Un 67% de los presupuestos de la Administración General del Estado se destina a gastos de naturaleza financiera.
Crecen las desigualdades en España y los pobres son cada vez mas pobres.
Cada año el gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que son aprobados por el Parlamento para su aplicación al año siguiente.
Mediante una norma de rango de ley se fijan tanto los gastos que se prevén realizar durante un año, así como los ingresos que se prevén recaudar principalmente a través de impuestos.
Un instrumento tan importante sin embargo es desconocido para la mayoría de los ciudadanos entre otras cosas porque contienen un sinfín de partidas muy genéricas, sin que se detalle claramente a que van destinados. Por otra parte, los presupuestos son controlados por la UE y sus líneas maestras se fijan desde arriba.
Porque los presupuestos pueden ser un instrumento para favorecer la distribución de la riqueza o al contrario para hacer que las desigualdades aumenten. Pueden servir para proveer servicios básicos de la población, como carreteras, alumbrado eléctrico, desarrollo industrial de las zonas más desfavorecidas, inversiones en investigación, comunicaciones etc… o pueden servir para favorecer a determinados sectores mediante exenciones fiscales, transferencias de capital, prestamos o ayudas a fondo perdido. Además, hay que tener en cuenta como se financian los presupuestos, y que clase de impuestos son los que los financian.
Si la política con mayúsculas es la persecución del bien común, los presupuestos serán más justos, y mejores cuanto más contribuyan al bien común y a perseguir una justa distribución de la riqueza.
Desde esta perspectiva vamos a intentar analizar la política presupuestaria y los PGE.
Cuando hablamos de los PGE debemos tener en cuenta que incluyen tanto los presupuestos de la Administración General del Estado, como los presupuestos de la Seguridad Social y de otros organismos públicos y entidades que integran el sector público estatal.
Quedan fuera comunidades autónomas y corporaciones locales que soportan aproximadamente la mitad del gasto público. Como tienen asumidas las transferencias educativas y sanitarias, estas partidas quedan excluidas de los PGE.
Aunque se da mucha publicidad a la aprobación inicial de los presupuestos que salen en todos los medios, luego se pueden aprobar créditos extraordinarios que aumentan los gastos inicialmente presupuestados, sin que la opinión pública apenas se enteró de ello. Así por ejemplo el 28 de septiembre de 2012 se convalidó un crédito de 1.782 millones de euros que no estaba incluido inicialmente en los PGE de ese año, para hacer frente a las obligaciones de la programas especiales de armamento. También, por esta vía se aprobó en noviembre de 2012 un crédito de 61.500 millones de euros en este mismo año con cargo al capítulo 8 de activos financieros para hacer frente a la concesión de un préstamo al Fondo de Reestructuración Bancaria (el conocido FROB) para la ejecución del programa de asistencia financiera a la banca. Así mismo, en noviembre de 2013 se aprobó un crédito extraordinario por importe de 2.200 millones de euros destinados a financiar a las empresas eléctricas con cargo al capítulo 7 de transferencias de capital.
Centrándonos ya en los presupuestos del año 2014, el total de las partidas de gasto asciende a 423.227 millones de euros que suponen algo más del 40% del PIB español. Si tenemos en cuenta solo los presupuestos de la Administración General del Estado y excluimos los gastos de la seguridad social que se financian no con impuestos sino con cotizaciones, el importe de los gastos totales asciende a 271.317 millones de euros.
De este importe aproximadamente un 37,63% sirve para financiar operaciones no financieras. El resto un 62,67% se destina a financiar gastos de naturaleza financiera, bien a amortizar deuda, al pago de intereses o a realizar préstamos a terceros. Es decir que todos estos gastos corresponden a movimientos financieros, que no van a ir destinados al sostenimiento directo de la actividad.
La deuda pública se destina no solo a satisfacer las necesidades de las administraciones públicas sino también para avalar y financiar entidades como el Fondo de Amortización del Déficit eléctrico, el Fondo para la financiación del Pago a proveedores, la parte asignada a España relativa a los préstamos a Irlanda, Portugal y Grecia, así como el préstamo para la recapitalización del sistema financiero español llevado a cabo por el Mecanismo Europeo de estabilidad.
En los presupuestos generales del Estado se destina una partida de 68.333 millones para amortizar la deuda pública, y 36.590 millones de euros para el pago de los intereses que esta deuda genera. Esto supone que el 38,6% de los gastos aprobados se destinaran a pagar a los tenedores de deuda pública, bien mediante la devolución de la deuda bien mediante el pago de intereses. Esta cantidad equivale a una deuda de 1.643 euros por ciudadano.
La partida dedicada al pago de intereses supera las cantidades destinadas al desempleo, los gastos de personal e inversión.
El pago de intereses no ha dejado de crecer según el cuadro adjunto en el que se compara además con otras partidas:
Cada año el Estado emite nueva deuda para amortizar la deuda existente, para financiar el déficit, para atender gastos extraordinarios. Se calcula que la deuda viva pública asciende a 826.000 millones de euros. En 2002 era solo de 312.000 millones de euros. Por tanto en 12 años la deuda en circulación ha aumentado un 164%.
La deuda es un gran negocio para los bancos e instituciones financieras que ganan con su colocación y ganan con el cobro de intereses. La deuda supone que las generaciones futuras tendrán que pagar los gastos realizados por las generaciones anteriores. La deuda supone un trasvase de recursos desde los trabajadores hacia los poseedores de esa deuda haciendo que las desigualdades crezcan. La deuda es un mecanismo de robo y dominación porque quien paga manda,
y exige reformas al país deudor. Esto se ha visto muy claro para el caso de Grecia, y los países iberoamericanos con los préstamos masivos del FMI en la década de los ochenta.
El mecanismo es perverso porque mucha de esta deuda se ha generado para rescatar a la banca tras la crisis del 2008. Una banca que está haciendo negocio con la deuda que ella misma ha creado y que aprieta ahora las clavijas exigiendo reformas que siempre le benefician, como la reforma de La Constitución, las privatizaciones de todo tipo, la reforma de las cajas, y la reforma de las pensiones y un largo etc.
La injusticia se acrecienta si tenemos en cuenta que para pagar esos intereses y esa deuda se ha exigido sobre todo sacrificios a los más perjudicados por la crisis. Pues se ha producido un aumento de los impuestos, vía la subida del IRPF un impuesto que grava las rentas del trabajo y con la subida del IVA un impuesto indirecto que hace que la carga tributaria sea mayor para los que menos tienen.
Y es que los realmente beneficiados por la crisis, apenas pagan impuestos. Un ejemplo son las SICAVs que gravan los patrimonios de las grandes fortunas y que no llegan a un 1%, las fundaciones o las empresas multinacionales que evaden impuestos a través de sus empresas del grupo. Además, la evasión fiscal en España maneja cifras escalofriantes, mas de 81.000 millones en 2012. La recaudación de estos ingresos tributarios permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país. Casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal de nuestro país se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño. Gran parte de estas evasiones tienen que ver con las prácticas que se realizan bajo la clandestinidad económica y empresarial.
Con este panorama no es extraño que estén creciendo las desigualdades en nuestro país y que los pobres sean cada vez más pobres.
Autor: Ángela Elósegui
