La decisión del Gobierno de Zapatero de abrir un nuevo capítulo de concesiones de licencias de la radio y de la televisión digital y analógicas, en el ámbito nacional, autonómico y local, con el gran argumento o excusa del «pluralismo informativo», se ha convertido en el cañonazo de salida de la segunda parte de la guerra nacional mediática.
Por Pablo Sebastián
Estrella Digital
08/02/05
Además de presentar la oferta como la tarta envenenada que este Gobierno ha puesto en el escaparate de la comunicación, a fin de que los comensales moderen su crítica al poder hasta el día «D» de las concesiones —o de las elecciones—, que no serán a gusto de todos. Y que, a la vista de lo que ocurre, conducirán al reforzamiento de los dos grandes bloques hoy en presencia, de la izquierda y la derecha, donde compiten a cara de perro y en primera fila los diarios El Mundo y El País. Y donde el pluralismo informativo, editorial y cultural está hoy, más que nunca, sometido al dictado de los editores y de los grandes partidos de una y otra orillas de este «Río Bravo» español.
Para darnos una idea del revuelo acontecido por el anuncio del Gobierno basta ver la actitud ylos editoriales de los principales medios que están a la caza de las nuevas concesiones, a sabiendas de que las televisiones y las radios digitales son hoy día una quimera que depende más de los ciudadanos que de la voluntad del Gobierno. Y que lo que hoy prima y provoca la urgencia y la ansiedad son las concesiones analógicas como paso previo a la transformación digital, que no es tan sencilla ni tan cercana como se dice.
En el campo de Marte de la televisión, la cuestión de las concesiones analógicas es la pieza maestra del debate, sin olvidar las incipientes cadenas de las televisiones locales. De ahí la insatisfacción del Grupo Prisa que, como se desprende del editorial del diario El País el pasado domingo, bajo el título «La maraña permanece»,(ver texto anexo) le pide al Gobierno barra libre y legislación única —en ello no le faltan razones, por el galimatías actual en reglamentos y leyes— para consolidar sus tres fuentes de poder televisivo: Sogecable, Canal Plus en abierto y Localia con permiso de emisión en cadena en toda España.
El Gobierno le ha «habilitado» a Prisa una clara posición dominante en la radio (Cadena SER), permitiendo la concentración de hasta el 50 por ciento de emisoras locales, y le anuncia que para el otoño Canal Plus podrá emitir en abierto. Pero los de Polanco además quieren tener a Localia con todas las de la ley en cadena, mientras el resto de concesiones de televisión analógica deberán hacer marca, buscar contenidos, orientar antenas y pelear duro contra el pirateo de las cadenas locales para hacerse un hueco, si el Gobierno por fin les da licencia —»para matar en política y en campañas electorales»— para entrar en el campo audiovisual.
Atención a Globomedia
Concesiones nuevas por las que se pelean no pocos grupos de comunicación, y aquí incluida la de Globomedia, en actual proceso de fusión con Media-Pro (productora catalana afín al Govern de la Generalitat), que se presenta como la gran estrella emergente afín a este Gobierno —o al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso—, para que en el centro izquierda habite alguien más que el Grupo Prisa, y para que la presión de éste no sea tan evidente sobre el Gobierno y el PSOE. Algo así como lo que se hizo en el «régimen» de Felipe González con el multimedia que Alfonso Guerra montó en torno a la ONCE, que incluía a una parte de Telecinco, a Onda Cero Radio y al diario El Sol (con el Grupo Anaya), periódico que se hundió, lo que llevó a Guerra a propiciar con la ONCE la caza y la posterior liquidación de El Independiente.
El régimen felipista tenía así la Coca-Cola (con Prisa) y la Pepsi-Cola (con la ONCE) en el centro izquierda. Pero al final, y una vez caído Guerra del Gobierno por la batalla que los Solchaga, Semprún y Prisa le plantearon con motivo de los escándalos de su hermano Juan Guerra, el «multimedia B», la Pepsi-Cola de Guerra y la ONCE, se desmoronó, quedando el grupo de Polanco como dueño y señor de esa situación, en el centro izquierda español.
Ahora es Globomedia —que dirige José Miguel Contreras, con influencia y capacidad de negocio en TVE— la estrella emergente en competencia (o a medias) con Prisa, en la orilla zurda del Río Bravo, como firme aspirante a una nueva concesión de televisión analógica, con la que sueñan el diario El Mundo a través de VEO o de Unedisa, Vocento (ABC y antiguo Grupo Correo), los catalanes de Grupo Z y del Conde de Godó, y otros de menor cuantía.
Naturalmente, el diario El Mundo, o su director, Pedro J. Ramírez, está en la carrera y ha dado pruebas de nerviosismo en los últimos días a propósito de las ventajas que se le anuncian al Grupo Prisa por parte del Gobierno de Zapatero. Pero algo ha cambiado en las últimas horas tras la entrevista del diario a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que recibió ayer los elogios de un editorial titulado «La vicepresidenta aúna firmeza y moderación», que tendrá mucho más que ver con el campo audiovisual que, por ejemplo, con el Plan Ibarretxe o el esperado Plan Maragall.
Aunque se entiende que El Mundo (que es propiedad del Corriere della Sera, lo que le sitúa en «la invasión italiana» del periodismo español) o su director, apoyado por el ministro José Bono, reclame «lo suyo». A ser posible la entrada en el reparto de la televisión analógica a la espera de la llegada, ya veremos para cuándo, de la digital. Y no les falta razón si a todos se les aplica el mismo reglamento que a Prisa. Y ello por más que en Madrid circulen rumores sobre el acercamiento de los editores italianos de El Mundo (algo difícil de cuadrar) a los italianos y los catalanes, José Manuel Lara, de Antena 3 TV, en estas hoy revueltas aguas del Río Bravo de la información.
Sin olvidar que todos ellos, a la vez, también pelean por las nuevas licencias de radio y televisión en lo autonómico y en lo local, y de especial manera en la Comunidad de Madrid, donde los sectores más vociferantes de la derecha confesional esperan obtener una ventajosa posición, en menoscabo del centrismo liberal que lidera Esperanza Aguirre y que le será tan necesario a la presidenta de la Comunidad en las elecciones del 2007.
La opción Vocento
Los de Vocento, todavía accionistas de la cadena Telecinco de Silvio Berlusconi, argumentan con el tamaño de su grupo y su españolidad, por más que en estos tiempos de «rojo y azul» sin más matices, otros más aguerridos y militantes, a la izquierda y la derecha, se acaban llevando al río la «inocencia» del poder. Sin olvidar que Vocento —que sueña con quedarse con TVE 2, para evitar hacer marca y pelear en el espacio audiovisual— también está inmerso en la batalla por la televisión local. Porque, por lo que se ve, en esta pelea no cabe moderación, o PSOE o PP. En lo que respecta a los del Grupo Z —amigos de Maragall—, carecen de una presencia diaria en Madrid y eso está debilitando su posición, como le ocurre al Conde de Godó, Moll u otros posibles aspirantes a la gran lotería de la televisión analógica nacional.
La que protestan Telecinco y Antena 3 TV para evitar competencia publicitaria y de audiencia, aunque, como recordaba El País, Berlusconi no está en condiciones de dar a nadie lecciones de pluralismo, de la misma manera que resulta muy sospechoso el entusiasmo de ambas cadenas por la televisión digital, a sabiendas de que ese tiempo nadie sabe cuándo llegará.
En cuanto al argumento del pluralismo del que habla Zapatero en el Congreso de los Diputados es, simplemente, la excusa oficial para tener a todos los editores con la nariz pegada en el escaparate de la pastelería audiovisual del poder, en pleno debate sobre la unidad de España y en vísperas de las citas electorales que van a llegar. Empezando con el referéndum sobre Europa, lo que nos recuerda que Felipe González abrió la caja de Pandora de sus licencias de TV días antes del referéndum de la OTAN.
Y puestos ahora a recordar, tampoco conviene olvidar que José María Aznar se fue del poder sin arreglar, como debió haberlo hecho en favor de un pluralismo verdadero y de la democracia, el mapa español audiovisual, dejándole a Zapatero la propiedad de la pastelería, a cuyas puertas ha empezado la segunda guerra mediática, ansiosos unos y otros de entrar en el reparto, aunque algunos regalos —visto está en las concesiones digitales— sean una ruina o una quimera difícil de rentabilizar. Ahí están la televisión de pago o el cable como ejemplos que no convienen desdeñar.
Editorial de EL PAIS
domingo, 6 de febrero 2005
LA MARAÑA PERMANECE
El Gobierno aprobó el viernes, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley por el que impulsa la televisión digital terrestre. La norma pone fecha al apagón analógico, el 2010 y, entre otras muchas cosas, suprime la limitación de tres concesiones para la televisión analógica que estableció el PSOE en 1988, hace ya dieciséis años, cuando las posibilidades tecnológicas eran muy distintas a las actuales.
La primera reacción que suscita la lectura del proyecto es que, como siempre que se legisla en temas audiovisuales, trata de arreglar algunas cosas -veremos si lo consigue-, pero se olvida y se acobarda ante lo único que de verdad podría hacerse: regular, unificar y simplificar el marco de legislación audiovisual en el que han de moverse todos los sectores implicados, públicos y privados.
El mapa televisivo español está ahora sujeto a una maraña de normas jurídicas, con cruces y acumulaciones de leyes y reglamentos que impiden el normal funcionamiento del sector. Resulta casi imposible cumplir una norma sin que se esté al borde de vulnerar otra. Y junto a este enjambre legislativo, existen aún vacíos clamorosos que ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, se ha atrevido a regular en serio.
Baste señalar, como ejemplo, el caso de las televisiones locales, a cuyo amparo crecen como hongos sospechosas ofertas. En otros casos, la Administración ha utilizado la facultad reglamentaria como saeta política. Un reciente ejemplo de esta maraña legislativa y sus efectos perniciosos es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el reglamento que con dudosa premura y con vulneración de la ley, como ahora se ha visto, dictó el Gobierno del PP en 1998 para diseñar el modelo de televisión digital terrestre.
Por lo demás, resulta grotesco que la mayor opositora a la ampliación de licencias que plantea el proyecto de ley aprobado el viernes, que se presenta a sí misma como adalid del pluralismo informativo, sea Tele 5: la cadena de televisión que está en manos de Silvio Berlusconi, amo absoluto del gran monopolio de la televisión en Italia, y que aún está acusado en la Audiencia Nacional española de 6 delitos fiscales y otros 6 de falsedad en documentos por sus operaciones financieras en Tele 5, juicio solamente interrumpido por la inmunidad de que goza mientras ocupe la jefatura del Gobierno.
El problema de la nueva norma no es que abra las puertas a más oferta, sino que no diseñe con claridad el sistema de concesiones, los criterios de compatibilidad, etcétera. Se trata de una reforma limitada que se deja en el tintero demasiadas cosas y que mantiene, por ejemplo, el criterio de la televisión como servicio público sin precisar las obligaciones que ello conlleva, una herencia de la época en que había una única televisión y los vecinos acudían al teleclub para contemplar aquella rareza.
En cualquier caso, no se acaba de entender la premura del Gobierno en elaborar este proyecto de ley, cuando se está a la espera de definir el nuevo marco de la televisión pública conforme al dictamen del comité de sabios. Porque según cuál sea la fórmula que se elija, el mercado privado tendrá más o menos opciones de crecimiento. La maraña permanece.