‘Si se ven explotados, en las condiciones que tuve yo, animaría a otras personas a denunciar, porque no es justo que te estés matando a trabajar y a fin de mes no te paguen’.
Fuente: | Diagonal | 23-12-2009
Luis y Claudio, inmigrantes paraguayos ‘sin papeles’, denunciaron por explotación laboral a
«Si se ven explotados, en las condiciones que tuve yo, animaría a otras personas a denunciar, porque no es justo que te estés matando a trabajar y a fin de mes no te paguen», asevera Luis Egaña pese a tener dos detenciones y un expediente de expulsión a sus espaldas. Una persona en situación irregular puede conseguir el permiso de trabajo si demuestra en un juicio que ha estado trabajando al menos un año para una empresa. Y la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander ha dado a Luis la razón en la demanda contra Escenasant S.L., que pretendió negar que le había empleado. Ahora tendrán que readmitirle o indemnizarle con unos 7.000 euros. Los controles policiales y la estricta aplicación del Reglamento de Extranjería estuvieron a punto de ocultar la explotación laboral que había sufrido.
El 16 de noviembre, un día antes de declarar, Luis sufría su segunda detención cuando iba a firmar en Extranjería. Pasó 30 horas en el calabozo sin saber qué iba a ser de él. Antes había sido detenido a la entrada de otro litigio sobre la misma cuestión, en el que la parte denunciante era su compañero Claudio Maturana, también ‘sin papeles’. Ambos pasaron ocho horas en comisaría. La labor de
Cuatro meses sin cobrar Luis y Claudio denunciaron haber trabajado sin contrato desde abril de 2008 con
Los primeros meses cobraron en metálico –cuestión que ha hecho difícil acreditar la relación laboral en el juicio– pero, unos meses antes de abandonar el trabajo, en julio de 2009, el empresario empezó a ’escatimar’. «A final de mes nos decía que no tenía dinero y nos daba 200 euros, por ejemplo, y decía que nos pagaría después», apunta Luis. Este particular no deja de ser curioso en una sociedad que, según informes facilitados por la Tesorería a los abogados de Luis, facturó en el último periodo 382.000 euros con una media de 0.92 trabajadores. Los cuatro últimos meses ya no cobraron nada: entonces decidieron denunciar.
Para Luis Egaña esta situación no era nueva. Había denunciado antes para la empresa asturiana Río Estructuras Modulares S.L, que también dejó de pagarle. Paradójicamente, ese es uno de los motivos que puede aducir como arraigo en contra de su expulsión: en el juicio quedó acreditada una relación laboral de dos años. La empresa le adeuda 15.800 euros más los intereses y se niega a pagar, y no por falta de liquidez. Trabaja con el Principado de Asturias y acaban de concederle una nueva obra.
Detenidos al ir a declarar
El 1 de octubre, Claudio tuvo el primero de los juicios contra Escenasant S.L.. Luis y un trabajador de la empresa le acompañaban como testigos. Cuando entregaron el pasaporte a los guardias de seguridad de los Juzgados, «apenas leyeron nuestros nombres, sin que le diera tiempo a ver la fecha del documento», subraya Luis, el vigilante llamó a un policía nacional que había dentro de la sala.
Éste, a su vez, llamó a la Brigada de Extranjería. La labor de su letrada, Irene Álvarez, evitó que se los llevaran antes de testificar en el juicio. A la salida, eso sí, les esperaban la Brigada de Extranjería y ocho horas de comisaría, de las que salieron con un expediente de expulsión abierto.
La abogada de Claudio, Inés Alvarez, ha puesto una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la jueza sustituta que llevó el caso de Claudio, Catalina Pérez Noriega. Ha basado esta queja, en primer lugar, en que «mientras negociaba con la policía, la jueza conversaba dentro amigablemente con el abogado de
A la denuncia de los hechos mediante su difusión en la prensa, llevada a cabo por el colectivo antirracista asturiano Ruta contra el racismo y la Represión, el TSJ de Cantabria respondía que el juicio se desarrolló «con normalidad». De la vista no hay, pese que suele ser la práctica habitual, una grabación.
A punto de la expulsión
Claudio perdió el juicio porque no se consideró probada la relación laboral. El hecho de que vivieran en la casa situada sobre la nave de la empresa no se tomó en cuenta, tal vez dando por buena la versión de Solana, que aseguraba que les permitía vivir allí «para darles cobijo» y no porque fueran empleados suyos.
La sentencia ha sido recurrida. El abogado encargado del recurso, Juan Vega, cree que tiene muchas probabilidades de tener éxito, con lo que se tendría que repetir la primera vista. Y es que, amén de otras irregularidades, en los hechos probados, se reseña sobre dos videos aceptados como pruebas documentales: «Al parecer se ve al actor subido en un camión grúa». Una expresión fuera de lugar al tratarse de «hechos probados».
Abierto el expediente de expulsión, tanto Claudio como Luis hubieron de acudir quincenalmente a Extranjería. Y sorprendentemente, 48 horas antes del segundo juicio, con una «espectacular» celeridad, en expresión de su abogado, Juan Vega, Luis era detenido porque se había resuelto su expediente. Podía ser expulsado en avión o conducido a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Intentó llamar al abogado pero no se lo permitieron.
Al no haber billetes para expulsarlo, la policía avisó a Vega, puesto que la otra opción era el internamiento en un CIE. Tras 30 horas en comisaría, los abogados consiguieron que, mediante medidas cautelarísimas, Luis no fuera expulsado.
Por otro lado, para evitar la indefensión ocurrida en el juicio de Claudio, la Ruta contra el Racismo y la Represión acompañó a Luis en el juicio. En los juzgados, abundantes medios de prensa dieron cobertura a
Respuesta del TSJ
En respuesta a la denuncia de los controles llevada a cabo en los medios, el TSJ emitió un comunicado en el que negaba que se hubiera «discriminado a ningún ciudadano extranjero». El TSJ afirmaba que se «siguió el protocolo que se aplica en estos casos», la declaración del TSJ empeoraba el diagnóstico, pues con semejante afirmación «recuerdan a cualquier persona sin papeles que el guarda de Seguridad de la puerta de los Juzgados de lo Social de Santander llamará a la policía en cuanto intenten entrar al edificio. «
La expulsión de Luis quedó en suspenso al día siguiente al juicio. La valentía de denunciar le podría valer la regularización, demostrados ya más de tres años de trabajo en España. A Claudio le sustituyeron la expulsión por una multa –al ser la primera–: espera el recurso, y que un nuevo control policial no agrave su situación.