EL MODELO TÁNTALO
El modelo sociolaboral que imponen los grandes inversores internacionales en los países centroamericanos, africanos y asiáticos se caracteriza por la promoción de gobiernos sumisos dispuestos agradar al poder económico internacional. Éste poder se personifica en las empresas multinacionales que solo invierten en un país a condición de disfrutar de un estatus laboral privilegiado. Al igual que en el mito de Tántalo, se trata de gobiernos que no dudan en exhibirse ante los inversores ofreciendo en sacrificio a su propio pueblo, y recibiendo a cambio una respuesta ambigua. Tántalo, rey de Frigia, invitó a los dioses a un banquete y sacrificó a su hijo para ofrecerlo como alimento.
La extensión de este modelo debe achacarse, no a aquellos gobiernos títeres y distanciados de sus ciudadanos, sino principalmente al gran número de empresas multinacionales que campan a sus anchas por los territorios sin ley e imponen sus condiciones abusivas decidiendo en sus sedes centrales el futuro de millones de personas.
¿Es necesario el sacrificio de una gran parte de la población, los trabajadores, para mejorar el nivel de vida del conjunto?; ¿se mejora entonces el nivel de vida del conjunto del país empleando a mujeres y niños en condiciones infrahumanas?. La legitimación del modelo se basa en la idea de que la empresa tiene como misión crear empleo aunque sea a costa de los derechos fundamentales de los trabajadores. Así, muchos países se ven compelidos a optar entre desempleo masivo o empleo precario con trabajadores con ingresos por debajo del nivel de pobreza y sin derechos fundamentales por creer que sin esa permisividad la situación del país sería mucho peor. Los organismos económicos internacionales se encargan de dar cobertura al poder económico publicando cifras de crecimiento económico en algunos casos sorprendentes pero que son como un castillo de naipes.
Crece el número de países que se ven sometidos a la crueldad de subastar a sus más débiles para contentar a los dioses. La actual teoría economía legitima la neutralización de derechos tan importantes como la dignidad, la salud, la libertad sindical, la igualdad, etc., y hoy, los derechos de la persona humana ya tienen precio en el gran supermercado laboral que las grandes firmas están construyendo.
LA INDUSTRIA TEXTIL EN BANGLADESH
El caso de la industria textil en Bangladesh es, quizás, el más ilustrativo del modelo Tántalo. El sector representa el 80% de sus exportaciones lo que provoca que el gobierno tenga las manos atadas para hacer algo por la seguridad de sus trabajadores. La débil legislación laboral y la escasa capacidad de aplicarla es fruto del poder de la poderosa industria que no quiere regulación.
Las multinacionales españolas prefieren aquel país porque la mano de obra es más barata, no se pagan aranceles a las importaciones y las condiciones laborales “son muy flexibles”. El 80% son mujeres jóvenes de entre 18 y 20 años que hacen turnos de hasta 14 horas y descansan dos días al mes. En aquel país trabajan el 46% de los niños entre cinco y catorce años.
El salario mínimo de Bangladesh atrajo a las grandes marcas de ropa porque era el más bajo del mundo y sigue siéndolo a pesar de haber sido aumentado en un 77% hasta los 49 € mensuales. Los trabajadores textiles de Camboya son los segundos peores pagados del planeta, a pesar de sus exigencias de mejoras.
La forma en que las multinacionales compran la ropa a las fábricas desvela un proceso diabólico pues la tupida red de subcontratistas usada para mantener surtidas las tiendas de nuestros centros comerciales provoca la imposibilidad de garantizar las normas mínimas de seguridad. La cadena de suministro es imposible de controlar y las grandes marcas llegan a afirmar que no tienen vinculación con las fábricas destruidas por incendios o derrumbes.
Los desastres en las fábricas de ropa de Bangladesh son frecuentes. Cuando llegan los bomberos y los equipos de salvamento se constata que no hay salidas de emergencias, que no existe control alguno sobre el deterioro de las estructuras o la construcción de nuevas naves o el crecimiento vertical de los edificios donde se alojan los talleres y las fábricas. Por la hora de los accidentes también se comprueba que la inmensa mayoría de trabajadores sobrepasan de largo la jornada «oficial».
Entre las ruinas aparecen las libretas de pedidos que contienen nombres de sus clientes y con manchas de sangre y cemento se pueden leer las grandes marcas que los consumidores del Norte compran de forma compulsiva. No falta ninguna.
El modelo Tántalo sabe que los habitantes de aquel país viven en la emergencia alimentaria y que sus menores se ven abocados a las fábricas de textiles además de la agricultura, el servicio doméstico, la venta callejera, las minas y otras actividades que ponen en peligro su salud.
¿QUE PASÓ TRAS EL DERRUMBE DEL RANA PLAZA?
En Rana Plaza había tiendas, un banco y cinco fábricas de ropa donde empresas como Benetton, Children’s Place, Mango, Primark o El Corte Inglés fabricaban parte de su producción. Las cifras oficiales hablan de 1.127 personas muertas y casi 2.500 heridas, así como 200 niñas y niños huérfanos. El día del derrumbamiento, a pesar de haberse denunciado reiteradamente la existencia de grietas en el edificio, la gente tuvo que elegir entre salvar su vida o arriesgarla para poder cobrar el salario.
Tras la tragedia, el Parlamento de Bangladesh ha reformado la legislación laboral. Con las reformas de 2013, las normas laborales han mejorado de forma muy limitada: la indemnización que debe pagar la empresa por muertes en accidente de trabajo se extiende ahora a los trabajadores con dos años de antigüedad, en lugar de los tres años exigidos por la ley de 2006. Las grandes empresas con más de 500 trabajadores quedan obligadas a cubrir el coste de los tratamientos de enfermedad profesional. También se establece la obligación de crear comités de seguridad y salud en las empresas con más de 50 trabajadores.
Por el contrario, se amplían los sectores de interés nacional donde no se permite la libre sindicación, como por ejemplo el sector sanitario. Las «zonas industriales de exportación», donde se concentra la actividad fabril, continúan excluídas absolutamente del derecho de libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Las huelgas pueden ser prohibidas en caso de perjuicios para el interés nacional o de serias dificultades para la comunidad. La legislación no impide la condena a trabajos forzosos como sanción a los huelguistas que incumplen la disciplina laboral o violen las restricciones al derecho de huelga. Los trabajadores pueden crear sindicatos siempre que consigan el 30% de firmas de los trabajadores de una empresa. Para ello deben entregar al empresario los nombres de los organizadores.
En definitiva, el modelo Tántalo ha permitido una tímida reforma que sigue permitiendo un régimen laboral que cualquier tribunal de un Estado de Derecho declararía atentatorio a los derechos humanos.
Doscientas multinacionales, incluidas varias españolas, firmaron un acuerdo vinculante para prevenir los incendios y los derrumbes de edificios en el país. Pero el acuerdo sigue permitiendo que los trabajadores de la confección del país asiático permanezcan expuestos a condiciones de trabajo peligrosas pues el programa de inspección y control afecta a menos de la tercera parte de las fábricas e instalaciones del país.
Otro de los grandes temas pendientes es el pago del Fondo de Compensación Internacional creado para las víctimas y familiares. Hay multinacionales que no han pagado absolutamente nada y las que han pagado lo han hecho con cantidades irrisorias en proporción con su tamaño y capacidad de pago con la calculada estrategia de lavarse la cara e impedir una campaña pública de denuncia.
Muchas familias afectadas por la tragedia de Rana Plaza siguen esperando alguna compensación. Mientras tanto, las compras españolas procedentes de Bangladesh han crecido un 19,3% en 2014 en relación al ejercicio precedente.
VOLVIENDO A LAS CAVERNAS
Los obreros de la Inglaterra de la Revolución Industrial que morían por accidentes en las minas iban a los tribunales y los jueces fallaban a favor del empleador. Las ominosas sentencias de aquella época absolvían a los capitalistas con la teoría de que los empleados conocían los riesgos del concreto trabajo cuando ellos firmaban el contrato, por lo que asumían el riesgo inherente. Por ello, muchas empresas imponían en el contrato la renuncia del trabajador a su derecho a demandar por accidente, lo que se denominó como el “derecho del trabajador a morir” o “contratos de muerte”.
En el siglo XIX los tribunales británicos atribuyeron durante algunos decenios la responsabilidad de los accidentes de trabajo a los propios trabajadores, mediante la doctrina de la asunción del riesgo, porque contrataban un trabajo a sabiendas de los riesgos que implicaba. Doscientos años después, los tribunales de Bangladesh han dictado sentencias que condenan a las empresas locales a indemnizar con 266 euros a los herederos de víctimas de derrumbes e incendios lo que prueba lo poco que hemos avanzado.
Pero no solo es el textil donde la explotación laboral arrasa a los trabajadores asiáticos. También los más afamados y modernos productos tecnológicos llevan el sello de la manofactura esclava. En China, la empresa Foxconn, contratista de Apple, Soni, Nokia y Ericson, entre otras, además de fabricante de la iPad, instaló redes de protección para evitar que quienes trabajan en sus fábricas se quiten la vida. La medida vino acompañada de otras, como la contratación de dos mil psicólogos -incluso de monjes budistas- para tratar de aplacar las inclinaciones auto destructivas del personal.
Foxconn cuenta con más de 800.000 empleados saltó a la opinión pública por una ola de suicidios sin precedentes sólo superada en la industria tecnológica por lo sucedido en France Telecom. Sus trabajadores, empleados en labores que exigen una alta precisión y concentración para la fabricación de aparatos tecnológicos de última generación, desarrollaban jornadas de trabajo de quince horas diarias, con acoso sexual a mujeres jóvenes, explotación infantil, sueldos miserables que no llegan para el mínimo vital o castigos a vivir incluso en la misma fábrica, son algunas de las situaciones denunciadas y seguramente las culpables de los suicidios.
La compañía Foxconn, está obligando a sus empleados a firmar un contrato con una cláusula infame de “prohibición de suicidio” que dice así: “En el caso de heridas producidas por causas no accidentales (incluyendo suicidio, automutilación, etc.), acuerdo que la compañía ha actuado correctamente en acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes, y no demandaré a la compañía, pediré demandas excesivas ni tomaré acciones drásticas que puedan dañar la reputación de la compañía o causar problemas que puedan perjudicar a las operaciones habituales”.
Tenía razón Guillermo Rovirosa cuando afirmó que “se equivocan los que afirman que el capitalismo ha colaborado al progreso de la humanidad. Esto es totalmente falso, y si la sociedad anónima encontrara mayor beneficio en retrotraer a la humanidad a vivir en las cavernas, no dudaría ni un momento”. Las víctimas de Bangladesh lo confirman
Autor: Javier Marijuán