Hay polémica en Bolivia por el proyecto de legalización del aborto que el gobierno promueve en el marco de una reforma del Código Penal, y que despenaliza esa práctica en «las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez», cuando la mujer «se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o sea estudiante»
El proyecto despenaliza además el aborto en «cualquier etapa de la gestación» en los casos en que haya riesgo para la vida o para «la salud integral» de la embarazada, «malformaciones fetales incompatibles con la vida», si el embarazo fuese fruto de una violación o en caso de ser la madre adolescente.
También ordena al Estado disponer los medios para que se puedan realizar estos abortos y en un rasgo absolutista prohíbe alegar objeción de conciencia para no practicarlos.
Parece sorprendente que sea el Gobierno de izquierda de Evo Morales el que vea en el aborto una solución a la pobreza. Lo que los nazis hacían por racismo ahora es promovido por razones de clase. Una concepción malthusiana digna del más salvaje capitalismo es sin embargo defendida en nombre del socialismo del siglo XXI.
Como era de esperar, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) reaccionó. «Como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos; el Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos», señalaron los obispos en un comunicado, en el cual además de ratificar su defensa del «derecho a la vida», como «un derecho fundamental», recordaron las palabras del papa Francisco, en su visita a Bolivia, cuando exhortó «a proteger y cuidar a los más vulnerables» y «a trabajar por la vida y la dignidad de todos, especialmente de los más pobres».
El director de la película, Jorge Sanjinés, es uno de los cineastas más reconocidos de un cine latinoamericano de denuncia. Su film, estrenado en 1969, denunciaba que un grupo de médicos de un «Cuerpo del Progreso» (en alusión al Peace Corps) estaba esterilizando a las mujeres indígenas, sin su autorización y bajo la excusa de darles asistencia médica. Los hombres y mujeres del pequeño pueblo donde ocurren los hechos empiezan a notar que nadie está gestando niños y realizan ceremonias a la Pachamama. «Que nuestra cultura no se extinga», le piden a la madre tierra. El cacique local —que en la película actúa de sí mismo— empieza a sospechar, investiga y finalmente encara a los voluntarios extranjeros. La réplica de uno de ellos, tiene irónicas resonancias presentes, a la luz del proyecto promovido por el primer presidente indígena de Bolivia: «Sólo esterilizamos a las mujeres que tienen muchos hijos».
La película está inspirada en un hecho real y causó tanto impacto que poco después, en 1971, el Cuerpo de Paz fue expulsado de Bolivia por el Gobierno de Juan José Torres.
En La sangre del cóndor «denuncia el genocidio de las razas inferiores», dice Stephen M. Hart en el libro A companion to Latin American Film. Otro cineasta boliviano, Alfonso Gumucio Dagron, dijo que «Yawar Mallku (La sangre del cóndor) es una parábola del imperialismo: el control de la natalidad extranjero fue un hecho real, (…) la mutilación médica es vista como símbolo de la intervención en Bolivia y en América Latina (…) y la esterilización también sirve como poderosa metáfora del silenciamiento de la cultura regional».
