El informe laboral de Cáritas, Vulneración de derechos: trabajo decente, elaborado por la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), hace un diagnóstico de extrema dureza de la realidad española. Hay cerca de 2,5 millones de trabajadores pobres.
Los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a esta mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral. “Contar con un empleo, más aún si es precario, no protege ante situaciones de exclusión o pobreza.
El trabajo ha perdido su papel de garantizador de la inclusión social”. Asi, “sólo el 24,8% de los hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción. Es decir, el 75,2% no lo reciben. La elevada dependencia del sector servicios, según el informe, “genera un elevado número de empleos” en actividades “muy expuestas a la estacionalidad y a las coyunturas socioeconómicas (hostelería, turismo, servicios auxiliares…)”. Unos sectores que están generando condiciones laborales que en ocasiones se sitúan lejos del trabajo decente. Si comparamos la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país, el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos.
Respecto al trabajo doméstico, gran parte de las trabajadoras no tienen la protección y los derechos que deberían tener. Su salario es hasta un 52% menor a la media entre las mujeres. Las peores condiciones de trabajo son sufridas por mujeres y extranjeros.
La discriminación salarial entre los extranjeros/as es de un 24% superándose este porcentaje en Andalucía, País Vasco y Madrid. La dificultad en regularizar su situación les lleva a aceptar trabajos muy precarios. Esta precariedad hace que aún teniendo empleo los salarios no les permitan salir de la pobreza. En Extremadura casi el 25% de la población vive en pobreza relativa.
El 3% de los trabajadores españoles viven en situación de pobreza severa siendo la comunidad autónoma de Asturias el lugar donde más trabajadores lo sufren (6,7%) seguida por Andalucía (6,6%) y Castilla -La Mancha (3,9%).
La principal causa de esta situación es la inestabilidad y la alta tasa de temporalidad, de modo que, el 34% de los trabajadores no tiene empleo estable y a tiempo completo. Hay que señalar que esta situación de jornada incompleta no ha sido elegida por el trabajador. Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de trabajadores con jornada parcial no deseada (67%).
En agosto de 2020, sólo un 8,6% de los nuevos contratos que se firmaron fueron indefinidos, lo que representa una baja generación de empleo estable y de largo plazo. Los contratos temporales alcanzaron el 56,3%.
En Andalucía la cuarta parte de los trabajadores se encuentran en situación de inestabilidad laboral grave y de media el 16% de la población española se encuentra en esta situación lo que supone alrededor de 7 millones ochocientas mil personas. El 52,2% de las familias con una situación de inestabilidad laboral grave no disponen de dinero para afrontar gastos imprevistos y el 42% se han visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos. Un dato socioeducativo: el 13,1% de las familias cuyo sustentador principal está en situación de inestabilidad tienen graves dificultades para hacer frente a los materiales escolares, lo que triplica el porcentaje de población general que sufre esa condición. Esa es la base a partir de la cual intentar “reconstruir” el país.
Especialmente dura es la realidad de quienes “subsisten a base de empleos informales”, una categoría que engloba al 1,3% de la población, es decir, “más de 615.000 personas viven, probablemente, la máxima expresión de la precariedad laboral, y quienes ven pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorable”, señala el informe. Son además los que más dificultad tienen para cumplir con situaciones de restricción a la movilidad.
El 18% de las personas que viven de la economía informal han estado a punto de cortarles la luz o el gas y son más los que no pueden hacerse cargo de la hipoteca y gastos corrientes . La frase “que nadie se quede atrás” no va a ser fácil de cumplir.
Síntesis realizada por solidaridad.net
