Los inmigrantes que son echados de sus tierras por un sistema económico construido sobre la hegemonía del capital sobre el trabajo, es decir, sobre el expolio sistemático, han enriquecido demográfica y económicamente a los países receptores a costa de la muerte y la explotación
Con la entrada en vigor en el mes de septiembre del Real Decreto del 20 de abril y 3 de agosto, se produce un grave hecho político que pone de relieve los niveles de inmoralidad y ataque a la vida de los más débiles por parte de las instituciones políticas de España. La decisión del gobierno de negar la asistencia sanitaria no urgente (con la excepción de embarazadas y menores) a los inmigrantes en situación irregular, los «sin papeles», no sólo ha generado una reacción social de repulsa, sino que supone un importante retroceso en el nivel de justicia y solidaridad logrado en el sistema público de sanidad en España.
En momentos históricos previos a Declaración Universal de los Derechos Humanos, la más básica sensibilidad por lo humano generó la Beneficencia para atender precariamente la salud de los ignorados, de los enfermados por una sociedad injusta, de los excluidos del marco de los derechos aunque nunca del cumplimiento de todo tipo de deberes. En España tuvimos la alegría de vivir la superación de esta situación de injusticia e indignidad, integrando todos los servicios sanitarios en la única red de la sanidad pública, evitándose así hacer categorías de personas en su derecho básico a la vida. Ahora se pretende el anacronismo de resucitar la misma situación tras el escudo de las ONGs que gozan de un cierto prestigio social.
Los «sin papeles» que pagan la sanidad no tiene derecho a ella a pesar de ser los que menos uso hacen, según demuestran todos los estudios realizados. Y pagan la sanidad aunque no coticen a la Seguridad Social. Desde 1999 la Sanidad se financia a partir de los impuestos, que desgraciadamente en España siguen cada día más un sistema indirecto de recaudación, lo que significa que paga más proporcionalmente el que menos tiene.
Los inmigrantes que son echados de sus tierras por un sistema económico construido sobre la hegemonía del capital sobre el trabajo, es decir, sobre el expolio sistemático, han enriquecido demográfica y económicamente a los países receptores a costa de la muerte y la explotación de muchos de sus mejores jóvenes, hoy encerrados en CIES o deportados al desierto.
Medidas políticas como esta solo pueden ser respondidas con la generación de una nueva forma de hacer política, que protagonizada por las víctimas, denuncie las aberrantes injusticias que se cometen, derogue una legislación que legitima la inmoralidad y promocione la solidaridad y el internacionalismo, única forma de relación entre los hombres en un mundo global.