Casi un cuarto de millón de jóvenes se han visto obligados a volver a vivir con sus padres ante la dureza de la crisis económica asociada a la pandemia, que está resultando especialmente intensa para quienes se encuentran en los primeros años de la vida laboral y que ha provocado un cortocircuito en los procesos de emancipación, que ya no eran muy potentes por la extensión de la precariedad en la última década.
Un total de 228.600 personas de 16 a 35 años volvieron a vivir con sus padres a lo largo del año pasado, según indican los datos de la Media de Trimestres de la EPA que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), que vuelve a situar esa cifra por encima de los seis millones de personas una década después.
Ese nivel se superó por última vez en 2010, a comienzos de la anterior crisis y en un escenario demográfico muy distinto del actual: los 6,13 millones de jóvenes que entonces vivían con sus padres eran poco más de la mitad (52,2%) del colectivo, que entonces sumaba 11,73; los 6,02 actuales se acercan a las dos terceras partes (63,1%) de los 9,54 que lo forman hoy.
Esa cifra da idea de la magnitud del cortocircuito que se ha producido en los procesos de emancipación. Como también la da el hecho de que, según los datos del INE, esa cifra de 228.600 personas resulte superior al censo de ocho provincias de la España vaciada: Huesca (222.000), Cuenca (196.139), Zamora (170.588), Palencia (160.321), Ávila (157.664), Segovia (153.478), Teruel (134.176) y Soria (88.884).
La situación es dramática en España, con una tasa de paro juvenil del 40% y una de temporalidad del 60% entre quienes logran emplearse, a lo que se añaden las rotaciones y los bajos sueldos. «Si se le suman los precios de la vivienda, es imposible construir una trayectoria vital y un hogar«, señala el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, que añade que «eso provoca frustración y genera un polvorín. Un país no puede salir a flote dando ese trato a su juventud».