En el pasado solía ser una de las reivindicaciones de la izquierda
Conviene recordar que en 1976, en la escuela de verano del PSOE, Miguel Boyer, que seis años más tarde sería superministro de Economía y Hacienda, se pronunciaba a favor de la nacionalización de la banca. Eran los últimos coletazos de una ideología de izquierdas que quedaría sepultada bajo el tsunami del pensamiento único. Pensamiento único que, sin aportar razones, exclusivamente a través de la descalificación y colgando el cartel de desfasado a quien osase contravenir sus dictámenes, condenaba todo lo público y ensalzaba lo privado.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, no sólo no se nacionalizó la banca, sino que innumerables entidades financieras, tras ser saneadas con dinero público, fueron devueltas al sector privado. Asimismo, se perdió la oportunidad de establecer con las cajas de ahorro una banca pública potente. Tengo que reconocer que una de las primeras medidas que me sorprendieron y me decepcionaron de aquel primer Gobierno socialista con el que, de alguna manera, me sentía implicado, fue la ley de Cajas de Ahorro, ya que se entregaba su control a los ayuntamientos, comunidades autónomas y grupos de impositores, que era lo mismo que concederlo a sindicatos y partidos políticos.
La nueva ley suponía una ocasión perfecta para crear una banca oficial fuerte, capaz de servir de contrapeso a las entidades financieras privadas. Por el contrario, la norma que se aprobó disgregaba la capacidad de decisión y de actuación del Estado en un sector tan estratégico como el del crédito. Se perdió esta oportunidad, pero es que además, corriendo los años, se privatizaría la modesta banca oficial que provenía del franquismo: Caja Postal, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, de Crédito Agrícola, Hipotecario, etc., pasaron al sector privado. Es seguro que en los momentos presentes el Gobierno echa de menos contar con una extensa red de entidades financieras públicas con las que instrumentar las ayudas y los créditos. La actual crisis económica está demostrando algo que en realidad todos sabíamos con anterioridad: la importancia que el crédito tiene en una economía moderna y los perniciosos efectos que pueden deducirse de un mal funcionamiento de las entidades financieras.
Sólo la sustitución de la teoría económica por un catecismo huero ha podido conducir a aceptar sin ningún análisis que los bancos deben ser privados. No parece que exista ninguna razón para ello; más bien los argumentos se inclinan en la línea contraria. Se suele afirmar con bastante ligereza que en el sector privado los gestores se están jugando su propio dinero y que, por lo tanto, ponen más interés que los burócratas nombrados por un gobierno. Esto puede ser cierto para las pymes, los pequeños comercios o los negocios familiares –de ahí la irracionalidad económica de los sistemas llamados del socialismo real, que pretendían tener socializada toda la economía– pero desde luego no lo es en el caso de las entidades financieras, donde se produce un divorcio claro entre gestión y capital y donde la participación de los administradores en el patrimonio de la compañía es nula o insignificante. Uno de los factores que está detrás de la actual crisis es que los intereses de los ejecutivos no coinciden, por supuesto, con los de los ciudadanos, pero ni siquiera con los de la corporación que dirigen.
En estas coordenadas, la afirmación de que la cuenta de resultados es un buen termómetro de la marcha de la empresa no se sostiene. Las consecuencias de una mala gestión pueden manifestarse, tal como estamos viendo, muchos años después, cuando ya no hay remedio, y con graves daños no sólo para la entidad que se dirige, sino también para toda la sociedad en su conjunto. En contra de la banca pública se agita el fantasma de que los intereses políticos pueden interferir en la marcha del sistema financiero; utilización política de las empresas, se afirma. Pero ¿es que acaso lo evita el que sean privadas? Hoy, intereses políticos y económicos se amalgaman en una extraña mezcla.
Políticos y ejecutivos de las grandes compañías forman una clase en la que los sitios se intercambian, y más grave aún que la política condicione a las empresas es que las empresas condicionen a la política. Al menos el sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado, al que se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su dinero.
Hoy, paradójicamente, es el propio sector financiero el que reclama la intervención estatal, aunque, eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo que el Estado les saque del atolladero que limpie con dinero público la basura que han ido acumulando en sus balances.
Cantidades ingentes de fondos estatales están afluyendo a las entidades financieras en Europa y en Estados Unidos sin que el panorama se despeje y sin que, lo que es más grave, el crédito llegue a las empresas y a las familias. Incluso el propio Banco Central Europeo está dando la voz de alarma. ¿No habrá llegado el momento de emplear todos esos recursos en la constitución de una banca pública que nos libre de situaciones similares?
Concretamente, en nuestro país, ¿no sería la ocasión de nacionalizar las cajas de ahorro dándoles una unidad de acción y librándolas de las banderías e intereses provincianos?.