‘Durante la última década, América Latina se ha constituido en un objetivo estratégico para la expansión de los negocios de las empresas españolas. Por eso, desde el Gobierno de Zapatero se dice que «nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás’.
Durante la última década, América Latina se ha constituido en un objetivo estratégico para la expansión de los negocios de las empresas españolas. Por eso, desde el Gobierno de Zapatero se dice que «nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás» [1]. Y, para los próximos tiempos, las corporaciones transnacionales están viendo cómo disponer de perspectivas de mercado aún mayores: aprovechando el marco de las alianzas público-privadas y con las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa como referencia, las multinacionales españolas están llevando a cabo nuevas inversiones en países como Panamá, Brasil y Colombia, que sirven como ejemplo para ilustrar la actual fase de expansión de sus negocios.
Son precisamente sus operaciones en América Latina las que les han permitido a las empresas españolas convertirse en grandes corporaciones transnacionales y, actualmente, les reportan entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales: BBVA logra el 49% de sus ingresos gracias a sus negocios en la región; Telefónica, el 37%; Santander y Endesa, el 30% [1]. En el año 2009, una tercera parte de los beneficios de las mayores empresas españolas provino de América Latina y contribuyó a seguir incrementando sus niveles de ganancia incluso en un contexto de crisis económica global [2].
Esta fortaleza del capital transnacional de origen español tiene sus orígenes hace poco más de una década. Concretamente, en la segunda mitad de los años noventa, momento en el que, gracias al tamaño y el capital que acumularon tras las privatizaciones y fusiones en el Estado español, las empresas españolas se expandieron a América Latina para llevar a cabo lo que podríamos llamar «el segundo desembarco» en la región. Allí, desde un principio, las multinacionales españolas diseñaron estrategias para amortizar rápidamente sus inversiones. Y no tuvieron el éxito inmediato que esperaban, ya que tuvieron que afrontar movilizaciones populares en su contra –como, por ejemplo, por el alza de tarifas en sus servicios–, crisis económicas –la de Argentina fue la más importante–, el fracaso de varias de sus apuestas –como las de Unión Fenosa en República Dominicana e Iberia en Argentina– e, incluso, los procesos de recuperación de la soberanía estatal y los intentos de nacionalización de algunos gobiernos progresistas de la región. Eso sí, favorecidas por las reglas del comercio internacional y contando siempre con el apoyo del Gobierno español, a través tanto de los créditos y apoyos económicos para la internacionalización como de las presiones diplomáticas, para mediados de esta década ya habían lograron alcanzar una posición de liderazgo económico regional en los sectores de las telecomunicaciones, banca, hidrocarburos y electricidad. Como resultado, sus beneficios se incrementaron de forma espectacular: entre 2004 y 2007, la media del aumento de las ganancias globales de las ocho mayores multinacionales españolas fue del 150%.
Renovar las estrategias
A partir del capital acumulado en América Latina, donde no producen para el mercado mundial sino que orientan sus actividades hacia los mercados internos de los países de la región –son, fundamentalmente, empresas de servicios–, a lo largo de los últimos años las multinacionales españolas han diversificado y ampliado sus inversiones y, así pues, han dado el salto a otros mercados como Estados Unidos, China y África. Ahora bien, América Latina permanece como un eje central de sus negocios. Y es que, a pesar de las críticas y denuncias recibidas por los conflictos que han generado en la región, ésta sigue siendo un lugar preferente para la consolidación y expansión del negocio de las multinacionales españolas y, por ello, no piensan por el momento en abandonar una zona que, según el presidente Zapatero, «ofrece un enorme potencial para las empresas comprometidas con vocación de permanencia, a quienes se les presenta la perspectiva de mayores mercados y con más estabilidad jurídica» [3].
De este modo, las grandes corporaciones españolas pretenden explotar ese «enorme potencial» que ofrece América Latina y para eso han diseñado renovadas estrategias. Bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Corporativa, el novedoso paradigma de gestión empresarial con el que las empresas transnacionales pretenden legitimar sus operaciones, mejorar su imagen de marca y avanzar hacia la construcción de una ciudadanía corporativa [4], están ampliando la búsqueda de mercados a otras capas de la población para asegurarse así nuevos nichos de mercado.
En América Latina, a pesar de que las reformas neoliberales han demostrado su fracaso para paliar las enormes desigualdades que se viven en la región [5], vuelve a argumentarse que el objetivo para poner en marcha todos estos programas de RSC es el de luchar contra la pobreza y contribuir al desarrollo. En este sentido, las multinacionales españolas ofrecen una batería de negocios inclusivos –así los llaman– con la excusa de servir como motor de desarrollo de los sectores más desfavorecidos de la población: aumento de la cobertura del servicio eléctrico en zonas rurales, capacitación de usuarios para el mantenimiento de las redes de distribución de gas y electricidad, programas de microcrédito para incluir en el sistema financiero a los estratos más bajos, comercialización de productos en comunidades con bajos ingresos, préstamos para el consumo de electrodomésticos, infraestructuras para favorecer la integración comercial, etc. Por supuesto, se trata de continuar con la explotación de los recursos naturales y con el control privado de los servicios públicos, pero ahora, en esta nueva vuelta de tuerca de lo que Harvey llama «acumulación por desposesión» [6], se busca integrar en la sociedad de consumo a millones de personas –a nivel planetario, estamos hablando de dos terceras partes de la humanidad que no forman parte de la clase consumidora– porque las empresas transnacionales necesitan continuar con sus dinámicas de crecimiento y acumulación.
En esta «perspectiva de mayores mercados» a la que se refiere el presidente del Gobierno español, resulta fundamental el rol que juegan los Estados y las instituciones multilaterales en el apoyo a las grandes corporaciones. No es de extrañar, por tanto, que la reciente cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe haya tenido como principales resultados la creación de un fondo para la construcción de infraestructuras y la firma de diferentes acuerdos comerciales [6]. En esta misma línea, justamente, se entiende la apuesta por incluir a las multinacionales como un actor central de las políticas de cooperación mediante el fomento de las alianzas público-privadas.
De los contratos de Estado al discurso del post-conflicto
Con el avance de la Responsabilidad Social Corporativa y el desarrollo de novedosos modelos empresariales de negocio, las corporaciones transnacionales se van adaptando eficazmente al contexto socioeconómico de la región: «Nos dimos cuenta de la necesidad de adaptar nuestros modelos de negocio a la especificidad de cada país», decía el que fue consejero delegado del BBVA [7]. Por eso, aunque cobran diferentes expresiones según el país donde se apliquen y los sectores a los que se dirijan, las diversas estrategias son complementarias y todas ellas responden a un mismo fin: tal y como dice el empresariado, se trata de «consolidar aún más el proceso de apertura comercial e internacionalización, facilitando la atracción de la inversión extranjera, la expansión del comercio y mejorando la competitividad y el clima de negocios» [8]. Para ilustrarlo, veamos tres ejemplos.
El primero, el caso de la ampliación del Canal de Panamá, que ha sido otorgada a un consorcio de empresas liderado por la multinacional española Sacyr Vallehermoso. Y es que, con la actual crisis del sector de la construcción por el colapso del «tsunami urbanizador» en el Estado español, qué mejor que asegurarse licitaciones para poner en marcha grandes proyectos de infraestructuras en América Latina. No resulta sorprendente, pues, que el Secretario de Estado de la Presidencia haya viajado hace poco al país centroamericano para certificar que las inversiones españolas en Panamá tienen la categoría de «contratos de Estado» [9].
Una lógica similar, pero a una escala mucho mayor, se observa en el caso de Brasil. Este país ha sido, junto con Argentina y México, el principal destino de las inversiones españolas: entre 1993 y 2006 concentró el 31,5% de ellas. Pero hoy, aprovechando las condiciones macroeconómicas y pretendiendo integrar a las clases acomodadas, se desarrolla una nueva oleada de inversiones de las transnacionales y en este año tendrá lugar la mayor entrada de capital extranjero en la historia del país. Autopistas, ferrocarriles, macropuertos, grandes centrales hidroeléctrica, etc., todas ellas enmarcadas en el Programa de Aceleración del Crecimiento impulsado por el Gobierno brasileño, que ofrece oportunidades de negocio valoradas en más de 29.000 millones de euros [10]. En este contexto, el Grupo PRISA, Telefónica e Iberdrola organizaron en mayo pasado el encuentro empresarial «Brasil: Alianza para la nueva economía global», con la presencia del presidente Lula – «Brasil es un país serio y éste es un camino sin retorno», dijo Felipe González, que clausuró la jornada afirmando que «Brasil se ha convertido en un país previsible, con reglas que respeta y hace respetar internacionalmente»-, y de los máximos directivos de dichas compañías, que anunciaron fuertes inversiones en los próximos años para ampliar su base de clientes en el país [11].
El último ejemplo es el de Colombia, el país con el conflicto armado más antiguo del continente, donde la estrategia seguida en los últimos años para atraer las inversiones ha consistido en promocionar internacionalmente una imagen de seguridad. A eso se ha dedicado intensamente el Gobierno de Álvaro Uribe en sus ocho años de mandato que ahora llegan a su fin. Y, desde un punto de vista estrictamente empresarial, podría decirse que ha tenido éxito: el país ha registrado elevados niveles de ingreso de inversión extranjera y hasta el propio presidente acaba de recibir el premio al personaje del año que otorga la Embajada española –y copatrocinan el BBVA y Planeta–, porque, según se dice en el comunicado oficial, «desde la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica, en el 2008, los dos países mantienen relaciones privilegiadas, como lo demuestra el creciente volumen de inversión española y el flujo de intercambios entre sus sociedades». Así, para consolidar y extender sus actividades en el marco de lo que se pretende configurar como la sociedad neoliberal del post-conflicto, están despuntando iniciativas empresariales que tratan de fortalecer la reputación de las «empresas responsables» y legitimar sus negocios en Colombia: por ejemplo, se están poniendo en marcha alianzas entre el capital transnacional y diversas microempresas formadas por ex-combatientes [12]. Pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan las bondades de este discurso: como afirma Aura Rodríguez, de la corporación Cactus, «mientras nuestro Gobierno dice que no existe el conflicto, que se acabó, las evidencias muestran todo lo contrario» [13].
*Pedro Ramiro es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
[1] Noya, J. (2009), La nueva imagen de España en América Latina, Tecnos y Real Instituto Elcano, Madrid.
[2] «Más del 32,7% del beneficio de las transnacionales estatales llega de América», Gara, 21 de marzo de 2010.
[3] José Luis Rodríguez Zapatero, prólogo en Béjar, R. C. (ed.) (2008), La gran apuesta, Granica, Barcelona.
[4] Hernández Zubizarreta, J. y Ramiro, P. (eds.) (2009), El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.
[5] Según la CEPAL (2008), un tercio de la población latinoamericana (182 millones de personas) vive en condiciones de pobreza y el 13% (71 millones) en la indigencia.
[6] Ramiro, P. y González, E., «De la ‘Europa Global’ a la Cumbre de los Pueblos: Enlazando alternativas frente al modelo neoliberal», Pueblos, nº 42, junio de 2010.
[7] Goirigolzarri, J. I., «BBVA: Huellas y perspectivas en América Latina», en Casilda Béjar, R. (ed.), op. cit.
[8] III Cumbre Empresarial Unión Europea-América Latina y Caribe, «Innovación y tecnología: compartiendo retos», Madrid, 17 de mayo de 2010.
[9] Noceda, M. A., «León sale de ‘cacería’», El País Negocios, 6 de junio de 2010.
[10] «Brasil llama a la inversión extranjera», El País Negocios, 21 de febrero de 2010.
[11] Suplemento especial «Invertir en Brasil: El nuevo líder, visto de cerca», El País, 16 de mayo de 2010.
[12] Pulido, A. y Ramiro,P. «La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia», Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009.
[13] Entrevista a Aura Rodríguez, Público, 20 de mayo de 2010.