Romano Prodi, candidato de la izquierda en las elecciones italianas de 2006, propone ayudas de 300 euros mensuales a las embarazadas con dificultades, y los políticos franceses se replantean lo que hasta ahora ha sido exclusión religiosa
No todo es negativo en el horizonte de la construcción europea. Italia y Francia se presentan estos días ante el mundo como dos ejemplos de enfoque político positivo ante dos cuestiones fundamentales: la defensa de la vida desde la concepción y la aceptación del hecho religioso como una realidad de dimensión pública en una sociedad plural. Por un lado, el candidato de la izquierda a las elecciones italianas del año próximo, Romano Prodi, acaba de proponer ayudas mensuales a las embarazadas con dificultades económicas. Y por otro lado, coincidiendo con el centenario de la ley francesa que oficializaba la separación entre la Iglesia católica y el Estado, los principales dirigentes políticos de este país coinciden en que hay que dar un rumbo nuevo a la laicidad, basado en la idea de que la sociedad no es laica, sino plural.
El ejemplo italiano es, para las organizaciones pro vida, una pequeña victoria. El candidato de la coalición de izquierdas, que es el ex primer ministro y ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, acaba de proponer una alternativa a las crecientes peticiones que llegan desde la sociedad civil para que se impulsen medidas concretas que reduzcan las cifras anuales de abortos. La Conferencia Episcopal, por ejemplo, había planteado recientemente ayudas estatales a voluntarios y voluntarias integrados en la red de asociaciones que ayudan a embarazadas a llevar adelante su gestación aun en situaciones complicadas. Prodi, líder de la formación denominada La Unión, ha ofrecido «subvenciones antiaborto» para las embarazadas, con el objetivo de evitar que tomen la decisión de deshacerse del feto que llevan.
La intención del aspirante a la sucesión de Silvio Berlusconi es conceder entre 250 y 300 euros mensuales a cada mujer cuya renta familiar sea inferior a 40.000 euros. La medida beneficiaría a las mujeres que abortan por motivos económicos, entre un 10 y un 20 por ciento según los últimos estudios. Toda esta iniciativa se enmarca en una corriente que los analistas consideran muy mayoritaria en Italia. La despenalización del aborto y su consiguiente aumento de esta práctica preocupa cada día más a la sociedad transalpina, más allá incluso de las simpatías políticas. Prodi, que ya se comprometió recientemente a valorar posibles regulaciones de las uniones homosexuales pero siempre sin equipararlas totalmente al matrimonio, responde nuevamente a las demandas reales de los propios ciudadanos.
Por otro lado, en Francia, la celebración de los 100 años de la ley de separación Iglesia-Estado, el pasado martes 6 de diciembre, ha reactivado las voces dirigentes, discretas pero muy claras, sobre la necesidad de replantear la laicidad. Sin romper con la definición constitucional de «Estado laico», políticos como el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, posible sustituto de Jacques Chirac en la carrera presidencial de cara al año 2007, o los socialistas François Hollande, actual primer secretario del PSF, y Lionel Jospin, ex primer ministro (1997-2002) y ahora resucitado políticamente, son partidarios de reorientar esa concepción de neutralidad religiosa.
El descontento social con la clase política, expresado este año en momentos como el referéndum sobre la Constitución europea del pasado 29 de mayo, donde ganó el «no», es una de las causas de este replanteamiento, apoyado también en acontecimientos recientes como la oleada de violencia urbana, con miles de coches quemados en todo el país, o la aplicación de la ley aprobada en 2004 para prohibir la exhibición de símbolos religiosos ostensibles en la escuela pública. Esto último ha sido analizado con importante carga crítica desde toda Europa, de lo cual han tomado buena nota desde la clase política francesa.
Uno de los últimos mensajes de Juan Pablo II
En el inicio de las celebraciones por este centenario de la laicidad en Francia, el Papa Juan Pablo II hizo pública el pasado 12 de febrero, sólo un mes y medio antes de morir, una carta dirigida a los obispos del país. Uniéndose al espíritu de reconciliación que acababa de pedir el entonces primer ministro Jean-Pierre Raffarin en su declaración institucional, Juan Pablo II asegura que lo mejor para las relaciones Iglesia-Estado es «la confianza mutua». En la misma línea, el difunto pontífice pedía que se intensificase el «espíritu de cooperación y respeto». Curiosamente, existe un punto de acuerdo entre estos dos mensajes representativos del pensamiento de la Iglesia y el Gobierno francés: No es necesario modificar ni una coma de la ley de 1905. Juan Pablo II no habla del tema porque tiene muy claro que una lectura positiva del texto no lo identifica en absoluto con la exclusión religiosa o con la beligerancia contra los católicos.
En sus mensajes, los principales dirigentes políticos franceses insisten en la idea de que «la laicidad no es la oposición a las religiones» y de que «tampoco es un régimen de ateísmo público decretado por el primer ministro». El primer ministro, en su declaración, aclaraba ya en febrero que su responsabilidad «es la de evitar toda mala interpretación sobre el papel de las religiones en el país», y concluía que «el objetivo no es apretar o controlar la expresión de las creencias».
