A base de decretos-leyes. Esta actuación, que debería ser excepcional, se ha convertido en norma en los meses de legislatura.
En los nueve primeros meses del año, el Consejo de Ministros dictó nueve reales decretos-leyes, más que proyectos de ley de iniciativa interna. Los decretos-leyes permiten al gobierno actuar, según el art. 86 de la Constitución de 1978, «en caso de extraordinaria y urgente necesidad».
Pues bien, en los primeros nueve meses de esta legislatura, si dejamos aparte las leyes ordinarias aprobadas por la iniciativa e impulso de la Unión Europea, lo que debería ser una excepcionalidad se ha convertido en lo habitual. De esta manera se elude el control del Congreso y el debate en el espacio público en donde están los representantes elegidos por el pueblo.
De los nueve decretos leyes aprobados, seis se refieren a medidas contra la «crisis económica» (como la de los célebres 400 euros prometidos en la campaña electoral del PSOE).
Los otros dos temas legislados que son objeto de esta triquiñuela son los referidos al abono a inmigrantes de dinero (anticipo de la prestación por desempleo, en el caso de que hubieran cotizado) para que puedan regresar a sus países en vez de estar parados en el nuestro, y los que acometen medidas urgentes contra la sequía, en varias zonas, pero específicamente el abastecimiento de agua en la provincia de Barcelona.
Los decretos-leyes reducen a la mínima expresión el debate en el Parlamento, ya que los grupos no pueden introducir ninguna corrección o mejora en forma de enmiendas, discutir a fondo el contenido de cada artículo o presentar sus propuestas alternativas. Los diputados ven limitado su papel a la convalidación o rechazo del decreto-ley dictado por el Consejo de Ministros, tras un rápido intercambio de pareceres en el Pleno. Como mucho, los grupos parlamentarios pueden pedir que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que daría mucho más juego y protagonismo a la oposición.
Pero el grupo mayoritario, a instancias del Gobierno, ha rechazado esa posibilidad cada vez que se ha planteado, con el apoyo incondicional de sus aliados ocasionales (en los últimos tiempos son el PNV y el BNG, curiosamente adversarios en las dos elecciones autonómicas que se avecinan). «Ustedes han impuesto el estado de excepción a la hora de gobernar económicamente al país, lo han impuesto con reales decretos-leyes para evitar el control del Parlamento y el debate a fondo sobre la política económica», se quejó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, cuando Pedro Solbes presentó el último decreto-ley económico en el Parlamento.
