La escuela concertada supone para el Estado un ahorro de más de tres mil millones de euros anuales según un informe hecho público recientemente por el Foro Calidad y libertad de la Enseñanza
La escuela concertada supone para el Estado un ahorro de más de tres mil millones de euros anuales según un informe hecho público recientemente por el Foro Calidad y libertad de la Enseñanza. El estudio demuestra que los poderes públicos destinan sólo 1.840,75 euros al año a los alumnos escolarizados en los centros concertados, un cuarenta y ocho por ciento menos de los 3.517,62 euros anuales que le cuesta al Estado mantener cada uno de los puestos escolares de la enseñanza pública. Según los autores de este informe, que ha dirigido el economista Juan Velarde, la aprobación del proyecto de la LOE que plantea el Gobierno, todavía agravaría más esta desigualdad.
Lejos del catastrofismo con que varios sectores cercanos al Gobierno han cargado contra los colegios católicos concertados, la realidad, puesta en evidencia por el documento titulado «Libertad y financiación de la enseñanza: condiciones y exigencias», que ha elaborado este Foro demuestra que los colegios concertados son, en palabras de sus autores, «una bicoca para el Estado». El informe se basa en la publicación «Las cifras de la educación en España. Curso 2001/2002» del Ministerio de Educación, en donde se revela que un millón setecientos mil alumnos están escolarizados en centros privados concertados, mientras que cuatro millones seiscientos mil, lo están en centros públicos.
Según el documento, «el gasto público por alumno es notablemente superior en los centros públicos que en los centros concertados» pues, mientras que los centros católicos, que escolarizan al 25,5 por ciento de los alumnos, sólo reciben el 15,7 por ciento del gasto; los centros estatales, que educan al 67,4 por ciento de los alumnos, reciben un 79,3 por ciento de los 20.420 millones de euros del presupuesto de educación. Esta diferencia tan significativa llevaría a que, de suprimirse los conciertos, el Estado tendría que desembolsar 1.676,87 euros anuales más por cada uno de estos alumnos, un total, según el Foro, de 3.200 millones anuales, «sin incluir el gasto que supondrían las instalaciones necesarias para suplir los más de cinco mil centros concertados». Una cantidad nada despreciable, similar al presupuesto del Ministerio de Medioambiente, o tres veces superior al de Vivienda.
La LOE, un retroceso para la libertad. Los autores señalan que, según se desprende del proyecto presentado en el Parlamento, la nueva ley de educación (LOE), no contribuirá a reducir estas diferencias, sino que, por el contrario, «supone un retroceso para la libertad de enseñanza, con respecto al marco normativo actual». De hecho, la memoria económica que acompaña a la ley ya reconoce que el coste de una unidad de primaria de un centro público supera en cuatro mil euros al destinado para la misma aula en un colegio concertado. Para el Foro, «mientras se mantenga la situación económica actual de los centros concertados, no es posible ni justo hablar de la gratuidad de la enseñanza obligatoria» en España.
Tomado de la La Razón
