El derecho a no emigrar precede al derecho a emigrar y ambos están subordinados al deber de que todo ser humano tenga una vida digna.
La violencia sobre la ciudad ceutí es inadmisible.
Por COLECTIVO CISNEROS de análisis político
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Marruecos lanza más de 70.000 personas contra Ceuta sometiendo a la ciudad al caos.
Esto no responde a un fenómeno fortuito ni sobrevenido. Desde hace semanas, el régimen marroquí ha venido impulsando a miles de jóvenes e inmigrantes empobrecidos marroquíes contra el perímetro fronterizo de Ceuta, consolidando un ejercicio de presión política violenta de dimensiones inéditas. El asalto final no admite ser calificado como una sorpresa estratégica; la instrumentalización de la población empobrecida como ariete geopolítico constituye una práctica documentada desde hace décadas, derivando de manera sistemática en un conflicto directo con la población española de consecuencias imprevisibles.
¿Cómo consigue Marruecos sincronizar el reclutamiento de decenas de miles de sus jóvenes para que se lancen al mar con un riesgo evidente de morir en el intento? ¿No importan las vidas de estos chavales hasta el punto de convertirlos literalmente en carne de cañón suicida de un régimen que les ha robado la posibilidad de una vida con futuro? ¿Qué pasa por las mentes y los corazones de estos chicos para dejarse instrumentalizar de esa manera? ¿O será que están sometidos a una situación de desesperación radical de la que se aprovecha el régimen?
Resulta insostenible atribuir esta ofensiva a un hipotético «efecto llamada» motivado por fallos jurisprudenciales —como la sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en frontera— o por procesos de regularización recientes. El análisis del contingente revela una composición abrumadoramente marroquí. La ausencia de colectivos subsaharianos en esta incursión concreta confirma que la operación requería de una disciplina y conciencia nacional ante las directrices del reino alauita. La maniobra fue meticulosamente planificada para testear la capacidad y el umbral de respuesta del Estado español, sin que el gobierno marroquí reparase en inducir la violencia entre sus propios ciudadanos o en computar un trágico coste humano, donde las estimaciones sitúan en más de 80 las personas ahogadas en aguas ceutíes a ambos lados de la frontera.
Ante este escenario, la primera obligación constitucional y legal del Gobierno de España es garantizar la seguridad y el bien común bajo su jurisdicción. La respuesta institucional ha evidenciado una falla clamorosa, lastrada no solo por una evidente incapacidad operativa de respuesta urgente, sino por una indolencia estratégica continuada. La contención de un conflicto exige actuar de forma preventiva sobre sus causas; al haber “ignorado” las alarmas emitidas durante meses, el devenir de los acontecimientos configura una negligencia política de gravedad extrema, cuyas consecuencias humanas y operativas en las calles de Ceuta resultaban plenamente evitables.
Marruecos es una dictadura cleptocrática que somete a la mayoría de su población a la miseria y actúa como férreo policía de los pobres de África.
En la estructura geopolítica del Norte de África, Marruecos se erige como un régimen autocrático profundamente vinculado al entramado económico transnacional capitalista, cuya oligarquía dominante acumula fortunas a expensas del empobrecimiento de la mayoría de sus ciudadanos, expulsados de facto hacia la emigración europea. Históricamente, esta estructura de poder ha ejercido de socio indispensable para el desarrollo de acuerdos bilaterales y comerciales con la Unión Europea y España. La diplomacia económica ha tendido un velo sistemático sobre las severas injusticias internas sobre las que se asienta el aparato estatal marroquí. De manera paralela, Rabat ostenta un rol crucial en la contención militar y policial de los flujos migratorios procedentes del África subsahariana, integrados por poblaciones desplazadas como consecuencia del expolio neocolonial de sus recursos.
Financiado con fondos comunitarios europeos, el aparato de seguridad marroquí ha ejecutado una labor de represión salpicada de graves conculcaciones de derechos. La complacencia y la falta de denuncias formales por parte de las instituciones europeas y españolas ante esta arquitectura de contención ponen de manifiesto un nivel de cinismo estructural difícilmente sostenible.
Las ciudades de Ceuta y Melilla presentan una debilidad geoestratégica y demográfica evidentes.
La ubicación continental africana de Ceuta y Melilla determina una vulnerabilidad geográfica estructural que no admite ambigüedades. Ignorar la especificidad territorial de ambas plazas en el debate geopolítico representa una irresponsabilidad política directísima, que compromete la seguridad ciudadana al no articularse medidas de protección soberana a su exposición geopolítica. Esta brecha se ve profundizada por una asimetría económica abismal. La disparidad de renta per cápita a ambos lados del estrecho —una de las más pronunciadas del planeta— actúa como un motor inagotable de presión migratoria. La mera fortificación de perímetros fronterizos resulta ineficaz si no se atiende la causa primaria: el derecho de todo ser humano a no verse forzado a emigrar, lo que demanda abordar con parámetros de justicia la miseria e inestabilidad del continente africano.
A esta fragilidad geográfica se suma una asimetría demográfica creciente. Los índices de natalidad de la población de origen marroquí contrastan severamente con el envejecimiento y la atonía demográfica de la población española. Este fenómeno evidencia una severa falta de certidumbre en el horizonte socioeconómico, cuya gestión atañe de lleno a las políticas públicas del Estado. En el plano sociocultural, la cohesión ideológica y religiosa impulsada por la sociedad y por las autoridades marroquíes contrasta vigorosamente con la fragmentación de la conciencia civil, religiosa y política en el lado español. La doctrina nacionalista islámica cultivada durante décadas en Marruecos convierte la presión fronteriza poblacional en una herramienta recurrente de agresión directa, enmarcada en las dinámicas de la denominada guerra híbrida. Todo ello se ve fortalecido por las duras condiciones de vida del pueblo marroquí, que moldean una cultura de resistencia, frente a una sociedad española donde el nihilismo, el hedonismo y el consumo debilitan el compromiso político comunitario.
España: un estado y un gobierno fallido.
El deterioro de los valores de cohesión social en España se ve agravado por una debilidad institucional en la cúpula del Ejecutivo y de la Jefatura del Estado que aproxima al país a los parámetros propios de una entidad estatal fallida. El desamparo sufrido por la población civil en puntos fronterizos constituye un incumplimiento del mandato básico de protección del Bien Común. Independientemente del debate jurídico sobre el estatus internacional de las plazas, los ciudadanos de Ceuta están bajo el amparo inequívoco del Estado español, cuya incapacidad protectora señala la urgencia de una regeneración institucional profunda.
En la escena internacional, Marruecos ha sabido consolidarse como el socio prioritario de potencias globales como Estados Unidos, Francia e Israel en el área norafricana y atlántica, configurando un serio aislamiento geopolítico para España. Las informaciones que vinculan la inteligencia alauita con el uso de software espía contra altos mandatarios españoles sugieren la existencia de condicionamientos u omisiones inexplicables en la política exterior, cuyo exponente más crítico ha sido el giro unilateral e histórico respecto al Sáhara Occidental.
Simultáneamente, la Unión Europea ha ratificado su carácter de bloque enfocado en intereses mercantiles, desentendiendose de la crisis humanitaria y fronteriza en el límite sur de su territorio. España se halla ante una crisis de gobernabilidad que exige la restitución plena de la seguridad ciudadana y la paz social, lo cual impone un cambio radical en el paradigma político vigente.
España como comunidad política orientada al Bien Común.
Frente a la encrucijada estratégica actual, el restablecimiento de la estabilidad y la soberanía exige la adopción inmediata de un nuevo paradigma político enfocado estrictamente en la consecución del Bien Común.
Para ello, se señalan dos líneas de actuación de urgencia imperativa:
- No inducir violencia ideológica, ni religiosa ni física en las poblaciones: Los gobiernos de España y Marruecos deben asumir la responsabilidad ineludible de garantizar la seguridad integral de sus poblaciones y promover una convivencia pacífica. Esto es necesario tanto en la frontera con el interior del territorio español. Es imperativo desmantelar cualquier uso de colectivos vulnerables o empobrecidos como fuerza de choque o presión fronteriza, dado que la violencia inducida únicamente escala la tensión y profundiza las brechas sociales existentes.
- Justicia para los pueblos empobrecidos: El principio rector del derecho a no emigrar impone la obligación ética y política de garantizar condiciones de vida dignas en los países de origen. La Unión Europea debe articular una política exterior con África basada en la cooperación equitativa y la solidaridad real, al tiempo que los regímenes africanos deben erradicar las estructuras de opresión sobre sus propios ciudadanos.
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