un total de 50 policías militares para 467.000 habitantes. El alcalde de esta localidad, Sandro Matos, explica que los servicios de limpieza deben ir escoltados por batallones de los cuerpos de operaciones especiales (los BOPE, inspiradores de la saga Tropa de Élite), porque los traficantes impiden la colecta de basuras.
El 16 de agosto, una semana antes de la clausura de los Juegos Olímpicos, arranca la campaña electoral para las municipales de octubre. En lo que va de año once políticos de la Baixada Fluminense murieron asesinados, lo que llevó a la Junta Electoral de Río a pedir que los militares no abandonen Río tras las Olimpiadas y sean desplegados en la periferia durante los comicios locales para “evitar lo que pasó en las últimas elecciones, cuando la milicia impidió hacer campaña en las comunidades bajo su control y amenazó a la población para que votara a sus candidatos”, declara Sidney Madruga, presidente de la Junta Electoral de Río de Janeiro.
Prostitución
La prostitución, la esclavitud sexual, presente en Río de siempre, se incrementa exponencialmente en los días de los JJOO.
En los clubes de la turística Copacabana… en las calles, se hacen presentes decenas de mujeres sumergidas en esta esclavitud. Viven hacinadas en apartamentos dejando atrás familia, ilusiones de montar negocios o cambiar simplemente el devenir de sus vidas. Muchas de ellas no han conocido la infancia. Contraen deudas con los proxenetas que tienen que pagar como primera obligación.
En el diario el País se publicaron testimonios como el de Luiza.
Luiza tiene 32 años, vino del Estado de Espírito Santo, a 500 kilómetros de aquí, y aprendió a cocinar con una mujer a la que considera su madre, la directora del orfanato donde vivió hasta los 19 años de edad. Hacía casi una década que no se prostituía, pero regresó después de separarse de su marido, por quien había salido de los clubs. Cuando comenzó a trabajar como prostituta, tras salir del orfanato, sus ambiciones eran sencillas: comprar salmón y comer algodón de azúcar, lujos para una niña sin infancia.
….Hoy tiene que rehacer su vida y quiere abrir un restaurante, pero no tiene dinero. Se enteró de la oferta de venir a Río a trabajar en este club y aceptó. A disgusto. Es tímida: «Hasta hoy no consigo entrarles a los clientes», dice. Luiza se quedará en Río hasta el 22 de agosto, fin de la competición, con el objetivo de dejar atrás las calles para siempre.
…La oferta que Luiza y las otras 12 mujeres recibieron incluye el viaje de ida a Río, la alimentación, el transporte y el alojamiento gratuito. A cambio, están obligadas a trabajar en el club ocho horas al día, de lunes a viernes, a seducir a los clientes para que consuman y a prostituirse el mayor número posible de veces cada noche. Los interesados pagan 100 reales (27 euros) para entrar en el local, 300 reales (81 euros) por acostarse con mujeres y otros 100 reales por el cuarto. La prostitución no es un delito en Brasil y está reconocida por el Ministerio de Trabajo desde 2012, pero lo que los socios de la casa hacen se considera proxenetismo, que castigado con hasta cuatro años de cárcel.
Los pobres no cuentan en estos grandes eventos, lo vimos en Pekin o en Londres. Y Brasil ha tenido Mundial y Juegos Olímpicos en poco tiempo, y ahora en medio de una crisis política e institucional muy importante.
Redacción: solidaridad.net
Fuentes: Diario El País, La Marea