Las aportaciones privadas sumaron 5,9 millones de euros en 2013, la mitad que en 2007 cuando no se habían prohibido las donaciones anónimas. No obstante los principales partidos siguen dependiendo de la financiación mediante subvenciones públicas.
El Tribunal de Cuentas ha remitido ya a los partidos políticos un informe preliminar de sus estados contables correspondientes al ejercicio de 2013 para que hagan las alegaciones que consideren antes de la aprobación definitiva. El documento concluye que ninguna de las formaciones políticas con representación en las instituciones que han sido fiscalizadas tiene deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
En la introducción de ese informe se dibuja el escenario financiero en el que se movieron los partidos en 2013, un año de crisis económica. Las subvenciones públicas de las distintas administraciones para el funcionamiento ordinario de las formaciones sumaron 196 millones de euros, una cifra muy inferior a la gastada sólo dos años antes (236 millones) cuando arrancaron las legislaturas en el Gobierno central y la mayoría de Ejecutivos autonómicos así como los mandatos en los más de 8.000 ayuntamientos de toda España.
Las reformas legislativas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos (tres cambios desde 2007), la crisis económica y los escándalos de corrupción explican la curiosa evolución de ingresos y deudas en la historia de los partidos políticos de los seis últimos años.
El desplome de los donativos y las tres reformas legales. En 2007, cuando todavía seguía vigente en España la Ley de Financiación de Partidos Políticos aprobada 20 años antes, el Partido Popular declaró al Tribunal de Cuentas unos ingresos por donaciones de casi cinco millones de euros. La norma permitía entonces los donativos anónimos siempre que no superasen los 60.000 euros al año y siempre que no procedieran de empresas contratistas de la administración pública.
El mero hecho, legal, de que esos donativos pudieran ser anónimos, impedía que el Tribunal de Cuentas pudiera conocer su procedencia y, por tanto, saber si respetaban o no la Ley. El PP ingresó por ese concepto en 2007 casi cinco millones de euros, la mitad de lo que facturaba entonces por las cuotas de sus afiliados (10 millones de euros). Era, con mucha diferencia, la formación política que más rendimiento le sacaba a las donaciones privadas y anónimas, casi el triple que el PSOE (1,8 millones de euros) pese a que entonces estaba en el Gobierno central.
La investigación del caso Bárcenas ha puesto al descubierto una práctica anómala en el PP: recibía donativos ilegales de contratistas públicos y por más de 60.000 euros al año, pero los troceaba en cantidades menores y los hacía pasar por anónimos antes de ingresarlos en una cuenta bancaria creada al efecto.
En sólo seis años y con tres reformas de la Ley de Financiación de Partidos, la formación conservadora ha pasado de ingresar en 2007 casi cinco millones de euros en donaciones a sólo 400.000 euros en 2013. Los cambios en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y las causas abiertas por corrupción han reducido en más de un 90% los ingresos del PP procedentes de particulares.
