Todas las declaraciones y los planteamientos laicistas que hemos conocido en los últimos meses, procedentes de ministros del actual Gobierno (revisar la financiación de la Iglesia católica), de la presidenta del Consejo Escolar del Estado (clase de religión fuera del horario escolar) y de un portavoz parlamentario del tripartito catalán (confiscación de los bienes de la Iglesia), por citar sólo tres ejemplos, están concentrados ahora en una proposición no de ley que acaba de presentar Izquierda Verde (Izquierda Unida e Iniciativa-Verds) en el Congreso de los Diputados…
ForumLibertas.com
16-06-2005
Todas las declaraciones y los planteamientos laicistas que hemos conocido en los últimos meses, procedentes de ministros del actual Gobierno (revisar la financiación de la Iglesia católica), de la presidenta del Consejo Escolar del Estado (clase de religión fuera del horario escolar) y de un portavoz parlamentario del tripartito catalán (confiscación de los bienes de la Iglesia), por citar sólo tres ejemplos, están concentrados ahora en una proposición no de ley que acaba de presentar Izquierda Verde (Izquierda Unida e Iniciativa-Verds) en el Congreso de los Diputados. En 8 puntos, este grupo parlamentario, socio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pide directamente que España se convierta en un Estado laico lo cual es anticonstitucional y desacredita el resto de propuestas. Y en la exposición de argumentos, llega a afirmar que «el laicismo es consustancial al Estado democrático». Por tanto, según Gaspar Llamazares y sus correligionarios políticos, Francia es el único país democrático de Europa.
Esta iniciativa parlamentaria no tiene desperdicio. Daría para un comentario mucho más largo que el que ahora os trasladamos. Pero algunos de los planteamientos dirigidos por Izquierda Unida al Gobierno merecen, como mínimo, una breve réplica cívica:
En el punto 1, se insta al ejecutivo a «denunciar los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato franquista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre asuntos culturales y educativos de 1979, negociando unos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado». Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 no suponen ningún «privilegio», como también dice la propuesta en el preámbulo, y son perfectamente compatibles con la separación de ambas partes, reconocida en la propia Constitución (artículo 16.3): «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».
En el punto 3, la proposición no de ley pide «que, en la tramitación de la reforma educativa, la enseñanza religiosa quede al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo y del horario escolar». Y en el 2, se propone «adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la restitución del IRPF no recaudado por el tesoro público y la modificación de la regulación del mismo impuesto en la perspectiva de la eliminación del impuesto religioso». Sin embargo, en el 6, la iniciativa plantea «habilitar partidas presupuestarias en los ministerios de Educación y Justicia y canalizadas por las asociaciones laicistas, humanistas y ateas, para promover valores humanistas y laicistas en la sociedad y en las escuelas».
Por un lado, cabe recordar que, en España, no existe impuesto religioso, sino un apartado del IRPF en el que los ciudadanos pueden decidir voluntariamente si quieren colaborar, a través de un 0,52 por ciento de sus impuestos, con el sostenimiento de la Iglesia católica. Y por otro, es realmente inaceptable que políticos demócratas pidan eliminar la religión confesional y, al mismo tiempo, propongan que la administración dé dinero para promover el laicismo en las escuelas. Además, podemos sugerir, a estos legítimos representantes del pueblo español, que lean el artículo 27.3 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Por cierto, la proposición de Izquierda Verde no pide que se reforme la Carta Magna.
Además de estas frases comentadas, la iniciativa ofrece otras ‘perlas’ que, sólo reproduciéndolas parcialmente, no necesitan comentarios extensos:
«En la Constitución, y en la práctica, España debe ser un Estado laico que garantice la libertad de pensamiento, que fortalezca la enseñanza pública en los valores cívicos y constitucionales y que respete los distintos credos y religiones». La sociedad no es laica, sino plural. En esta frase del preámbulo de la propuesta, se plantean dos principios incompatibles y radicalmente contrarios: el de Estado laico y el de respeto a los distintos credos y religiones.
«Las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado». Esto, incluido también en el preámbulo, no es nada nuevo. Pero no está de más denunciar que políticos elegidos democráticamente crean en este principio tan opuesto a la realidad, que incluye la dimensión pública y social del hecho religioso.
Para Izquierda Unida, los profesores de religión «son los únicos a los que la administración les permite educar sin que la propia administración compruebe su preparación para ello». Sobre esto, hay que recordar que la administración no es competente para educar a los ciudadanos. También se llega a decir en la proposición que «es necesario un modelo de Escuela Laica que eduque sin dogmas en valores humanistas, científicos y universales. Una escuela para la formación de la ciudadanía y la educación en la igualdad». Volvemos al mandato constitucional: Los educadores de las personas, desde niños, son los padres; el Estado y las administraciones sólo colaboran, siguiendo el principio de subsidiariedad.
Es curioso que, en el argumentario del preámbulo, el grupo de Izquierda Verde incluye breves referencias al matrimonio homosexual, que implica la adopción, y a la posición de la Conferencia Episcopal Española sobre este tema. Según la iniciativa parlamentaria, que se debatirá próximamente en el Congreso, el hecho de que los obispos defiendan y digan públicamente que el matrimonio es la unión de hombre y mujer es motivo suficiente para que el Gobierno no colabore con la Iglesia católica. Es decir, que los máximos representantes de los católicos sólo pueden decir lo que guste al propio ejecutivo.
No sabemos qué apoyos tendrá esta proposición no de ley que concentra todo el laicismo excluyente en sólo tres hojas. Ya es muy fuerte que una iniciativa así entre en el registro del Congreso. Pero es que, si acaba aprobándose, por ejemplo con los votos del PSOE y Esquerra Republicana, estaríamos ante un mandato parlamentario anticonstitucional y enormemente grave para la credibilidad de la democracia española.