La Conferencia Episcopal Brasileña denuncia la corrupción en el Gobierno. Con ocasión del mensaje de Navidad, los prelados acusaron al mandatario de haberse olvidado del del
El episcopado de Brasil, por boca del presidente de la Conferencia Episcopal del país, Geraldo Majella Agnelo, de 71 años, ha hecho una dura crítica al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con ocasión del mensaje de Navidad, los prelados acusaron al mandatario de haberse olvidado del “aspecto social”. Según los obispos, Lula aplica una política económica que no ha beneficiado a los más pobres.
Los obispos de Brasil, contribuyeron a la elección de Lula como presidente. El episcopado siempre ha estado de parte de los movimientos sociales como el de los Trabajadores Sin Tierra (MST), los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo social.
Los prelados se manifiestan decepcionados por los resultados de la gestión del primer Gobierno de izquierdas en la historia del país, no sólo por lo que denominan su política neoliberal -que ha servido sobre todo para enriquecer a los bancos y a las entidades financieras internacionales-, sino también por el alto índice de corrupción del Gobierno de Lula y de su grupo político, el Partido de los Trabajadores. El presidente de los obispos ha dicho que los ciudadanos ya no pueden aceptar más “promesas en vano”, y ha pedido que el año próximo los candidatos en las elecciones “no hagan promesas que saben que no van a poder cumplir”.
A la pregunta de los periodistas de si el presidente Lula está cumpliendo las promesas que había hecho durante la pasada campaña electoral, Majella contestó: “¿Ustedes qué opinan?”. Respondía así indirectamente al presidente Lula, que sigue defendiendo contra todas las evidencias, incluso de las aportadas por las comisiones de investigación de la Cámara baja del Parlamento y del Senado, que no hubo corrupción en su Gobierno y que se trata más bien de acusaciones lanzadas por los medios de comunicación.
El presidente de la Comisión Episcopal Brasileña pidió que sean castigados “incluso con la cárcel” aquellos políticos que aceptaron dinero de sobornos por parte del Gobierno. El arzobispo Majella dijo que es preciso también “que el país recupere todo el dinero robado al erario público”.
El arzobispo acabó diciendo que “existe un pasivo social acumulado en la gestión del Gobierno de Lula”. Al ser preguntado sobre el anuncio de que el Gobierno ha decidido, antes aun del tiempo marcado, saldar la deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional, Majella ironizó: “La deuda interna sigue en pie, y quizás hasta ha aumentado. Y es esa deuda con la sociedad la que es necesario saldar”.
A lo largo de este año han arreciado las críticas de la mayoría de los prelados católicos al actual Gobierno, debido a la orientación de la política económica de Lula, considerada como una continuidad de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso.
La deuda social de Lula
Los movimientos populares critican al Gobierno las promesas inclumplidas en Brasil
JUAN ARIAS –
ELPAIS.es –
– 09-12-2005
Los principales movimientos sociales brasileños, que tanto contribuyeron a la elección de Luiz Inácio Lula da Silva para gobernar a los brasileños, acaban de hacer un balance negativo de los tres años del izquierdista Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
Según el Informe sobre los Derechos Humanos en Brasil 2005, ya no le queda tiempo al Gobierno de Lula para dar un giro y al margen del Gobierno que le suceda, de derechas o de izquierdas, la situación en adelante “puede ser explosiva”.
El informe señala que las promesas que el Gobierno de Lula había hecho durante su campaña electoral sobre la reforma agraria, la alfabetización, la política indígena, la política habitacional, la creación de empleos o la defensa de la Amazonia, entre otras, no han sido cumplidas.
Entre los movimientos sociales que han redactado y firmado el documento figuran, entre otros, el Consejo Indígena Misionero (Cimi); el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST); el Foro Nacional de la Reforma Urbana y la Comisión de la Pastoral Obrera.
Brasil sigue necesitando una transformación social. El informe, de 260 páginas, alerta sobre la violencia policial, que asuela las grandes metrópolis, con números alarmantes. Más de 50.000 muertos (en el informe del 2004, eran 40.000) por violencia urbana en Brasil. En las zonas rurales, la violencia también ha aumentado. Durante este último mandato han sido asesinados 147 trabajadores del MST. En los pueblos indígenas, en este año, murieron de desnutrición 44 niños.
Alto desempleo
El desempleo abarca a casi todos los segmentos sociales en todo el país y entre los más pobres el desempleo llega al 56%. Al mismo tiempo ha empeorado sensiblemente la situación de los cortadores de caña de azúcar, una de las mayores industrias del país. Los salarios han sido reducidos al mismo tiempo que han aumentado las horas de trabajo. Ya han muerto este año 13 trabajadores por exceso laboral. Por ejemplo, cada cortador de caña realiza 9.700 golpes de machado para conseguir una media de diez toneladas diarias y el sueldo mensual es de 300 reales (120 euros).
Según los movimientos sociales incluso el programa Hambre Cero, que llega a ocho millones de familias, se ha tratado más bien de una medida política “compensataria y no estructural” para acabar con la plaga de la injusta distribución de la renta, que en Brasil es la peor del mundo despues de Haití.
En un sólo punto, el documento absuelve al Gobierno: la lucha contra la explotación laboral. Según el informe, en 2005 fueron liberados por los equipos del Ministerio de Trabajo 16.500 trabajadores y fueron fiscalizadas 119 fincas de latifundios en 56 operaciones policiales.
Según María Luisa Mendoça, directora de la Red Social de Justicia que organiza todos los años el Informe Derechos Humanos Brasil 2005, los movimientos sociales continuarán con su trabajo en la acción politica, pero con los ojos puestos más en la sociedad civil que en los procesos electorales. Para los movimientos sociales, la llegada de Lula al poder, y con él la izquierda, era la última posibilidad para un cambio social a fondo en la sociedad brasileña.
Diversos organismos del Gobierno han contradicho las conclusiones del informe poniendo de relieve las conquistas del actual Gobierno Lula en todos los campos sociales.
