Ramírez de Haro, de familia aristocrática, con estudios de diplomático, ex director de Casa de América de España, y cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, basó su defensa ante los juristas en su derecho a la libertad de expresión., aunque ésta no ampara la injuria ni las ofensas a los sentimientos religiosos .El 20 de mayo recibió el apoyo de algunos intelectuales y artistas, como José Luis Sampedro, José Saramago o Rosa Regás. Ramírez de Haro. Tiene por abogada a Cristina Almeida, veterana militante laicista, antigua diputada comunista y feminista radical con gran experiencia en televisión hace unos años. ´Mi patrocinado no ha tenido intención de herir los sentimientos de nadie; la auténtica violencia es la que han desplegado los religiosos´, declaró la abogada sin concretar a qué violencia se refiere. Además indicó que la obra respeta las religiones y ´no se refiere a un dios puntual sino a un dios genérico..Ramírez de Haro, autor de «Me cago en Dios», declara ante el juez. José Luis Sampedro, José Saramago o Rosa Regás le dieron su apoyo.
Fuente: Forumlibertas.com
Basó su defensa en su derecho a la libertad de expresión, aunque ésta no ampara la injuria ni las ofensas a los sentimientos religiosos
Íñigo Ramírez de Haro, autor de la obra de teatro «Me cago en Dios», acudió el pasado martes al juzgado número 26 de Madrid, y durante dos horas respondió a las preguntas del juez, del fiscal y del abogado Pérez Roldán, del Centro Jurídico Tomás Moro, que ejerce la acusación particular.
Ramírez de Haro está imputado por dos delitos: escarnio de las creencias religiosas y provocación al odio y a la discriminación por motivos religiosos. Su obra de teatro, representada en el Círculo de Bellas Artes hasta el pasado 2 de mayo, propone que las religiones «estén prohibidas hasta los 18 años», que se advierta en las puertas de las iglesias, mezquitas y sinagogas que «la religión mata» o que se «obligue a desfogarse sexualmente a curas y monjas al menos dos veces al mes con su correspondiente cartilla». Todo esto, en un escenario consistente en un inodoro y mucho papel de váter.
Ramírez de Haro, de familia aristocrática, con estudios de diplomático y cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, basó su defensa ante los juristas en su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el Centro Jurídico Tomás Moro recuerda que «según ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional español, la libertad de expresión no ampara la injuria ni la ofensa de los sentimientos religiosos. Es más, los delitos que se le imputan (artículos 510 y 525 del Código Penal) se cometen necesariamente con ocasión del ejercicio de la libertad de expresión».
Provocando el odio
A Ramírez de Haro se le acusa, además, de un presunto delito de provocación al odio por motivos religiosos. «La trágica experiencia del holocausto nazi ha llevado a las legislaciones de todos los países de nuestro entorno a penalizar los actos de provocación a la hostilidad contra grupos religiosos o raciales», explica Víctor Lozano, del Centro Jurídico Tomás Moro. «Por eso existe el artículo 510 de nuestro Código Penal, para evitar actitudes que incitan a la intolerancia por motivos étnicos o religiosos y para evitar las trágicas consecuencias de crear un clima de animadversión así».
El letrado de los querellantes, Javier María Pérez Roldán, amplió la querella con la petición de que se prohíban nuevas representaciones y que se incauten todos los ejemplares impresos de la obra. «Se hace patente que la intención del autor era la ofensa; las medidas cautelares se justifican por la alarma social causada», declaró el letrado quien aseguró también que «obras de este tipo fueron parte responsable de las matanzas desatadas por motivos religiosos en tiempos de la II República Española».
Según el Centro Jurídico Tomás Moro, «entre ciertos artistas existe la conciencia de que gozan de patente de corso para injuriar u ofender gratuitamente las creencias de millones de personas; actuamos como acusación en este procedimiento penal para remarcar que los artistas, como todos los demás ciudadanos, no están al margen de la ley y deben cumplirla», puntualiza Víctor Lozano.
«Me cago en Dios»… pero en un dios genérico, no puntual, dice la abogada
Ramírez de Haro tiene por abogada a Cristina Almeida, veterana militante laicista, antigua diputada comunista y feminista radical con gran experiencia en televisión hace unos años. «Mi patrocinado no ha tenido intención de herir los sentimientos de nadie; la auténtica violencia es la que han desplegado los religiosos», declaró la abogada sin concretar a qué violencia se refiere. Además indicó que la obra respeta las religiones y «no se refiere a un dios puntual sino a un dios genérico».
El imputado, a su vez, a confesado a la prensa estar «perplejo e impresionado» por la reacción ciudadana y jurídica. «Es increíble que en un país libre, laico y aconfesional se tenga que celebrar un juicio contra la libertad de expresión», asegura, y añade: «el problema de España es que no ha tenido una Revolución Francesa y que después de un largo franquismo la Iglesia ha ocupado lo público y no quiere retroceder a lo que le marca la constitución». Según el autor, se trata de «una campaña orquestada por la Conferencia Episcopal y su brazo secular, la radio COPE, y otros medios de comunicación clericales y paraclericales».
¿Quién apoya al autor blasfemo?
Lo cierto es que en la prensa española pocos han defendido a Ramírez de Haro: los articulistas en EL MUNDO, ABC y LA RAZÓN no lo dejan bien parado; incluso en EL PAÍS sólo le ha defendido el columnista Haro Tecglen, conocido por una diaria militancia ultralaicista. Sin embargo, el 20 de mayo recibió el apoyo de algunos intelectuales y artistas, como José Luis Sampedro, José Saramago o Rosa Regás. El presidente del hasta entonces subvencionado Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, declaró ese día:
«Queremos ser una catedral laica. ¿Por qué no podemos pedir una casilla propia en la declaración de la renta? Así al menos el dinero público que recibamos no tendrá mediadores preocupados por su destino, siempre podemos garantizar que no se utilizará en murales de Kiko Argüello o en dudosas inversiones financieras».
Los asistentes al acto de apoyo al autor lamentaron que el «Código Penal de la democracia» (aprobado en 1995, con gobierno socialista) incluya el artículo 525,a su juicio «una injerencia clerical, el delito de blasfemia modernizado» [el texto dice: «Artículo 525.:1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias…»]
Indignación ciudadana
Ramírez de Haro afirma que «mi obra ha estado en varios países y nadie se ha sentido ofendido» y pretende representarla en Santiago de Chile y Milán. En España, sin embargo, la movilización ciudadana ha sido importante. Miles de personas escribieron en marzo e-mails de protesta al Círculo de Bellas Artes a través de portales como www.hazteoir.org y www.e-cristians.net . El domingo 9 de mayo se manifestaron contra la obra de teatro entre 4.000 y 5.000 personas en Madrid. Las denuncias por escarnio y provocación al odio presentadas en comisarías han sido más de 3.000, que al estar firmadas por varias personas pueden implicar unos 5.000 demandantes, admitidas a trámite el 31 de mayo.
Ramírez de Haro estrenó su obra en España en el Círculo de Bellas Artes, centro subvencionado por las administraciones madrileñas, que al ver la indignación ciudadana se comprometieron a revisar la financiación del Círculo. Cuando la obra de teatro salió del Círculo, acabado el contrato, pasó a representarse en el Teatro Alfil, pero el teatro perdía dinero, ya que las sesiones se encontraban sin público incluso regalando entradas y había que pagar un guardia de seguridad. Además, las protestas ciudadanas hicieron que puntos de venta de entradas, como la cadena Carrefour o los portales www.atrapalo.com y www.entradas.com renunciasen a vender entradas de la obra blasfema.
La ley española establece penas de hasta tres años de prisión para quienes provoquen al odio o a la discriminación por motivos religiosos y para quienes hagan escarnio de las creencias religiosos. Sin embargo, aunque el autor de teatro fuese declarado culpable no llegaría a ingresar en prisión, sino que se limitaría a pagar una cuantiosa multa.