Haber convertido la salud en un negocio multimillonario es un escándalo que tenemos que denunciar
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos que necesita porque, o no puede comprarlos, o no existen en sus respectivos mercados. Además, hay que denunciar una realidad criminal: el tráfico de falsos medicamentos, carentes de los principios activos necesarios o adulterados. Según la OMS, este negocio, que representa cerca del 10% del comercio mundial de fármacos, causa la muerte de más de 200.000 personas al año en los países pobres.
Por otro lado, hay que advertir que este negocio criminal encuentra su «mercado» entre quienes necesitan medicinas básicas que no pueden pagar debido a los precios que la industria farmacéutica establece para los medicamentos protegidos por una «patente».
La investigación de nuevos fármacos se centra, casi exclusivamente, en los problemas sanitarios de los países desarrollados. El derecho a la salud y las condiciones para su efectiva protección está condicionado por la desigualdad económica. La industria farmacéutica se rige por la lógica del mercado, no por el principio del bien común.
Haber convertido la salud en un negocio multimillonario es un escándalo que tenemos que denunciar. En numerosas ocasiones, la Santa Sede ha apelado a la responsabilidad social de la industria farmacéutica, pidiéndole que rebaje los precios de los fármacos y que garantice el acceso a los medicamentos.
Debemos exigir que los fármacos lleguen al mercado a precios asequibles; que se permita la fabricación de «genéricos» a los países que puedan y necesiten fabricarlos, como es el caso de la India o Brasil, y denunciar y perseguir el tráfico de medicamentos falsos entre las poblaciones más pobres, una de cuyas víctimas es África, como ha constatado la Organización Mundial de la Salud.
El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, recogido en la Declaración de Doha (2001), aprobada por unanimidad, establece que las leyes de propiedad intelectual no deben impedir a los países más pobres proteger la salud de su población y reconoce el derecho de estos países a producir, exportar e importar «genéricos», es decir, fármacos con principios activos protegidos por patentes, pero con un coste de producción más bajo. No obstante, los países más ricos y las multinacionales farmacéuticas se resisten a cumplir este acuerdo.
El derecho a la vida debe prevalecer sobre todos los demás, incluido, por supuesto, el derecho a la propiedad y al libre comercio, porque lo que está en juego es la defensa de la dignidad de la persona y de su derecho a la salud, que los poderes públicos deben tutelar en todo caso.