Denegado por ser cristiano

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El Ayuntamiento de Bilbao impide la difusión de información solidaria contra el hambre en el mundo, contra el paro y contra la esclavitud infantil a una asociación, alegando como motivo, ser confesional.

En aquel tiempo, el mesiánico Rodríguez Zapatero proclamó «No es la verdad la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace verdaderos«.


            La prepotencia de enmendarle la plana ni más ni menos que a Jesús de Nazaret ahí está. Entre sus discípulos tal revelación ha calado, y hace poco la repitió también Peces Barba, e incluso un grupo de sacerdotes madrileños parecen haberse convertido y optado por esta forma pseudo mística de decir: «lo que me da la gana, es la verdad».


            A la vez, tanta invocación a la libertad, apenas disimula el ataque decidido contra una de las manifestaciones más importantes de la libertad: la libertad religiosa. Este ataque ha sido durante años soterrado; ha ido minando poco a poco las convicciones, las formas de vida, los valores, difamando un poco por allí, un poco por allá, sembrando cizaña… y en los últimos años se quiere dar la puntilla con medidas legales. Darle carta de naturaleza jurídica ahora que la manipulación ha allanado los caminos, ha predicado el nuevo credo, bueno, la ideología del poder.


            El Observatorio para la Libertad Religiosa presentó a principios de 2008 un informe que recogía 100 motivos para estar alerta. Se trataba de declaraciones públicas de diferentes instituciones, personajes públicos o partidos políticos que consideraba significativas a la hora de explicar e ilustrar este retroceso en la libertad religiosa.


            Avanzando el año 2008, estos motivos fueron aumentando. El sujeto principal víctima de este ataque en España es, sin duda, la Iglesia católica. El ataque contra la misma es despiadado, e incluso a veces quiere presentarse bajo capa de pluralismo religioso, queriendo que tenga la misma relevancia que otras confesiones que apenas tienen implantación ni numérica ni cultural en España. Pero todo vale, contra la Iglesia católica, y en definitiva contra cualquier religión que pretenda no someterse a los dictados del poder, y salvaguardar la dignidad de la persona y su libertad frente a los que gobiernan las distintas parcelas y dimensiones de nuestra vida.


            El ambiente está ahí, y cala de tal forma que aun sin haberse producido esas amenazantes reformas legales, algunos ya aplican jurídicamente su espíritu orwelliano.


            El pasado junio, miembros del Movimiento Cultural Cristiano (MCC), recibían con estupefacción una respuesta de la Oficina: Uso de Espacio Público, del Ayuntamiento de Bilbao (PNV). Desestimaba el Ayuntamiento una petición de esa asociación católica para instalar un puesto informativo sobre su Campaña contra las causas del Hambre, del Paro y de la Esclavitud Infantil con increíbles y arbitrarios argumentos.


            El primero se refería a la «proliferación de solicitudes recibidas en orden a la instalación de mesas informativas obligan a adoptar criterios más restrictivos que los que venían siendo habituales«. La proliferación es un concepto demasiado indeterminado como para poder fiarse de él, de hecho el día solicitado hubo en las cercanías otras actividades, alguna de corte nacionalista que al parecer no entra en el concepto de proliferación, aunque lamentablemente proliferen más que las actividades solidarias.


            El segundo motivo es exponente de la baja catadura moral, de la arbitrariedad en el ejercicio de responsabilidades públicas, y llanamente de la más pura desvergüenza. Dice en su contestación el responsable del citado departamento: «Es por ello que se ha de poner en conocimiento de la solicitante la imposibilidad de acceder a su petición, por estar incluidas las organizaciones confesionales entre las entidades restringidas«. No cita, ningún reglamento, ninguna ordenanza, ningún bando. La razón es el «porque me da la gana», y eso se convierte en verdad absoluta. Su «libertad», impide la libertad.


            Esto es una violación de un derecho humano fundamental. Impedir la información solidaria por causa de creencias religiosas es anticonstitucional.


            Es el camino al que estamos abocados. Seguir doctrinas heréticas es lo que tiene. Y por ese camino muchos nos veremos con una cruz amarilla cosida a nuestro abrigo, si no, al tiempo.