Más de 500 cruces blancas clavadas en una redoma de un barrio venezolano no solo interpelan a las personas que pasan cerca del lugar, también incomodan a los organismos policiales del régimen venezolano.
Y esta es la razón:
Cada 28 de diciembre, día de la evocación a los Santos Inocentes, la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona, realiza un acto de denuncia por los asesinatos violentos y los casos de impunidad en Venezuela y en el municipio Caroní, específicamente.
Este año no fue la excepción y los miembros de la institución en colaboración con el Movimiento Cultural Cristiano y varias parroquias de la Diócesis de Ciudad Guayana salieron desde la parroquia San Martín de Porres en una caminata hacia la Redoma El Dorado, San Félix, para hacer su tradicional acto.
No obstante, la protesta pacífica fue interrumpida por funcionarios de la policía municipal, quienes solicitaron a los manifestantes quitar las cruces. Molestaban sí. Incomodaban, indudablemente a “los de arriba”. Ellos, los que figuran en este régimen autoritario quieren silenciar la Verdad.
Los efectivos policiales llegaron al lugar y las más de 500 cruces blancas clavadas en memoria de los masacrados en las zonas de mineras, fueron también arracadas. Por órdenes de la funcionaria Yasmín Chaurán, quien junto al alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, emitieron la orden de quitar las cruces y desalojar a todos los presentes.
Los policías solo decían que era “una orden de arriba” y que debían cumplirla.
El trabajo de la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona
Desde hace más de 15 años, un grupo, principalmente de madres, hermanas, tías, hijas, esposas, abuelas, de personas a quienes los cuerpos policiales les arrebataron la vida sin complejo alguno, se han asociado para denunciar y alzar sus voces.
Todas ellas viven el dolor de perder un hijo, un esposo, un nieto u otro ser querido a mano de la violencia. No obstante, ese padecimiento lo han convertido en “espíritu de lucha” para denunciar que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo y Ciudad Guayana es la octava ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
De la misma manera, este grupo de mujeres junto a más de 100 personas denuncian también el aborto, la ideología de género, la trata de personas, la eutanasia, la corrupción, el hambre y el desempleo.
En esta caminata silenciosa, la mayoría de los presentes les han asesinado a sus parientes de manera violenta en los llamados enfrentamientos policiales, que no es más que un acto salvaje de aniquilación contra los más empobrecidos.
Antes de finalizar la actividad rezando el Santo Rosario por todas las víctimas, las mujeres de la Fundación leyeron un comunicado en el cual exigieron a las instituciones venezolanas una respuesta a sus padecimientos.
“No queremos seguir siendo ruleteadas en las instituciones a las que acudimos para exigir justicia. No queremos que el poder y la sociedad venezolana sigan mirando para otro lado, como si fuésemos nosotras las culpables de que nos haya arrebato a nuestros hijos”, expresaron en la lectura de un acta.
El recién terminado año 2022, más de 21.000 venezolanos fueron asesinados de manera violenta. “Eran nuestros hijos, esposos, hermanos. Cada día asesinan a dos guayaneses. Cada veinte minutos es asesinado un venezolano”.
Organizaciones no gubernamentales han reportado que en el primer trimestre de este año se contabilizaron 950 asesinatos, de los cuales 330 fueron muertes causadas por cuerpos policiales, A demás la mayor parte de muertes violentas en un 84% las víctimas fueron hombres entre 20 y 29 años y 219 mujeres y niñas fueron asesinadas entre enero y noviembre en Venezuela, según fuentes oficiales y medios digitales.
En el tercer trimestre del año, según las organizaciones no gubernamentales, se registraron 447 nuevas víctimas, de las cuales 343 murieron a manos de delincuentes y otras 104 personas perdieron la vida por intervención policial.
Sin contar que la Fundación por La Dignidad Sagrada de la Persona registró en lo que va de año más de 57 casos de muertes violentas a manos de los cuerpos de seguridad del Estado y el hampa común.
Y no podemos dejar de lado la tragedia de la zona sur del Estado Bolívar; de donde están desvelando las denominadas fosas comunes, que desde la última masacre en el 2016 no se hacía eco de ello en ningún medio de comunicación.
Hasta el momento, el Ministerio Público —que es el órgano competente para la investigación y acción penal de todo hecho punible— no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones. Ni la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en un territorio minero que acumula más de 151 desaparecidos desde 2012 hasta agosto de 2022, según el último balance independiente de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía.
Más de cuatro masacres, más de 90 desaparecidos, líderes indígenas asesinados, pueblos desplazados y más de 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, son algunos de los elementos que componen un patrón de violencia inherente a la explotación de minerales al sur del Orinoco, fortalecida tras la imposición del decreto del Arco Minero del Orinoco. El Ministerio Público mantiene silencio ante hallazgo de cuatro fosas clandestinas en las minas de Bolívar.
Quitaron las cruces blancas, pero no la valentía de las mujeres allí presentes y los que las acompañaban: Todos dijeron en asociación ¡BASTA YA!…
Corresponsal en Venezuela
Solidaridad.net