Los ocho países más ricos supeditan préstamos a la privatización del agua

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Estados Unidos y otros países del G8 aplican una política de doble estándar en lo que se refiere a los servicios de agua potable y saneamiento. El Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han condicionado la entrega de créditos a la aplicación de programas que implican la apertura de los servicios de agua y saneamiento al sector privado y el aumento de tarifas para que éstas cubran los costos de operación.

Fuente: Bolpress

Estados Unidos y otros países del G8 aplican una política de doble estándar en lo que se refiere a los servicios de agua potable y saneamiento. Aunque las naciones desarrolladas han reconocido que la inversión pública en estos sectores genera importantes beneficios en términos de salud pública, igualdad social, medio ambiente y crecimiento económico, exigen a los países pobres lo que aún no se atreven a hacer en casa: condicionar la entrega de recursos al recorte de subsidios, aumento de tarifas y privatización de servicios.

Un análisis de la organización no gubernamental Globalization Challenge Initiative reproducido por el diario La Jornada de México da cuenta que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han condicionado la entrega de créditos a la aplicación de programas que implican la apertura de los servicios de agua y saneamiento al sector privado y el aumento de tarifas para que éstas cubran los costos de operación. Sólo en el año 2000 se contaron acuerdos con 12 países solicitantes de préstamos que incluían estas condiciones.

Entre los casos recientes, el estudio destaca el de Nicaragua, donde se aplicó un aumento de 30% a las tarifas del agua para cumplir lineamientos del FMI y del BID. En Ghana el incremento recomendado por los organismos internacionales fue de 95%. En Tanzania, un proyecto del BM propuso “mejorar” las operaciones privadas de abasto de agua mediante “un aumento gradual de las tarifas hasta un nivel comparable con el costo marginal a largo plazo”. Estas políticas están empezando a revertirse contra sus promotores del mundo industrializado: en EEUU, los recientes recortes fiscales y la creciente demanda hacen poco probable que existan suficientes recursos públicos para mantener el servicio sin aumentar los cobros.