Todos quienes integran la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona tienen algo en común: han perdido a un familiar a consecuencia de la violencia armada en Venezuela, en especial en Ciudad Guayana.
Cada 28 de diciembre, a propósito del Día de los Inocentes, la fundación y familiares de víctimas los recuerdan con un acto simbólico con el que protestan contra la impunidad y claman justicia. Este año salieron en procesión desde la iglesia San Martín de Porras, en el sector Brisas del Sur, hasta la redoma El Dorado, en San Félix, donde enterraron cruces blancas que simbolizan a las víctimas.
“Es un acto contra la violencia, contra sus causas y contra la impunidad, porque lamentablemente en este país sigue la impunidad y por eso siguen los asesinatos, sobre todo en nuestra Ciudad Guayana. Niños, hombres, mujeres, ancianos, están siendo masacrados en las minas al sur de Bolívar. En nuestros barrios, el Cicpc, las FAES, todos los cuerpos de seguridad están asesinando a nuestros hermanos, nuestros hijos”, denunció Juan Campos, miembro de la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona.
Destacó que la fundación no solo documenta cada caso de asesinato, de desaparición, amenazas y extorsión por parte de cuerpos de seguridad del Estado, también son la voz de aquellos que no se atreven a protestar o denunciar públicamente por temor a represalias.
“Queremos ser la voz de los que no tienen voz. Por eso la fundación, que fue un ente que nació de estas madres que se vieron sin respuesta ante el asesinato de sus hijos se unieron y crearon la fundación. Se han hecho denuncias y no se ha tenido respuesta. A mí me asesinaron a un sobrino en Vista Alegre y todavía estamos esperando justicia. Fue hace tres años”, recordó.
Eladia espera por su hijo
Nelson Carpio es apenas una de las miles de víctimas de los organismos de seguridad. Tenía 17 años cuando desapareció en noviembre de 2015, luego de ser detenido por funcionarios de la Policía del estado Bolívar, según testigos.
La denuncia sigue en Fiscalía pero sin ninguna respuesta. Son cinco años en los que Eladia de Carpio sigue a la espera de saber del paradero de su hijo.
“Todavía tengo la esperanza de que mi hijo aparezca, que esas personas digan dónde está, sea en el estado en que él esté, sigo con la esperanza de que aparezca (…) Él salió de la casa como a las 6:00 am un 17 de noviembre de 2015. Pidió una bicicleta prestada a un vecino, las personas que lo vieron me dicen que él hizo un recorrido por el barrio y cuando iba subiendo por la entrada de la vía a Upata, en el barrio de San José de Chirica, venía una patrulla y lo paró. Los vecinos me cuentan que lo revisaron, le dieron unos golpes, lo embarcaron en la patrulla junto con la bicicleta y desde ese día mi hijo no aparece”, relató Eladia.
Fue a todas las comisarías, a Guaiparo, Francisca Duarte, Vizcaíno, hasta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero en ningún lado le dieron razón de Nelson. Para el momento de la denuncia detuvieron a dos policías, pero Eladia desconoce si actualmente siguen presos o los dejaron libres.
“Es una angustia, una zozobra, un desespero. Solamente no saber dónde está, qué estará pasando, qué estará haciendo, no sé si está vivo o está muerto, es una angustia que no se olvida nunca. La tristeza siempre está allí, el dolor de no saber de él”, lamentó.
Víctimas de la desidia
Para la fundación, las muertes por hambre y falta de medicinas son también responsabilidad del Estado. Amelia Toussent, habitante de Pozo Verde, denunció las muertes en su comunidad por la desasistencia médica en la zona.
Aseguró que el módulo de salud de la parroquia está totalmente abandonado y no hay medicamentos para tratar enfermedades como el paludismo.
“Han muerto muchísimas personas por desidia, por falta de medicamentos e insumos, cuando estamos en un país donde se derrocha el dinero en pancartas, en negocios politiqueros y la población no tiene ni siquiera un suero que ponerse. Tengo un tío que se nos murió en las manos. Lo llevamos a Guaiparo, estaba descompensado por el paludismo falciparum, y no lo quisieron atender, dijeron que había que esperar turno. Cuando empezó a agonizar y estaba casi sin signos vitales fue que se acercó una doctora, y se nos murió”, relató.
Carlos Ruiz, párroco de la iglesia San Martín de Porras, fue el encargado de oficiar la misa en honor a las víctimas de la violencia. Su llamado de conciencia no fue solo para quienes ejercen el poder gubernamental, sino también para los que están frente a organismos policiales y militares, por los crímenes de lesa humanidad que hoy investigan internacionalmente.
“Hay que llamar la atención a las autoridades para que tomen conciencia de que el Tribunal Penal Internacional ya está investigando al Gobierno venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad, que tienen que ver precisamente con la impunidad como política de Estado. Esto es un proceso que sabemos que es lento, pero que si el gobierno fuese consiente debe encender las alarmas, porque todos los jefes de Estado a los que se ha acusado y sentenciado como culpables de crímenes de lesa humanidad, están en las cárceles, no se ha librado ninguno porque el crimen de lesa humanidad no prescribe y además tiene jurisdicción internacional”, manifestó el sacerdote.
Recordó que funcionarios policiales y militares también son investigados por el Tribunal Penal Internacional.
“Que tomen conciencia, porque si no lo hacen por dignidad, por conciencia, que lo hagan por miedo. Muchos militares que se creían intocables, como los salvadoreños, los guatemaltecos, están hoy en las cárceles, unos con pena de cadena perpetua. Que piensen en sus familias, en sus hijos. Todos somos testigos de cómo se violan los hogares, se mata a muchachos delante de sus madres, se reprime al opositor, encarcelando, torturando, todo esto el pueblo lo sabe y hay muchas organizaciones que están investigando”, agregó.
Sostuvo que si bien hay quienes temen en denunciar, también “hay mucha gente en silencio que de manera sigilosa está investigando, recopilando todo, uno por uno y todo está llegando al Tribunal Penal Internacional. Que lo piensen bien porque muchos de ellos acabarán en una cárcel”.
Fuente Correo del Caroní
