El Arco Minero del Orinoco se ha convertido en una tierra de barbarie donde la ley la imponen los grupos armados irregulares llamados «sindicatos»; el ELN y disidentes de las FARC colombianos; la organización islámica musulmana chií Hezbolá, la yihadista Hamas y los garimpeiros brasileños, los cuales conviven con efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y las autoridades locales, regionales y nacionales
El pasado 14 de noviembre al sur del estado Bolívar, ocurrió –con muy poca trascendencia mediática– un suceso digno de una película hollywoodense de bajo presupuesto.
Un grupo comando fuertemente armado conformado por cinco hombres –presuntamente obedeciendo órdenes del gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri– cruzó la frontera con Brasil con la misión de localizar y secuestrar al comerciante Andrés Antonio Fernández Soto, alias Toñito, en la casa de su madre ubicada en la localidad brasileña de Paracaima, según reportan habitantes de la zona y El Sabanero Noticias.
Según la narrativa del gobierno, Toñito es uno de los autores intelectuales de la llamada Operación Aurora, el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla Padrón” ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, ocurrido el 22 de diciembre de 2019, donde fueron sustraídas municiones y 112 fusiles, 80 de los cuales fueron recuperados por la Fuerza Armada Nacional (FAN).
De acuerdo a un reporte de Infobae, entre las armas que no han sido recuperadas por la FAN existe una que, de no aparecer, puede generar un grave conflicto internacional. Según el referido portal, esa fue la motivación principal de las autoridades venezolanas para intentar capturar a Toñito, incluso a riesgo de causar nuevas tensiones diplomáticas con Brasil.
Lo cierto es que Fernández Soto posee una gran cantidad de negocios en Santa Elena de Uairén. Hasta hace poco fue aliado del gobierno de Nicolás Maduro, incluso militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Su cercanía a la “revolución” le permitió explotar, por varios años, una mina de oro en la zona. Hoy está acusado de lavado de dinero, tráfico de armas, material aurífero y combustible, financiamiento al terrorismo y grupos delictivos, obstrucción al comercio, entre otros delitos.
Oro, sangre y esclavitud
Lo ocurrido con Fernández Soto formó parte de la cotidianidad del Arco Minero del Orinoco durante el agónico año 2020.
En esta zona, los grupos irregulares armados conocidos como “sindicatos”, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas FARC (ambos de Colombia), en contubernio con las FAN y las autoridades locales regionales y nacionales controlan las minas ilegales de oro y siembran el terror entre los habitantes de la zona, principalmente entre los indígenas y los mineros.
Tal es el impacto de esta situación que la organización Human Rights Watch, a propósito de la temporada navideña durante la cual aumentan las compras de joyas para regalos, emitió el pasado #24nov el informe titulado Joyas brillantes, cadenas de suministro opacas: empresas joyeras, nuevos estándares de abastecimiento y el covid-19, donde se incluye a Venezuela como el país de América Latina en el que se comenten las mayores violaciones a los derechos humanos en el proceso de extracción de oro y piedras preciosas, superando a Colombia como nación de riesgo para la producción mineral en lo que a criminalidad se refiere.
Recolonización indígena
Al respecto, en octubre pasado el parlamentario por el estado Bolívar, Américo De Grazia, le dijo a TalCual que, además del envenenamiento del agua y de la fauna silvestre con mercurio y cianuro; la presencia de grupos irregulares como la organización islámica musulmana chií Hezbolá y la yihadista Hamas; el ELN y disidentes de las FARC; garimpeiros brasileños; así como del hampa común disfrazada bajo la figura de los «sindicatos», en la zona se produce una «recolonización» indígena.
“Cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, menciona y hace un capítulo especial en relación a lo que ocurre en el arco minero es porque de las 55 etnias que habitan el territorio nacional, 33 están al sur del Orinoco y por supuesto son víctimas directas. Son desplazados, enfermados, contaminados, envenenadas sus aguas y además son esclavizados y recolonizados”, advirtió De Grazia.
Explicó además que los grupos irregulares seducen a los habitantes autóctonos ofreciéndoles apoyo para explotar los recursos minerales. “Así comienza lo que nosotros hemos dado a llamar la recolonización indígena que guarda estrecha relación con la violencia, porque una vez que los indígenas muerden el peine y entran en la vorágine de la minería entonces difícilmente salen y las únicas opciones que les quedan es ser desplazados, esclavizados o morir”.
Etnocidio en marcha
Sobre este tema también reseñamos la opinión del doctor en derecho Allan Brewer Carías, quien durante su participación en la videoconferencia «Minería ilegal en el escudo de la Guayana venezolana», organizada por Universitas Fundación, aseguró que además del ecocidio que ocurre al sur del Orinoco, se produce un «etnocidio» de los pueblos ancestrales producto de la política deliberada y de omisión por parte del Estado.
«Existe una situación de emergencia humanitaria compleja creada por el Estado. Toda la barbarie y el daño irreversible que se ha producido en la zona conocida como el Arco Minero es producto de una política de Estado».
Según Brewer Carías, el Estado venezolano es el primer depredador del ambiente «y para ello viola absolutamente todo lo que pueda indicar el ordenamiento jurídico nacional».
La fantasmagórica Camimpeg
Para Brewer en el marco de toda la ilegalidad adelantada con la creación del Arco Minero, se suma el otorgamiento de permisos a una fantasmagórica empresa militar creada en tiempos de paz: la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).
«Todo el ámbito que le correspondía al Ministerio de Energía se le otorgó a los militares para que desarrollen actividades mineras con una empresa militar. ¿Cuándo se creó esa empresa? Dos semanas antes de la creación del arco minero, muy coincidente», acotó Brewer.
Esto fue corroborado por el diputado De Grazia: “Hay un cóctel de violencia con una injerencia directa por parte de los cuerpos de seguridad, fundamentalmente de la FAN, que son dirigidas por el cartel de los Soles y cuyo instrumento es el Caminpeg que opera y entrega las zonas de operaciones a los grupos delincuenciales”.
Ecocidio y malaria
Por su parte, la doctora María Eugenia Grillet, otra de las participantes en la video conferencia sobre la minería ilegal, aseguró que si bien la deforestación producto de la extracción de piedras preciosas afecta e impacta negativamente la biodiversidad, contradictoriamente promueve la abundancia de ciertas especies como son los mosquitos vectores de la malaria.
«Las pozas de agua que utilizan los mineros para la extracción del oro son luego abandonadas y colonizadas por esta especie de zancudos que en estrecho contacto con los mineros aumenta la transmisión de esta enfermedad, así como la propagación tanto en el área local como en el área regional», advirtió.
Explicó que producto de esta actividad en los últimos 20 años, asociado con el aumento de la deforestación, se ha producido un incremento significativo en la curva de casos malaria en toda la región del sur del Orinoco.
«La intensidad de la malaria ha estado focalizada en una parroquia en particular, San Isidro, que es donde se encuentra Las Claritas (municipio Sifontes). En esta zona, conforme se han perdido áreas de bosque de 2007 a 2017 por el orden de las tres mil 58 hectáreas ha aumentado significativamente en 746% la malaria», detalló.
Barbarie sobre civilización
Lo cierto es que 2020 llega a su final y el año 2021 despunta en el alba sin que se vislumbre soluciones para la terrible situación que hoy se vive en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. La barbarie seguirá imponiendo su ley y la civilización seguirá oculta en el follaje de la ultrajada selva.
TALCUALDIGITAL.COM Abelardo Perez | Diciembre 31, 2020