Los recientes barómetros sociológicos nos dicen que la corrupción preocupa a los españoles más que los problemas de la sanidad y la educación. Los medios de comunicación están saturados de escándalos que inundan a la clase política, empresarial y financiera de nuestro país.
Banqueros, ministros, cúpulas de partidos políticos, dirigentes patronales, presidentes de comunidades autónomas, diputados, alcaldes, altos funcionarios, etc., aparecen periódicamente en titulares de los medios de comunicación social en un desfile que parece no tener fin. Las televisiones europeas asombran con programas de investigación sobre nuestras obras faraónicas, palacios de congresos e infraestructuras inútiles que han llenado los bolsillos de unos pocos a costa del erario público.
No hay institución que no esté infiltrada por las prácticas mafiosas que saquean las arcas públicas. La corrupción no es un problema de una cuadrilla de golfos. Es el sistema el que no funciona. Los organismos reguladores han fallado; la mayoría de sumarios abiertos languidecen en los juzgados en tramitaciones eternas para acabar archivándose sin consecuencias; se aprueban amnistías fiscales; hay autonomías gobernadas por cleptocracias; se indulta a diestro y siniestro; se facilita la opacidad de las operaciones fraudulentas; se legisla contra la transparencia; no tenemos una mínima regulación sobre incompatibilidades de cargos públicos con el ejercicio de negocios relacionados con los asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo, etc. Mientras la crisis asfixia a la sociedad asistimos al triste espectáculo de las puertas giratorias entre el oscuro mundo de la delincuencia financiera y los altos cargos de la administración.
De vez en cuando los dos principales partidos prometen un pacto anticorrupción que nunca llevan a cabo. Lo dicen al mismo tiempo que piden el archivo de las causas de sus imputados y ponen zancadillas a la justicia para evitar que se encause a los corruptos. Son los mismos que aumentan el IVA al pueblo y cobran dinero negro en sobres.
¿A quien beneficia esta situación?. Corremos el peligro real de que el descrédito de la política sea usado como coartada para implantar un modelo autoritario y tecnocrático. Crece el número de los que creen que sobra el sufragio universal y que los problemas se arreglan con gobiernos autoritarios. De este agujero no se sale desprestigiando la política sino con el protagonismo autogestionario de la sociedad. Es la hora de la política con mayúsculas. Al igual que España supo poner contra las cuerdas al terrorismo lo podemos hacer contra la corrupción. Nos jugamos nada menos que evitar que España se convierta en un paraíso de burdeles y casinos en el marco de una dictadura.
Fuente: Revista Autogestión
