Entre el 5 y el 10 por ciento de las personas que se encuentran en el corredor de la muerte padecen problemas de enfermedad mental y, de las casi 1.000 personas ya ejecutadas desde 1977, al menos 100 padecían trastornos como esquizofrenia, trastorno bipolar, lesiones cerebrales, etc
Xosé Ramil (Periodista de Canal Solidario)
David Funchess y Wayne Felde fueron condenados a muerte en Estados Unidos por delitos cometidos como consecuencia de una enfermedad mental, enfermedad provocada por su participación en la guerra del Vietnam. El sistema de salud de este país fue demasiado lento para prestarles ayuda, pero el sistema de justicia fue demasiado rápido y no tuvo reparos en condenarlos a muerte.
«El informe que presentamos hoy es una vergüenza», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. «No hay escrúpulos –en Estados Unidos- para condenar a muerte a personas que no entienden la sentencia, que incluso se encuentran bajo los efectos de fuertes medicamentos en el momento de ser condenadas».
Entre el 5 y el 10 por ciento de las personas que se encuentran en el corredor de la muerte padecen problemas de enfermedad mental y, de las casi 1.000 personas ya ejecutadas desde 1977, al menos 100 padecían trastornos como esquizofrenia, trastorno bipolar, lesiones cerebrales, etc.
El informe presentado el 31 de enero por Amnistía Internacional marca el comienzo de una campaña mundial para que Estados Unidos deje de ejecutar a personas con enfermedades mentales.
En los últimos tres años se han dado algunos pasos por las decisiones del Tribunal Supremo de este país de impedir las ejecuciones de personas con discapacidad intelectual y menores, pero no se ha extendido a personas con enfermedades mentales.
En cambio, este mismo Tribunal declaraba hace 15 años que «muchos presos del corredor de la muerte sufrían alteraciones mentales graves antes de cometer sus crímenes y otros muchos desarrollaron la discapacidad en el tremendo intervalo que hay entre la sentencia y la ejecución».
Situaciones dantescas
Las condenas a muerte de personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave o trastorno de estrés post-traumático han creado situaciones dantescas, como la decisión de Scott Panetti, con un largo historial de hospitalizaciones por problemas mentales, de defenderse a sí mismo en el juicio y hacerlo vestido de cowboy. O el caso de una persona con signos evidentes de trastorno mental que, justo antes de la ejecución, preguntó si después le darían de comer.
Beltrán deja claro que su organización se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, pero «es especialmente injusta en estos casos, es la venganza del Estado». El informe de Amnistía encuentra, incluso, evidencias de que algunas de estas personas cometieron un asesinato para ser condenados a muerte.
Y, además, es muy cara. Según datos publicados en la prensa estadounidense, un único caso de pena de muerte en Texas cuesta al Estado 2,3 millones de dólares, es decir, tres veces más de lo que costaría mantener a esa persona en la cárcel durante 40 años.
Estados Unidos también tiene otros tristes compañeros en la práctica de ejecutar a personas con enfermedad mental, como China, Arabia Saudí e Irán. Este último es el único donde todavía se ejecuta a menores de edad.
