Mueve a mucha gente y mucho dinero: cada día los españoles se gastan 50 millones de euros en el negocio de la prostitución
La ponencia de diputados y senadores que han venido estudiando el fenómeno de la prostitución en España acaba de entregar el 13 de marzo pasado su Informe. El Informe consta de dos partes; en la primera se hace un diagnóstico del problema, en la segunda se realizan algunas
sugerencias a partir de él. Nuestros parlamentarios constatan diversos hechos significativos. Existe una gran tolerancia social hacia el fenómeno. Se trata de un negocio lucrativo que, en gran medida, está bajo el control de las mafias transnacionales de tráfico de personas.
Es una práctica que se hace de modo clandestino y por ello es socialmente invisible. Mueve a mucha gente y mucho dinero: cada día, los españoles se gastan 50 millones de euros; hay 15 millones de clientes varones al año, que se gastan una media de 1.200 euros anualmente o 100 al mes, por 400.000 mujeres (una por cada 38 hombres); el negocio mueve 18.000 millones de euros al año (tres billones de
pesetas); un 'empresario' del sector gana 45.000 euros al año por cada mujer que 'dirige'; la publicidad de comercio sexual proporciona grandes beneficios (cinco millones de euros al año a 'El País', por ejemplo). El 99,7% de las personas que lo ejercen son mujeres. De ellas, el 90% son extranjeras (Europa del Este, América Latina y África central), sin formación, con graves problemas económicos, con
importantes traumas psicológicos. En ocasiones, genera problemas de convivencia ciudadana.
A partir de este esbozo, el Informe concluye que la prostitución es, siempre, una situación de explotación sexual, incluso aunque exista consentimiento de la víctima. A juicio de los parlamentarios, la distinción entre prostitución 'libre' y 'forzada' no aporta nada porque en todo caso es un atentado contra la dignidad de las personas que la ejercen. La prostitución es una forma de violencia de género y una manifestación de la feminización de la pobreza. Por consiguiente, de ningún modo puede considerarse un trabajo más. No caben derechos laborales cuando existe vulneración de derechos fundamentales. No es una forma de libertad sexual porque en la prostitución ni existe libertad, ni igualdad entre cliente y víctima; solo abuso; solo poder.
Esta toma de partido del Informe condiciona, naturalmente, las recomendaciones que se hacen, que, sobre todo, son de tres tipos.
Primera: habría que sensibilizar a la población, pasiva y tolerante ante el fenómeno, sobre su inequívoco carácter de violación de derechos humanos. Segunda: habría que desarrollar políticas de prevención para evitar que las mujeres sean traficadas, que acaben en la prostitución. Tercera: habría que ofrecer alternativas resocializadoras específicas a las víctimas. Pero, en este punto, quizás lo más interesante es lo que no se dice, pero se presume, como que sus señorías no son partidarias de considerar la prostitución como un trabajo más (al modo holandés o alemán), por lo que cabe suponer que no se avanzará en la normalización
laboral de la prostitución, o que las cosas se pueden poner serias en contra de la lucrativa publicidad en los medios de anuncios sexuales, o incluso, más allá, de que, en el futuro pueda llegar a adoptarse la solución sueca (desde luego, la más coherente con la perspectiva que adopta el Informe), es decir, la prohibición de la prostitución y la sanción (económica) no a las mujeres sino a sus clientes.
FERNANDO REY/ El Norte de Castilla 30 marzo 2007
