En la actualidad los estudiantes universitarios sólo pagan, a través de las tasas, entre el 15% y el 20% del coste de la educación que reciben; el resto se financia con fondos públicos a través de los impuestos generales.
Su financiación en la forma que se realiza hoy produce falta de equidad en el sistema, así como ineficiencia en su gestión. No se garantiza la equidad, ya que los fondos públicos que financia la Universidad provienen de impuestos que son pagados por todos, ricos y pobres.
Los alumnos universitarios, en cambio, provienen proporcionalmente en mayor número de familias de renta media alta y muy alta y de familias con estudios universitarios, generando efectos distributivos perversos, ya que se redistribuyen recursos desde las familias más pobres a las más ricas.
Ello va en contra de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta personal más equitativa, y del 31.2, que dispone que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos.
José Barea (Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid)
