Una huelga paralizó el pasado 15 de Marzo algunas de las explotaciones agrícolas de la península mejicana, con una marcha en la que reclamaban un salario que supere los menos de 8 euros al día por largas horas de trabajo.
Se trató de una marcha pacífica de miles de trabajadores con sus familias cerca de la frontera (San Quintín).
La causa principal: Los salarios apenas dan para comer a un miembro de la familia.
Piense que para poder desempeñar este oficio, debe instalarse con toda su familia en unos pequeños barracones de madera reutilizada (en el mejor de los casos, cubiertos con lámina metálica), junto a los campos de cultivo, a kilómetros de la zona urbana, lejos de escuelas y hospitales, con deficientes -o inexistentes- servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y drenaje.
Si es mujer, añada que tiene que soportar el acoso de sus superiores, y que además, todo lo hace para ganar menos de 120 pesos diarios (menos de 8 dólares). Esta es la situación de esclavitud que desde hace más de 20 años soportan los trabajadores agrícolas en Baja California, principalmente migrantes del sur del país, que este martes han decidido plantarse ante la injusticia y detener la producción para bloquear la carretera transpeninsular como medida de presión hasta que se resuelvan sus condiciones laborales.
Aunque a principios de los 90 se contabilizaban más de 50 mil trabajadores llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán principalmente; incluidos inmigrantes de otros países de Centro América.
Pese a la estabilidad de la actividad industrial, esta no es la primera vez que la situación laboral de los trabajadores del campo de este Estado estalla en una huelga.
Ni el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos (gracias al cual se exportan sin aranceles cada una de las 52 toneladas por hectárea de fresa cultivada en este Estado), ni los acuerdos establecidos hace 14 años entre sindicatos y patronales lograron aportar mejoras a las condiciones de los trabajadores.
Por el contrario, se acordó un “salario compactado” que ha quedado congelado desde 1994, y la precariedad y la sumisión de los jornaleros se aceptó tanto por autoridades como por sindicatos.
La industria agrícola bajacaliforniana está en manos de doce empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de cuatro décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de funcionarios estatales, o sus dueños tienen vínculos directos con éstos, como son los casos del ex secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, y la familia del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid. Incluso el ex presidente Felipe Calderón es accionista de una de estas empresas.
En 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una recomendación (incluida también en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México), al gobierno del Estado por violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales de los jornaleros agrícolas, en la que señalaba las precarias condiciones de vida y trabajo existentes. También se indicó la presencia de casos de esclavitud infantil en la zona, pero las autoridades estatales negaron tales conclusiones.
Fuente: www.LosAngelesPress.org