En el país existen 590 ríos de los cuales el 70% están contaminados y no son aptos para el consumo humano ni para otra especie animal. Los obispos piden a la Asamblea Legislativa la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada.
“La realidad sobre el agua en nuestro país es preocupante”, señalan los obispos de El Salvador en una declaración titulada “El agua es un bien precioso que todos debemos proteger”. En el país existen 590 ríos de los cuales el 70% están contaminados y no son aptos para el consumo humano ni para otra especie animal. Pese a que se ha recomendado no utilizar estas aguas contaminadas en el cultivo de alimentos, los principales sistemas de riego del país lo utilizan para el cultivo y posterior consumo de frutas y verduras. Las fuentes que generan la contaminación de los ríos son empresas de diversa índole que vierten sus aguas residuales en los ríos, municipalidades que no tienen sistemas para tratar sus aguas grises y lodos, monocultivos como el de la caña de azúcar y la ausencia de saneamiento comunitario.
El comunicado de la Conferencia Episcopal recuerda también que los ríos que recorren El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, y que existen al menos 42 proyectos mineros que amenazan directamente las cuencas transfronterizas, contaminando el agua. El caso más grave es el proyecto minero del Cerro Blanco, que está ubicado en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador, en un importante acuífero subterráneo entre el Río Ostúa y el municipio de Metapán, de El Salvador. El río Ostúa contaminará el lago de Güija, debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de la actividad en la mina Cerro Blanco; y el lago Güija contaminará el río Lempa, pues es su más grande proveedor de agua. “Esta situación es una gran amenaza para El Salvador, que debe atenderse urgentemente y con máxima preocupación – denuncian los obispos -. Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de nuestro país a realizar todas las diligencias posibles para parar dicho proyecto; y, pedimos a la comunidad internacional, no permitir tal desastre humano y ambiental; y, a la vez alertamos a todos los salvadoreños para que nos manifestemos en contra de dicho atentado a nuestro país, contra la vida y la salud de las personas, contra la fauna y la flora”.
El comunicado recuerda que en El Salvador existe un estimado de 2.500 juntas de agua que “cumplen una función social y ambiental importante”, ya que abastecen a más de medio millón de familias usuarias en la zona rural del país, es decir, llegan a los lugares donde el Estado no llega.
Por tanto, «son sistemas comunitarios no son empresas privadas”. Sin embargo, en la “Ley General de Recursos Hídricos” aprobada por la comisión ad-hoc integrada por diputados de la Asamblea Legislativa “se les considera como empresas privadas”. Los obispos piden “que se les dé la oportunidad a las Juntas de Agua para que expongan sus consideraciones u observaciones a la ‘Ley General de Recursos Hídricos’”. Además, por el bien de todos, piden a la Asamblea Legislativa la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada.
“En nombre del pueblo elevamos hoy nuestra voz para pedir dicha ratificación”, concluyen los obispos, invitando a todos a rezar, para pedir a Dios que “no permita esa inminente catástrofe masiva de gravísimas e irreparables consecuencias contra la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas”.
Agencia Fides
01/12/2021